Conflictos de intereses: democracia débil - El Mostrador

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Conflictos de intereses: democracia débil

por 29 enero, 2003

Nuestra Constitución ha establecido el sistema democrático como forma de gobierno y, a la vez, radica la soberanía en la nación, es decir, dispone que "el Estado está al servicio de la persona humana".

El tema de "los conflictos de intereses", al igual que otros que debilitan, en definitiva, el sistema democrático como forma de gobierno (tales como la corrupción, el nepotismo, entre otros), nos lleva a hablar sobre la importancia de la transparencia en la gestión de la función pública y de la participación ciudadana en los actos públicos.



Nuestra Constitución ha establecido el sistema democrático como forma de gobierno y, a la vez, radica la soberanía en la nación, es decir, dispone que "el Estado está al servicio de la persona humana". Sin embargo, esta premisa fundamental, de la que se derivan los derechos que la misma Constitución ampara, se pone en cuestión cuando los funcionarios públicos actúan en beneficio de sus propios intereses, imponiéndolos por sobre el bien común.



Ya bastante se ha escrito sobre la forma de frenar los actos que atentan contra el sistema democrático. Desde adentro se hace necesaria la implementación de códigos de ética y la creación de los mecanismos necesarios y efectivos tendientes a transparentar la función de gobierno. Asimismo, es necesario y complementario de la transparencia de la gestión pública, la participación activa de la sociedad a través del control de los actos de gobierno.



La publicidad, que es una consecuencia de lo anterior, funciona como una vía de control que pueden ejercer los ciudadanos, lo que comienza a ser entendido incluso por nuestros tribunales de justicia. Un ejemplo son las sentencias del año 2001 en primera y segunda instancia, en una causa de Fundación Terram en contra de la Conaf, en que reconocen que "la labor fiscalizadora de los privados representa una ayuda en la consecución de los fines del Estado y es, además, una consecuencia del proceso de atomización de éste, proceso en el cual necesariamente se delega atribuciones en corporaciones".



Se establece, además, que no puede entenderse que la intrusión de privados en este ámbito pueda dar pábulo a obstáculos a la acción fiscalizadora de la Conaf. El fallo de segunda instancia, es aún más explícito, en cuanto establece que "la omisión de la Conaf de entregar los antecedentes solicitados por Fundación Terram vulnera el legítimo ejercicio del control social sobre los agentes del Estado y la esfera pública tratándose de asuntos en que tienen como fundamentos el interés de la comunidad".



La anterior jurisprudencia confirma que en Chile impera el principio de la transparencia en la gestión pública, que a su vez protege y fortalece nuestro sistema democrático. Sin embargo, es necesario decir que el ejercicio del derecho de acceso a la información a que da origen el principio de transparencia, se está haciendo valer por la ciudadanía desde hace poco. Sólo en diciembre de 1999, con la entrada en vigencia de la ley sobre probidad administrativa, se reguló en forma positiva el ejercicio de este derecho fundamental para la mantención de la confianza en el sistema democrático como forma de gobierno.



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(*) Directora del Área Jurídica de la Fundación Terram.

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