Es del todo inapropiado plantear que una flexibilización responsable y controlada de la política fiscal ante una situación de crisis y pobreza produzca un descalabro en la credibilidad fiscal del país.
En Chile ya no constituye novedad el que las autoridades económicas y el gobierno de Ricardo Lagos coincidan con la Sofofa y la Confederación de la Producción y del Comercio, así como con los principales institutos de investigación de la derecha, en la necesidad de enfrentar la difícil situación económica y el desafío del desarrollo país, con un enfoque claramente conservador y monetarista.
El ministro de Hacienda inició su gestión con el compromiso de reactivar la economía, recuperar el crecimiento económico de los años ’90 y crear más de 150 mil empleos. Para ello se propuso como gran instrumento poner las finanzas públicas en orden, es decir, comprometió al país a observar estricta y rigurosamente la regla del superávit estructural del 1 por ciento.
En concreto esto se materializó en pasar de un déficit fiscal del -1,5% en 1999 a un leve superávit del 0,1% en el año 2000, junto con un pequeño déficit de -0,3% para el año 2001 y del -0,6% proyectado para el 2002. Aunque parezca curioso, la regla del superávit estructural del 1% permite, en situaciones recesivas como la que actualmente enfrenta la economía chilena, la existencia de un cierto nivel de déficit fiscal efectivo, puesto que el compromiso de Hacienda es generar un ahorro fiscal de largo plazo en torno al 1%. Es decir, la regla compromete al Estado a no gastar por sobre los ingresos de largo plazo del fisco.
El argumento central del ministro de Hacienda que justifica esta política fiscal restrictiva reside en permitir mayor espacio a una política monetaria expansiva vía rebaja de la tasa de interés que rige al mercado. Al mismo tiempo, para las autoridades de Hacienda esta austeridad fiscal supuestamente aumentaría la credibilidad de las autoridades económicas, lo que debería verse reflejado en una baja en el riesgo rating-país de Chile y, en consecuencia, en un financiamiento menos costoso para proyectos de inversión privados y para el financiamiento adicional del Estado.
El cuestionamiento de la política económica del gobierno ha sido refutado por las autoridades pertinentes y también por la derecha, en primer lugar, porque cualquier aumento en el gasto público por sobre la regla del superávit estructural haría subir la tasa de interés en el mercado chileno, haciendo bajar el precio del dólar y, en consecuencia, reduciendo las exportaciones que han sido el motor del modelo de desarrollo chileno en los últimos años; y en segundo lugar, porque haría perder credibilidad a las autoridades frente a los inversionistas extranjeros aumentando el riesgo país, lo que se traduciría en un mayor costo de financiamiento externo.
Al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de esperar el impacto de la política monetaria, así como en el impacto de la política fiscal que, contrariamente a lo que plantean sus críticos, lejos de ser contractiva, dado el déficit efectivo que permite en situaciones de crisis, sería claramente contracíclica, es decir, contribuiría a incrementar el gasto global de la economía contribuyendo a la reactivación.
No obstante, y como no hay verdades reveladas en el conocimiento humano y menos aún en materia de política económica, existen algunos puntos que sería conveniente aportar a la discusión:
1 Aunque la regla del superávit estructural del 1% permite, en situaciones recesivas como la que actualmente enfrenta la economía chilena, la existencia de un cierto nivel de déficit fiscal efectivo, puesto que el compromiso de Hacienda es generar un ahorro fiscal de largo plazo en torno al 1%, esto no quiere decir que dicha regla -por más contracíclica que sea- contribuya eficazmente a recuperar la economía. Efectivamente una gota de agua es agua, pero eso no quiere decir que al dejarla caer sobre el mar haga subir la marea.
El gasto fiscal hoy es considerablemente más bajo en Chile del que muestran en promedio los países de alto desarrollo. Cuando un país quiere desarrollarse, debe tomar en serio este desafío y gastar más en educación, salud, infraestructura e investigación. El mercado hace esto de manera deficiente y en función de la democracia del dinero. Así lo han entendido países como Estados Unidos, Alemania y Suecia, entre otros.
2 La política monetaria ha sido claramente ineficaz para producir un repunte de la economía. Esto se ha reflejado en una acción tardía por parte de las autoridades monetarias para bajar la tasa de interés. Posteriormente, cuando al fin el Banco Central acepta bajar la tasa, ésta no fue traspasada a las pequeñas y medianas empresas -que emplean al 80% de los trabajadores- y en definitiva la gran beneficiada con tal medida ha sido la banca, en parte importante debido a la falta de competencia en el sector financiero.
3 Chile cuenta en la actualidad con una de las más bajas clasificaciones de riesgo país dentro de las naciones emergentes. No obstante, esto no se ha traducido en un mayor flujo de inversiones en los últimos años, a pesar que Chile tiene acceso a un costo de financiamiento privilegiado.
Es del todo inapropiado plantear que una flexibilización responsable y controlada de la política fiscal ante una situación de crisis y pobreza produzca un descalabro en la credibilidad fiscal del país. Quienes así argumentan están recurriendo exclusivamente al mecanismo psicológico del miedo para inhabilitar cualquier cuestionamiento a sus decisiones, lo que no es honesto ni responsable.
4 El planteamiento de la ineficacia del gasto público para reactivar la economía solamente es correcto si efectivamente nuestra economía estuviera plenamente globalizada y abierta al mercado externo. En estricto rigor, la pequeña y mediana empresa que es la que realmente da trabajo en Chile, prácticamente se encuentra aislada de los mercados internacionales altamente desarrollados y presenta escasos eslabonamientos con el sector exportador. En consecuencia, difícilmente las fluctuaciones en el precio del dólar le podrían afectar significativamente.
Por tanto, un mayor gasto público orientado a generar demanda para estas empresas sí tendría un efecto reactivador del empleo, al dinamizar el mercado para las Pymes. Asimismo, un eventual mayor costo del crédito debido al incremento del gasto fiscal, no las afectaría mayormente, dado que, de todas maneras no tiene acceso a fondos prestables en el actual modelo de desarrollo.
Aunque el análisis del Ministerio de Hacienda fuera correcto, en el sentido de que el gasto público no incrementaría la demanda global de la economía porque reduciría las exportaciones, un mayor gasto público que mejore las posibilidades de negocios de la pequeña y mediana empresa sería igualmente beneficioso, pues modificaría la estructura de las ventas globales: por una parte, disminuiría exportaciones que no dan empleos de manera significativa ni pagan salarios dignos, y por la otra, aumentaría las ventas de un sector productivo -las Pymes- que le dan empleo a la mayoría de los trabajadores chilenos.
De esta manera probablemente sigamos creciendo al 3% anual, pero con tasas de desocupación mucho más bajas que el 10%.
5 No existe ningún antecedente técnico que justifique una regla del superávit estructural del 1%. Esta regla es una restricción autoimpuesta, sin fundamento específico. ¿Cuál es la justificación técnica, teórica o política para un superávit del 1% versus un 2%, o de un equilibrio estructural de cero por ciento de déficit/superavit o de un déficit efectivo del 1,5% como indica el criterio europeo de Maastricht?
Un gasto fiscal restrictivo, así como la existencia de capacidad ociosa en la economía, implica enormes costos para todos los chilenos y especialmente para los de menores recursos, haciendo muy difícil que se cumpla el compromiso del Presidente Lagos de llegar a un país desarrollado en el 2010. Por lo tanto, se requiere una discusión seria y técnicamente sustentada, pero a partir de una observación de la realidad y no de modelos teóricos.
También es necesaria una discusión política franca y abierta para definir nuevos lineamientos de política económica que permitan construir un país más justo, menos depredador y con mayor bienestar, lo que es sin duda el objetivo de toda sociedad moderna.
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