Con la nueva fórmula de cálculo las empresas eléctricas debieran compensar por alrededor de 2 millones de dólares a los 3 millones de usuarios del Sistema Interconectado Central en lugar de 18 millones de dólares, como eran las previsiones en el caso de que se aplicara la normativa vigente.
En los últimos meses nos ha tocado sufrir dos apagones que han afectado varias regiones del país. En ambas ocasiones se ha tratado de fallas en líneas de transmisión. La información que se ha entregado a la opinión pública no pasa más allá de indicar la ubicación de la línea y que la Superintendencia ha ordenado una investigación.
Pero vale la pena ahondar un poco en este tema: En primer lugar es válido señalar que es normal que los elementos de los sistemas eléctricos, tales como líneas, transformadores, unidades de generación, fallen. Lo anormal es que si uno de estos elementos falla, se corte el suministro en varias regiones.
Para evitar estas catástrofes existen disposiciones reglamentarias que los integrantes de los sistemas eléctricos deben cumplir, como el denominado «criterio n-1», dictadas durante el periodo de gobierno del presidente Frei. Esta disposición obliga a las empresa eléctricas agrupadas en el denominado Centro de Despacho Económico de Carga a que si un elemento substancial del sistema falla, el resto del sistema debe ser capaz de soportar la carga que ese elemento soportaba.
Conclusión: si se respetara esta disposición, los cortes de los últimos meses no se habrían producido. La pregunta es: ¿por qué no se respeta? Me atrevo a esbozar una respuesta. Las señales de la autoridad en este sentido han ido en el sentido de atenuar o eliminar los costos que para las empresas eléctricas puedan tener estos hechos.
Así, por ejemplo, y como lo mencionara en una columna anterior en El Mostrador.cl, el 28 de noviembre pasado, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía anunciaba la pronta firma por parte del Presidente de la República, de un decreto reglamentario que, entre sus principales contenidos, disminuye drásticamente las compensaciones a los usuarios en caso de racionamientos y en el caso de bajas de voltaje no serán compensados.
Es más, hoy día hay juicios pendientes en los tribunales por las compensaciones que debieron pagarse por los cortes ocurridos durante la crisis del 98-99.
Con la nueva fórmula de cálculo las empresas eléctricas debieran compensar por alrededor de 2 millones de dólares a los 3 millones de usuarios del Sistema Interconectado Central en lugar de 18 millones de dólares, como eran las previsiones en el caso de que se aplicara la normativa vigente. Es obvio que con señales como esta las empresas eléctricas pueden sentirse muy relajadas respecto a preservar la seguridad de los sistemas en que operan.
Como dice el adagio popular : La culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho.
(*) ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía
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