El Presidente Ricardo Lagos, recientemente, retiró la urgencia al proyecto de ley que pone fin la figura del desacato. Esta lamentable decisión, representa un importante retroceso para el país en materia de libertad de expresión e igualdad de todos ante la ley.
El desacato tiene una larga historia, habiéndose promulgado en tiempos del Imperio Romano para defender el honor y dignidad del emperador, estas leyes, posteriormente, se arraigaron en América Latina bajo el concepto ancestral del derecho divino, atribuido a los reyes, por el cual, los monarcas no podían equivocarse, ni menos ser criticados por el pueblo. En nuestro país, estas normas anacrónicas aún se encuentran vigentes en los artículos 263, 264, 265, del Código Penal; y los artículos 276, 284, 416 y 417 del Código de Justicia Militar.
Básicamente, el desacato penaliza severamente la expresión crítica dirigida a un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales. Somos la única nación del hemisferio occidental que tipifica las expresiones críticas hacia las autoridades, como un atentado contra el orden público y a la seguridad del Estado.
Hoy, unos 350 funcionarios públicos, disfrutan de esta protección especial y privilegiada no disponible para el resto de los ciudadanos. Entre los beneficiados están todos los Parlamentarios, los Ministros de Estado, los miembros de la Corte Suprema y el Presidente de la República.
Los funcionarios públicos, especialmente los legisladores, deberían comprender que la libertad de expresión no se pone a prueba cuando lo que se dice de ellos agrada y llena su ego de satisfacción. La libertad de expresión realmente se mide cuando somos capaces de tolerar todas las expresiones, incluso aquellas divergentes que parecen injustas, ofensivas y dolorosas. En general, nuestra «clase política» a dado pocas muestras de aprecio a este principio.
No existen las libertades absolutas -ni siquiera la libertad de expresión- por lo tanto, toda persona tiene derecho a proteger su honor y dignidad, para lo cual existen las figuras de injurias y calumnias que otorgan la debida protección a todos por igual. En consecuencia, mantener leyes especiales para proteger la honra de los funcionarios públicos, les otorga un privilegio del que no disponen los demás integrantes de la sociedad.
El presidente Lagos al fundamentar la iniciativa que deroga el desacato señala: «No cabe duda que la persistencia de estas normas en Chile ha derivado en un privilegio sin fundamento establecido en favor de ciertas personas, contrario a la declaración contenida en el artículo 1° de la Constitución Política de 1980 que consagra la igualdad de las personas en dignidad y derechos (…) la existencia de estas normas no resulta coherente con el funcionamiento de un estado democrático moderno. No parece razonable que se otorgue a ciertos funcionarios públicos un derecho injustificado a la protección del que no gozan los demás miembros de la sociedad. Sobre todo, considerando que quienes desarrollan tareas de decisión y conducción política deben estar sujetos a un control ciudadano que se podría ver inhibido frente a la mayor severidad de las normas que sancionan el desacato».
De hecho, no existe mejor forma de combatir la corrupción que contar con plena libertad de expresión. Hoy el país, sencillamente ya no tolera los ocultamientos, la falta de transparencia ni los abusos de poder por parte de funcionarios públicos.
Hoy más que nunca, La Moneda debería apostar todas sus fichas a favor de la agenda pro modernización del Estado, fomentando la transparencia y probidad publica. El solo hecho de ampliar la libertad de expresión y terminar con la protección y privilegios injustificados para unos pocos, seria un verdadero paso adelante en este sentido.
La decisión del gobierno, que revocar la urgencia al proyecto sobre el desacato, no solo daña seriamente su propia credibilidad frente a la ciudadanía, sino que también daña la imagen de Chile frente a la comunidad internacional.
Es una lástima que sea el propio propulsor de la ley que elimina el desacato, quien hoy martille el último clavo de su propio ataúd.
* Miembro Comité Pro-Defensa Ciudadana.
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