Con ocasión de la puesta en marcha del Plan Regulador Comunal de Las Condes en 1995, las autoridades de la época, en un rasgo de «buena voluntad» con unos promotores inmobiliarios que habían comprado años antes a EMOS (propiedad del Estado) la ladera norponiente del cerro San Luis, les entregaron -sin que se evidenciara con claridad- normas de edificación en altura en un sector determinado de dicha área verde.
Es decir, el ex alcalde Joaquín Lavín y los concejales que lo acompañaban, desconocieron que este cerro forma parte del patrimonio natural de la ciudad, igual que el cerro Santa Lucía o el cerro San Cristóbal. Luego, se da la paradoja que estos 2 últimos hitos geográficos han sido preservados con esmero por sus distintos ediles a través de los años y se «chacreó» el que está localizado en la comuna más rica del país, en donde residen la mayoría de los que ejercen el poder político y el poder económico de la nación.
El funcionario de la dirección de obras que determinó las condiciones y decidió cuál era la zona específica de la ladera en donde se podían hacer negocios inmobiliarios ya no ejerce en esa municipalidad. Ahora, se desempeña a plenitud como técnico proyectista en el grupo de empresas de aquellos que fueron favorecidos con las decisiones de las autoridades municipales de Las Condes.
Y así fue como en este instrumento urbanístico (PRC-LC-95) se establecieron 2 normas para el área que nos interesa: 1) la E-e3 denominada Edificación Especial NÅŸ 3 (Parques Intercomunales) en donde se señala que una parte del cerro San Luis integra la tipología de los cerros islas de esta región y 2) la Eam4 denominada Edificación Aislada Media NÅŸ 4 en donde se establece que otra parte del cerro puede acoger la construcción de viviendas unifamiliares con alturas máximas de 3 pisos y con parámetros de edificación bastante restrictivos. Lo anterior, en la práctica significa que las eventuales construcciones se tenían que hacer respetando la naturalidad topográfica del aludido patrimonio comunal y por ello con gran pompa esta área de edificación se llamó «Cerro San Luis».
Pero como nada se puede hacer bien para ser coherentes con el interés colectivo de los ciudadanos, de contrabando se incluyó la «trampita» y así fue como se incorporó una regla excepcional que permite además proyectos de densificación que deben cumplir con una serie de reglas abismantemente permisivas: entre otras, se pueden construir edificios en el cerro con altura libre hasta que lleguen sobre los 10 metros más arriba de su cima (Ä„!). Sí, aunque el lector no lo crea.
Cuando se iniciaron las faenas para extraer los árboles y desmontar la ladera, los vecinos espontáneamente se organizaron en defensa de su entorno y así fue cómo, después de mucho bregar, consiguieron ser recibidos por el alcalde, quien -muy suelto de cuerpo- les manifestó que todo el proceso destructivo era «legal» y que él no podía hacer nada para detener la depredación en comento.
Los mercaderes propietarios del sector que se está arruinando ambientalmente, tienen en carpeta 3 permisos de edificación para hacer de las suyas en la ladera del cerro. Dos de ellos corresponden a torres habitacionales de 15 pisos c/u otorgados en 1993 y el otro, que se está otorgando en estos días, le permite construir una torre más alta de 21 pisos. Los accesos a estas moles de cemento serían por la angosta calle Luz, arteria vecinal colapsada porque su calzada es de escasos 7 metros. Esto lo saben los «técnicos» municipales y a pesar de ello no existen los «Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano» que mide los efectos en la red vial básica y exige las medidas de mitigación a los titulares de los proyectos inmobiliarios que hacen aumentar los flujos vehiculares.
Tampoco se conocen los «Estudios de Impacto Ambiental», a pesar de las modificaciones en el paisaje de la zona y la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los residentes perjudicados con esta contraproducente intervención. Hoy en día y de acuerdo a lo que nos informan los vecinos, la contaminación acústica y de polvo excede todas las medidas imaginables y el municipio, con su característica abulia funcionaria, insiste en que todo es «legal» y transitorio.
El alcalde y sus asesores saben que los permisos de construcción otorgados en 1993 (Ä„10 años atrás!) están caducados, ya que ellos duran solamente 3 años y nunca comenzaron a hacerse las excavaciones contempladas en los planos de los proyectos. Más aún, sabemos que estos permisos sufrieron variaciones sustantivas, razón por la cual la autoridad competente tiene la obligación de declarar su caducidad, tal como se expresa con meridiana claridad en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Teniéndose en cuenta que nos enfrentamos a un evidente daño ambiental de proporciones, se han entregado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que éste, de acuerdo a sus atribuciones, ejerza las acciones que correspondan para evitar la consumación del perjuicio ocasionado a la comunidad.
Cuando en un país no se respetan los patrimonios históricos y cuando no se promueve -desde el Estado- la memoria colectiva y la honra de nuestras tradiciones, seguramente nos vamos a transformar en unos años más en un país de pacotilla en donde su único objetivo será transformar la naturaleza en bienes transables que generan intercambios monetarios. Ser esclavo del crecimiento económico ilimitado y vivir pendientes de las variaciones de los índices financieros es una patología que aún se puede tratar y para ello es necesario tener autoridades más humanistas y que piensen en el largo plazo.
Lo que sí está claro es que los mandamases de Las Condes son personas incapaces de equilibrar los intereses individuales de los negociantes inmobiliarios con los intereses colectivos de sus vecinos. Ellos, con desenfado, se inclinan por los primeros y por tal motivo afirman con cara de inocentes que la destrucción del cerro es «legal».
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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