La prensa debe actuar dentro de un marco ético, asumiendo la responsabilidad de que sus contenidos pueden elevar a la cima o definitivamente hundir a una persona e incluso a su familia.
En Chile los medios de comunicación han dejado de ser meros transmisores de la verdad oficial y se han ido consolidando como agentes de control ciudadano de las autoridades, las instituciones públicas y privadas y particularmente del gobierno. En el último año, la prensa no sólo ha develado graves hechos de corrupción, también abrió el fuego contra la negligencia de la Policía de Investigaciones para desbaratar redes de pedofilia y fue el punto de partida de la crisis de la FACH y la posterior renuncia de su comandante en jefe.
Mientras a fines de los sesenta los medios se transformaron en instrumentos claves en la lucha ideológica, hoy están orientados a satisfacer la creciente demanda ciudadana de mayor transparencia, participación y el ejercicio de sus derechos. Esos roles no son un fenómeno circunstancial, ni tampoco están usurpando las atribuciones propias de otras instituciones; fiscalizar es una de sus funciones esenciales, porque la información es el más poderoso mecanismo de control del Estado.
En consecuencia, en el mundo y en particular en Chile, los ciudadanos le han asignado la confianza que antes depositaban preferentemente en otras instituciones. De acuerdo a las encuestas, ningún sector tiene mayor credibilidad en Chile que los medios de comunicación; de ahí entonces que a veces tengamos la sensación de que son ellos quienes verdaderamente marcan la pauta política y aceleran o desaceleran importantes decisiones en el país.
Si bien hemos criticado que el gobierno actúe únicamente en función de los efectos comunicacionales y de las encuestas de opinión y que se haya decido a impulsar iniciativas de probidad sólo tras ser descubierto en falta, en justicia también debemos reconocerle al mundo político su receptividad para procesar la información que entregan los medios de comunicación. Mientras en Argentina el Presidente Menem mantuvo una permanente guerra con el periodismo, desvirtuando cada una de sus denuncias e impidiendo a toda costa sus capacidades de investigación, en Chile las irregularidades se han enfrentado precisamente a partir de sus revelaciones.
Ahora bien, el carácter que han adquirido los medios informativos y el grado de influencia que ejercen en la ciudadanía les impone una serie de desafíos. Primero, para entregar información completa, objetiva y pluralista, aunque la objetividad absoluta es imposible de garantizar porque todos, fuentes, periodistas y editores, somos vulnerables, en mayor o menor grado a algún tipo de sesgo. Luego, los medios chilenos están llamados a desarrollar sus potencialidades de investigación, porque la verdad de los hechos y el control ciudadano no están dados únicamente en la denuncia, sino también en el proceso que le sigue.
Finalmente, la prensa debe actuar dentro de un marco ético, asumiendo la responsabilidad de que sus contenidos pueden elevar a la cima o definitivamente hundir a una persona e incluso a su familia, y que ese enorme poder debe tener contrapesos que protejan sus legítimos derechos. La libertad de expresión constituye un requisito fundamental de la democracia moderna, pero no puede ser usada como un pretexto para mantener una especie de embargo moral sobre determinados sectores o personajes de la vida pública.
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