«La reivindicación de una Asamblea Constituyente implica renunciar a una política que carece de la radicalidad necesaria, la de intentar remendar el cuerpo legal impuesto por el plebiscito fraudulento de 1980. Este ha sido el camino intentado por la Concertación. Esa estrategia no ha tenido éxito. Lo único que se ha obtenido con ella es introducir algunos remiendos que no tocan lo sustancial».
Un grupo de estudiantes y profesores de derecho de diversas universidades del país constituyeron en la ciudad de Talca a fines de noviembre del 2002 un movimiento cuyo objetivo es desarrollar actividades de información, estudios y propaganda cuya finalidad es exigir reformas políticas que permitan la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
No me sorprende que los medios de comunicación no hablen de esta iniciativa y que los ciudadanos podamos enterarnos de ella solo si tenemos la suerte de estar incorporados en alguna lista de correo electrónico. El estado anémico de nuestra democracia impulsa a los directores de periódicos y otros medios de comunicación a competir por la ventilación de escándalos, realizada en general con hipocresía e inequidad, en vez de informar sobre iniciativas como esta, orientadas de verdad hacia la transparencia de lo publico.
Si no fuera tan débil nuestra vitalidad política la iniciativa de este grupo de ciudadanos debería ser comentario de los editorialistas, objeto de discusión en las mesas partidarias y en los cenáculos intelectuales.
A mi entender este grupo de académicos del derecho ha realizado el gesto político más importante del año. ¿Por qué? Por dos razones de fondo. La primera es que uno de los objetivos de esta iniciativa es transformar el problema del contrato constitucional en un tema que compete al cuerpo de los ciudadanos, cuya discusión, por lo tanto, no puede estar encerrada entre las cuatro paredes de las comisiones parlamentarias o de los cuerpos representativos existentes en la actualidad.
La segunda razón es que la reivindicación de una Asamblea Constituyente implica renunciar a una política que carece de la radicalidad necesaria, la de intentar remendar el cuerpo legal impuesto por el plebiscito fraudulento de 1980. Este ha sido el camino intentado por la Concertación. Esa estrategia no ha tenido éxito. Lo único que se ha obtenido con ella es introducir algunos remiendos que no tocan lo sustancial. Incluso, después de más de doce años de transición a la democracia, no se ha logrado modificar la instituciones de los senadores no electos, las atribuciones especiales de las FFAA o el carácter injusto del régimen electoral.
Ello por una razón. Esta Constitución fue construida para impedir su cambio, de manera que la permanencia de las instituciones jurídicas que consagra haga casi imposible modificar las formas de hacer política y la estructura del modelo económico-social.
Los escándalos y corruptelas que explota con algarabía la prensa neoliberal son el efecto de un cuerpo constitucional que no favorece la transparencia de las relaciones de los partidos con sus fuentes financieras, que permite la realización de maniobras oscuras y torcidas y que favorece enriquecimientos ilícitos. Una Constitución democrática moderna debe regular con estrictez las relaciones entre política y negocios, las colusiones de los funcionarios públicos con las empresas privadas, los limites de los financiamiento privados de las campañas electorales y partidos políticos; ella debe imponer normas de probidad que aseguren que los representantes o funcionarios no aprovechen sus mandatos para transformarse, como ha ocurrido en el pasado, de simples empleados públicos en cabezas de grupos económicos privados.
Pero el valor principal de la iniciativa que comento es que ella invita a los ciudadanos a hacer suyo el tema de la elaboración de un nuevo contrato constitucional, que reemplace a aquel que nos fue impuesto por la fuerza. Esto significa una sociedad que discute como desea vivir, que finalidades se plantea, a que objetivos le otorga mayor prioridad, como quiere que sea su crecimiento económico y su desarrollo social.
La campaña por una Asamblea Constituyente está lejos de constituir una obsesión legalista. Es un llamado a pensar el futuro para después poder definir las normas jurídicas que lo regulen. El valor de la iniciativa es que no está pensada como la creación de espacios de discusión técnica de constitucionalistas. Es una invitación extendida a los ciudadanos y no la organización de un concilio tecnocrático.
El Movimiento por una Asamblea Constituyente ha elegido el nombre adecuado. Nos invita a la generación de un movimiento social que se plantea como objetivo discutir a fondo lo que queremos ser como país para concretar luego esa visión en un nuevo contrato constitucional. Nos invitan a asumir la oportunidad de refundar a Chile desde el punto de vista político, de inyectarle sangre a esta democracia anémica, la cual ha quedado en mano de políticos profesionales que han perdido la mística del servicio publico, por culpa de nuestra deserción, de nuestra indiferencia de ciudadanos.
No puedo dejar de pensar lo feliz que estaría Manuel Sanhueza, ese demócrata intransigente, con el surgimiento de este movimiento que parece inspirado en sus enseñanzas.
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