Colombia: ¿Impunidad para los Paramilitares? - El Mostrador

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Colombia: ¿Impunidad para los Paramilitares?

por 5 enero, 2003

En Colombia hay una legislación especial para el manejo del orden público, que entre otras funciones, otorga facultades al Presidente de la República para realizar procesos de negociación con actores del conflicto armado.

Se cumplen cinco meses de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República de Colombia. Su triunfo se debió a la promesa de lograr devolver la seguridad a los ciudadanos agobiados y hastiados con la violencia ejercida por unas guerrillas insensibles a los preceptos del derecho internacional humanitario y a unas fuerzas paramilitares desbordadas en su sevicia y violencia contra la población civil del país.



Uribe, por quien votó una ciudadanía esperanzada en cambios políticos en su anunciada lucha contra la corrupción y la politiquería, que ofreció orden con autoridad y en quien entusiastas colombianos pusieron sus esperanzas para buscar mejoras en el terreno económico y político viene mostrando coherencia principalmente en el terreno del autoritarismo, pero, no en los cambios ofrecidos.



En materia política presentó un proyecto de referendo sin proponer los verdaderos cambios en materia electoral y en el sistema de partidos que demanda la sociedad colombiana. Por el contrario, propuso un parlamento unicameral de ciento cincuenta miembros que reducía drásticamente la representación, unas circunscripciones mayoritariamente departamentales que favorecían a la aristocracia regional, y propuso mantener el financiamiento actual de la política que por esta vía sigue siendo instrumento en manos de los grandes conglomerados económicos y financieros. Es decir, lo que se propuso fue fortalecer los viejos vicios y dejar incólumes los actuales poderes.



En el campo económico reafirmó el viejo equipo neoliberal y ha propuesto una reforma con más de lo mismo: sudor y lagrimas para los de abajo sin tocar los intereses de los sectores económicos dominantes. El referendo, cuyo cuestionario de 18 preguntas fue aprobado por el parlamento colombiano en este mes de diciembre, es una colcha de retazos en que lo principal es el ajuste fiscal para reducir el salario de los trabajadores que ganan más de 618 mil pesos mensuales, es decir, un poco menos de 200 dólares; congelamiento de las pensiones superiores a 500 dólares mensuales y congelamiento de los salarios públicos superiores a los 2.700 dólares mensuales para los próximos cuatro años. El referendo incluye además la supresión de los organismos de control territoriales, las Contralorías Departamentales y Municipales y las Personerías de los municipios mayores de 100 mil habitantes.



Todas estas medidas así como la supresión de las conquistas de los trabajadores en materia de pensiones, puesto que el referendo propone un sistema único en el cual aumentan las edades para obtener la jubilación y el número de semanas cotizadas para acceder a la misma así como el establecimiento de un tope máximo de unos 2.700 dólares mensuales para las pensiones de todos los servidores públicos, son los principales contenidos de la ley que autoriza al gobierno a la convocatoria de un referendo constitucional. Esta ley tiene control previo de constitucionalidad. La Corte Constitucional abordará su examen en enero próximo y si la encuentra ajustada a la Constitución Política deberá ir a unas elecciones en las cuales debe participar por lo menos un 25% del total del censo electoral y deberá ser aprobado por lo menos por la mitad más uno de los electores. Estamos hablando de unos 6.2 millones de sufragantes y por lo menos un voto afirmativo de 3.1 de millones de Colombianos en el próximo mes de junio, aproximadamente.



El Congreso de la República, amenazado por la revocatoria y de mayoría gobiernista, aprobó además un duro ajuste fiscal que incluye una reforma tributaria, una reforma pensional y una reforma laboral. La reforma tributaria incluyó un aumento del impuesto al consumo incluyendo nuevos productos hasta ahora exentos, principalmente productos básicos de la canasta familiar y a partir del año 2005, todos los productos serán gravados con un impuesto a las ventas del 2%. La mayoría de los productos pagan en Colombia un impuesto al consumo del 16%.



La reforma pensional aumentó la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y a 62 años para los varones, aumento la contribución de los trabajadores y redujo las mesadas al 75% del promedio de salario de los últimos quince años de cotización. Entretanto, la reforma laboral disminuyó las tablas de indemnización que deben pagar los empleadores para despedir a los trabajadores que tengan una antigüedad superior a los 10 años en sus empleos, acabó con los recargos al trabajo nocturno y de los días festivos y dio grandes incentivos a los empresarios que ahora podrán disponer de los trabajadores por ocho horas en un horario de 6 de la mañana a diez de la noche sin el pago de recargos por el trabajo nocturno.



En su conjunto se trata de una reforma que sólo beneficiará a los empresarios y empleadores y que descarga la crisis en manos de los trabajadores a quienes recorta salarios, prestaciones sociales, condiciones de seguridad social, precarizando sus condiciones de vida. Todo ello ha sido hecho con la bendición y el aplauso de la ortodoxia neoliberal del Fondo Monetario Internacional.



La situación social es una bomba de tiempo en la cual se concentra la pobreza en muchas manos (más del 62% dela población colombiana se encuentra por debajo de la línea de pobreza y cerca de 9 millones de colombianos vive en la indigencia). Un desempleo creciente superior la 16% de la Población Económicamente Activa, PEA, en las principales ciudades del país, un desplazamiento forzado que no se detiene, todo ello no ha sido encarado por el nuevo mandatario con el diseño de nuevas políticas, por el contrario, sigue recurriendo a las políticas del neoliberalismo, el monetarismo y la dependencia de las políticas del Fondo Monetario y de la Banca Multilateral. Al mismo tiempo se profundiza el modelo autoritario y de restricción de las libertades civiles sobre todo en aquellas regiones afectadas por el conflicto armado.



¿Impunidad?



En Colombia hay una legislación especial para el manejo del orden público, que entre otras funciones, otorga facultades al Presidente de la República para realizar procesos de negociación con actores del conflicto armado. Esta legislación sirvió en el pasado para negociar con los carteles del narcotráfico y con los grupos insurgentes. A los carteles del narcotráfico se les ofreció en su momento una política de sometimiento a la justicia, en la cual, a cambio de su entrega y de la confesión de algunos de sus delitos, el Estado ofreció condenas blandas y rebajas significativas en el cumplimiento de las mismas. Esto es lo que explica que Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del llamado cartel de Cali, haya terminado en la cárcel solo ocho años a pesar de su trayectoria delincuencial.



En este mes de diciembre el Congreso de la República aprobó una nueva ley de orden público, la 720 de 2002, mediante la cual se reformó la ley 418 de 1997 y se prorrogó su vigencia hasta el año 2006. La innovación principal es que esta ley abre el camino para una negociación con los grupos paramilitares.



En el marco jurídico anterior sólo había dos figuras, el sometimiento a la justicia para todos los actores armados a quienes no se les reconoce por el gobierno su carácter político y los agrupamientos a quienes el Estado les reconoce un estatus político, es decir, a los grupos guerrilleros. Ahora en la ley 720 no se exige como prerrequisito el reconocimiento de estatus político a los grupos armados para negociar con ellos.



La ley se dirige sin ninguna duda a facilitar el proceso de negociación con los grupos paramilitares creados y financiados por los terratenientes y ganaderos y en buena parte cohonestados y protegidos por sectores de las Fuerzas Armadas Gubernamentales como ha quedado evidenciado en las innumerables denuncias y procesos contra oficiales en ejercicio de las fuerzas armadas en causas criminales por masacres dirigidas contra la población civil. Un nuevo marco legal para negociar con los paramilitares, esto quedó corroborado el mismo día de promulgada la ley cuando el gobierno designó una comisión de seis integrantes para iniciar la negociación con los grupos paramilitares bajo la coordinación de Luis Carlos Restrepo, Consejero Presidencial de Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.



Esta negociación no es un exabrupto si se mira bien en el contexto colombiano y más específicamente en la estrategia militar del Presidente Uribe. Con su triunfo y con su política de mano dura, de seguridad autoritaria, el espacio político de las autodefensas, es decir, de los grupos paramilitares, se agotó. Estos grupos recabaron apoyo denunciando el carácter laxo y entreguista de los gobiernos a las guerrillas. Obtuvieron apoyo político y económico de los terratenientes expoliados por los impuestos, los secuestros y las extorsiones de los grupos guerrilleros; ofrecieron seguridad a cambio de apoyo económico.



A las Fuerzas Armadas ofrecieron realizar el trabajo sucio y a fe que lo realizaron en amplias regiones del país mediante el uso criminal de la violencia contra dirigentes sociales, líderes sindicales, dirigentes de izquierda, de quienes ellos presumían que eran una base de apoyo de las guerrillas. Acabar con el agua que permite la vida de los peces, recomendaba el manual contrainsurgente conocido como Santa Fe II, aplicado con todo rigor en la guerra centroamericana. Aquí también se aplicó durante los últimos quince años dejando como resultado decenas de miles de muertos y dejando debilitado el movimiento social de los campesinos, de los indígenas y de los trabajadores.



Con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad autoritaria por parte de Uribe así como con el cobro de nuevos impuestos para aumentar el pie de fuerza, con el uso de mecanismos como los estados de excepción, con la restricción de libertades civiles y políticas, con los proyectos presentados para entregar funciones de policía judicial a las Fuerzas Armadas y con una Fiscalía y una Procuraduría completamente sumisas y al servicio de la guerra, los paramilitares se convierten en un problema más que en una oportunidad. En efecto, problema porque para mantener sus elevados costos como ejército contrainsurgente de la extrema derecha los paramilitares han recurrido al narcotráfico. Diversos analistas señalan que aproximadamente un 80% del financiamiento de los paramilitares proviene del narcotráfico. Estos grupos, según el propio Carlos Castaño, jefe político de los mismos, se vienen degradando por su vinculación a esta actividad.



Se trata de un ejército profesional de cerca de 10 mil hombres que demanda unos recursos económicos de sostenimiento muy apreciables que ya no son suministrados principalmente por sus organizadores, terratenientes y empresarios, ahora se trata de un ejército financiado con el impuesto que cobran a los campesinos por el cultivo de coca o amapola, ingresos por el procesamiento y tráfico de cocaína y heroína con destino a los países del norte desarrollados. Esto choca con la política antidrogas de los Estados Unidos y por supuesto aunque hay excepciones como los nexos en el caso Irán-Contras en Nicaragua, en el caso colombiano son muy peligrosos los nexos con grupos como los paramilitares de Castaño comprometidos en miles de delitos de lesa humanidad que podrán ser competencia de la Corte Penal Internacional en el futuro próximo.



El espacio político de los paramilitares lo ha venido a llenar el propio proyecto político y militar de Uribe. Para qué grupos de autodefensa si legalmente se ha establecido la figura de los soldados campesinos, es decir, campesinos que durante el día actúan como combatientes regulares y en la noche regresan a sus casas y ahora pagados con recursos del erario público; para qué grupos de autodefensa si ahora legalmente y pagado con recursos del erario público se financia una red de informantes dotados de equipos de comunicación para que denuncien a sus vecinos y a todos los sospechosos de colaborar con las guerrillas; para qué grupos paramilitares si ahora, mediante un decreto del 27 de diciembre, los 160.000 hombres y mujeres de las compañías de seguridad privadas tendrán que convertirse por fuerza de ley en informantes y en colaboradores armados de las Fuerzas Armadas y de Policía, los paramilitares vienen a sobrar en un Estado Policía, en un Estado Gendarme...por ello es imperativo una negociación con los paramilitares de extrema derecha.



Pero el camino de la negociación no será de rosas sino de espinas por varias razones. En primer lugar se encuentra el escollo constitucional sobre la naturaleza y el carácter de estos grupos criminales. La Constitución Política Colombiana, fiel a la tradición democrática y al derecho internacional Humanitario, solo reconoce como actores políticos a los grupos armados que se levantan en contra del sistema existente y que buscan un cambio o transformación revolucionaria de las instituciones vigentes. No es el mismo tratamiento el que se da a actores armados que mediante el uso de la fuerza, de las armas, buscan a toda costa mantener el régimen vigente y defenderlo recurriendo para ello a las masacres, a la violación masiva y sistemática de los derechos de la población civil. Para estos grupos criminales vale una política como la aplicada contra los narcotraficantes y terroristas del cartel de Medellín: el sometimiento a la justicia y cuanto más la negociación de penas, pero no el perdón y olvido o algo así como las leyes de punto final, que son la pesadilla actual de los Pinochet, los Videla y demás dictadores de los regímenes y las dictaduras militares del cono sur del continente.



Un segundo escollo grande es el de la justicia internacional. Ahora, con la vigencia aunque limitada de la Corte Penal Internacional, es posible que los miles de crímenes de los paramilitares puedan ser llevados a este Tribunal. La justicia colombiana tendrá que actuar porque si ella permite la impunidad brindará una oportunidad para la actuación de la Corte Penal Internacional dado que Colombia es uno de los Estados signatarios del tratado que dio vida al Tribunal.



Un tercer problema en el proceso será la postura del Departamento de Estado Norteamericano. Hasta ahora el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha incluido a los paramilitares en el listado de los grupos terroristas y ha solicitado en extradición a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, dos de los máximos líderes del paramilitarismo, por delitos relacionados con narcotráfico y por terrorismo, según las declaraciones del Presidente, George Bush. Este es a nuestro juicio un escollo menor, puesto que la doble moral de los norteamericanos siempre juega y sus intereses están por encima de aditamentos como los Derechos Humanos. Las recientes denuncias sobre las torturas a los presos acusados se pertenecer a las redes de Bin Laden son una muestra fehaciente de lo que afirmamos.



En la propia opinión pública colombiana se agita el tema. Diversos editorialistas advierten sobre los riesgos del proceso y se interrogan sobre las denuncias de si las bases de los paramilitares irán a parar a las brigadas de soldados campesinos o a las redes de informantes. El verdadero peligro de este proceso está en la impunidad y en la no reparación de las víctimas. Como hemos dicho nadie se opone en Colombia a un proceso de sometimiento a la justicia e incluso a una eventual negociación de penas, a lo que nos oponemos es a la impunidad y a la incorporación de parte de éstos criminales a servicios de inteligencia del Estado o su incorporación a las redes de informantes o a los contingentes de soldados campesinos.



* Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, Colombia



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