La lógica del buen gobierno institucional indica que el cambio es necesario, que la eternización la termina pagando la propia institución, como sigue aún pagando el Ejército el nefasto paso de Pinochet por su jefatura máxima. ¿Por qué esa lógica no ha calzado en Investigaciones para tres gobiernos sucesivos?
Hace semanas, especialmente la última, se me ha venido a la cabeza insistentemente el nombre de John Edgar Hoover. El creador y mandamás de la Federal Bureau of Investigation, FBI, por casi 50 años (48 para ser exactos). Hoover fue el FBI, y el FBI fue Hoover por décadas. Los primeros tiempos no podían ser mejores, el organismo pasó de 400 a 14 mil agentes en muy pocos años, y de perseguir delincuentes interestatales a «anular» a todo sospechoso de pensar en modificar el «estilo de vida norteamericano», acorralando a comunistas, liberales y anti racistas.
La lista negra de muertos que se le asigna a Hoover es inmensa, pero destacan los nombres de Martín Luther King, Malcom X, Robert Kennedy y John Kennedy. Uno de sus biógrafos, Anthony Summer, asegura que en sus primeros años, Hoover estuvo motivado por un «acto de bien», pero que poco a poco su inamovilidad efectiva en el cargo -más bien él decidía quién sería o no Presidente de los Estados Unidos- y la capacidad de manejar a su antojo todos los poderes gubernamentales sobre la base del espionaje y el chantaje, lo convirtieron en el verdadero «Rey tras el trono» de Norteamérica.
Usted se preguntará a qué viene tanto recuerdo inútil. A que los doce años que lleva Nelson Mery a la cabeza de la Policía de Investigaciones, pese a toda lógica de buen gobierno institucional, hace que el riesgo de estar ante el «fenómeno Hoover» vaya más allá de ser un símil grotesco y aventurado.
Por cierto, se deben guardar las proporciones. Nadie dice que Mery haya espiado y chantajeado para seguir en la policía civil, ni menos a que haya usado el asesinato como método de acción.
El «fenómeno Hoover» en el caso chileno es riesgo de la mano del personero insustituible, y en la práctica -al igual que los comandantes en jefe- inamovible, aunque estos últimos sólo lo son por cuatro años, y por mucho que el Presidente evalúe que -por ejemplo- el general Cheyre lo ha hecho fantástico y que no ve a nadie bajo él que le pueda hacer el peso, la lógica del buen gobierno institucional indica que el cambio es necesario, que la eternización la termina pagando la propia institución, como sigue aún pagando el Ejército el nefasto paso de Pinochet por su jefatura máxima.
¿Por qué esa lógica no ha calzado en Investigaciones para tres gobiernos sucesivos?
Cubriendo la sección policial del desaparecido diario La Epoca muchas veces pensé que la salida de Mery era inminente. Lo creí cuando al poco tiempo de ser nombrado en reemplazo del general (r) Horacio Toro (caído por los Planes Halcón en 1992) la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos lo acusó de estar involucrado en la detención de varias personas en Linares, que todos ellos fueron sometidos a torturas en el regimiento local y que, al menos uno de ellos, Luis Rolando Tapia Concha, está aún desaparecido. Por ese caso Mery ha debido declarar ante la Justicia.
También pensé que Mery tenía sus días contados en 1993, cuando él mismo prometió renunciar a su cargo si se comprobaba que sus subalternos, efectivamente, habían torturado y violado a la sicóloga brasileña Tania María Cordeiro. La investigación no logró avanzar, pero para los periodistas que cubríamos el sector era un «hecho de la causa» que la tortura física y sicológica era un instrumento más que habitual al interior de los cuarteles, y que Tania Cordeiro había estado sometida a ese «trato especial».
Si bien en 1996 ya no estaba en La Epoca, seguí de cerca las alternativas que llevaron a Mery a visitar los Tribunales junto Marcelo Schilling y Oscar Carpenter, como uno de los coletazos de la serie de irregularidades en la investigación del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán. Los tres fueron procesados por la jueza Raquel Camposano, específicamente Mery por haber ocultado un video que grabó a jefes frentistas en un balneario de Colliguay. Pero más allá del detalle del video, lo que debió remover a toda la cúpula de Investigaciones fue el evidente montaje para culpar a Sergio Olea Gaona, un delincuente común, del asesinato del senador UDI.
Por eso no extraña que pese al fallo dramático de Alto Hospicio, a que hasta la fecha no se sepa dónde está el cuerpo de Jorge Matute Johns, a que no se tenga ni idea del paradero de Paul Schäfer, pese a los errores para capturar a una red de pedofilia y pese al consumo de drogas del jefe antinarcóticos de Iquique, Mery siga allí argumentando que sólo su conciencia le puede decir si irse o no, mientras sus subalternos pagan una y otra vez las culpas de mando.
Alguna vez me tocó el privilegio de visitar el segundo piso del Cuartel Central de Investigaciones, el gabinete de Nelson Mery, para entrevistarlo. Mientras esperaba me entretuve viendo las fotos de todos los directores que había tenido la policía civil. Figuran allí con sus fotografías y con los años de mandato. Son dos filas de rostros ajenos y nombres extraños. Dos filas, pero la de más abajo está incompleta, tiene un gran espacio hacia la derecha de la foto de Nelson Mery. Si al final todo el problema es por espacio para las fotografías, les puedo asegurar que queda para varias antes de que se termine el muro.
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