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Imaginativas plusvalías territoriales

Un reservado grupúsculo público-privado está creando riqueza virtual que servirá para mejorar sustantivamente las garantías que mantienen algunos en el sistema bancario, con lo cual se harán acreedores a nuevos y mayores préstamos, capitales que financiarán diversas actividades.


Dentro del depredador neoliberalismo imperante, el Gobierno está impulsando la ampliación del territorio urbano en la región metropolitana con la «chiva» de que, al aumentarse significativamente la oferta disponible de suelo, éste se va a transar en menores valores que los actuales, con lo cual las viviendas serán más baratas. Los argumentos que se han tenido a la vista para impeler la expansión, a más del doble de la superficie actual, son -entre otros- «los aumentos en la movilidad de las personas y empresas, el dinamismo económico que muestra la región y el creciente ingreso de sus habitantes» (sic), vale decir, consideraciones de corte coyuntural y discutibles, por lo demás.



Hemos escuchado de parte de la autoridad que hay 6.000 millones de dólares que se desean invertir en actividades inmobiliarias tan pronto se apruebe el cambio y que ello significará reducir en gran medida la desocupación que nos aqueja.



La planificación por zonas vigente sería reemplazada por la planificación por condiciones y para ello se desea incorporar en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) el concepto de Desarrollos Urbanos Condicionados, los cuales se ejecutarían fuera de los límites urbanos, en terrenos de 300 has. de aptitud silvoagropecuaria, muchos de ellos de óptima calidad agrícola, de acuerdo a la información técnica que entregaron los servicios públicos dependientes del Ministerio de Agricultura. Se supone que 30.000 personas vivirán en cada una de estas ciudadelas, las que no contemplan -ni por asomo- la variable empleo para sus residentes.



El elemento central que esgrime la autoridad para impulsar esta iniciativa es que, con la implantación de instrumentos de regulación flexibles, se logrará la ansiada correcta asignación de recursos, porque cada proyecto contempla la internalización de sus costos: todas las obras de infraestructuras y equipamientos urbanos serán garantizadas por el titular de cada proyecto. Más aún, las acciones de mitigación y reparación de impactos negativos de todo orden serán también de su cargo y para tal efecto se firmarán convenios -caso a caso- con el ministerio de vivienda y urbanismo.



Lo que no se ha dicho es que las garantías enunciadas no son reales, con lo cual se posibilitarán los «errores administrativos» tan recurrentes en nuestro país. La aprobación final de cada proyecto recaerá en la persona que ejerza como seremi de vivienda y urbanismo, el cual, lógicamente, procederá con discrecionalidad cuando tenga que exigir las «condiciones» a los solicitantes.



Tampoco se ha dado a conocer el nombre y las atribuciones de la autoridad que actuará como árbitro, ya que las negociaciones previstas serán fuente de discrepancias y conflictos con otras instituciones públicas y con organizaciones ciudadanas.



Ahora bien, en la revista Qué Pasa se informó que el ministro Ravinet estaría haciendo lobby ante los 6 partidos políticos que tienen representación parlamentaria (DC, PPD, PS, PRSD, UDI y RN) para que sus directivas instruyeran a sus delegados en el CORE (consejo regional), cómo votar próximamente esta gravitante modificación al PRMS. Recordemos que esta instancia colegiada metropolitana está conformada por 26 consejeros regionales, 14 de gobierno y 12 de oposición, los cuales mayoritariamente votan de acuerdo a lo que deciden sus tiendas políticas.



En vista de lo anterior, con fecha 23 de Diciembre de 2002, nos dirigimos por escrito a los presidentes de estos 6 partidos políticos, haciéndoles notar que, si se habían reunido efectivamente con Ravinet para analizar la materia en discusión, era conveniente que escucharan la otra visión de los hechos para que así, sopesando ambas posiciones, pudieran decidir pensando en el bien común de la ciudad. A la fecha, ninguno de estos partidos se ha interesado en el asunto.



En todo caso y dado que no tenemos certeza, en cuanto a lo que aconteció con la sugerencia que le hicimos a tales líderes políticos, sólo cabe esperar la decisión que tomará el CORE en el transcurso de este caluroso mes de Enero del 2003, época propicia para decidir este tipo de asuntos, que siendo públicos, han sido manejados con inusitado ocultismo.



Por nuestra parte estimamos que una materia tan trascendente como la expuesta, no debería tratarse a nivel de resoluciones administrativas locales, sino a través de leyes, tal como lo han exigido todos los colegios profesionales vinculados al tema, partiendo por el Colegio de Arquitectos, el cual derechamente se opone a la modificación ad portas, por razones ya dadas a conocer a la opinión pública vía los diferentes medios de prensa.



Teniéndose en cuenta que no hay mercado comprador para esas alejadas viviendas, concluimos que la fértil imaginación de los mandarines de turno encontró el procedimiento justo para establecer prosperidad económica focalizada. Con el cambio en las reglas del juego afloran las manos invisibles de algunos «consultores» que ya están diseñando monitos que originarán nuevos negocios de papel, ya que el suelo urbano tiene un valor bastante más alto que la tierra agrícola y ésto lo saben muy bien los bancos, conocedores de la especulación y sus buenos resultados en el corto plazo.



Un reservado grupúsculo público-privado está creando riqueza virtual que servirá para mejorar sustantivamente las garantías que mantienen algunos en el sistema bancario, con lo cual se harán acreedores a nuevos y mayores préstamos, capitales que financiarán diversas actividades. En síntesis, reconocemos que, en este mundo de fantasías y manipulaciones, se encontró una sutil fórmula para aumentar el valor de ciertos activos inmuebles, con todos los beneficios implícitos y derivados para sus propietarios.



Y así se desenvuelve el oportunista sistema político de la transición convenida entre las cúpulas partidarias de uno y otro signo.



(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».



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