Desde el jueves recién pasado mucho se ha dicho y debatido acerca de la eventual participación de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, en acciones de inteligencia y análisis para el ya desaparecido Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo escindido del Partido Comunista de Chile en la década de los ’80 -para intentar una desigual y cándida resistencia «por todos los medios de lucha» contra la dictadura de Pinochet- y que, salvo algunas células rebeldes, se desarticuló como movimiento armado con la llegada de la democracia, en marzo de 1990.
Más allá de si se trata de una operación de inteligencia de oscuras fuerzas de derecha (o de inteligencia militar) contra la ministra, destacada figura del socialismo chileno y su cara más amable hacia las «dueñas de casa»; más allá de su pre-escolar respuesta negatoria esbozada con cara y aire de niña aplicada «pillada en falta»; más allá de si la maniobra provino de sectores de extrema izquierda disconformes con su labor ministerial; más allá de si la secretaria de Defensa participó realmente en el FPMR en su juventud, y más allá de la incapacidad de la Concertación (y del Partido Socialista en particular) para manejar el referido tema; lo que llama profundamente la atención es la mediocridad del ataque efectuado en relación a la profundidad y alcances del mismo.
Hay que tener presente que no se le imputa a Bachelet un hecho delictivo en sí, con especificidad, ni tampoco se utilizan medios de prueba confiables y concretos de las imputaciones. Sólo cargos vagos y afirmados por anónimos encapuchados. A todas luces algo insostenible y vergonzoso desde la perspectiva de la ética periodística. En prensa ejercida responsablemente son injustificables y ridículos los testigos anónimos de hechos ocurridos más de 15 años atrás, cuando los posibles delitos cometidos -si los cometieron- están con creces prescritos.
No obstante lo anterior, la ministra Bachelet se escondió, el gobierno se vio obligado a replegarse, una vez más, escudándose genéricamente en un «ataque medial» desde la derecha, y la UDI aprovechó -también una vez más- de «prestarle ropa» a La Moneda para que pueda salir adelante.
Lo diferente esta vez es que no sólo se está hablando de «pecados» económicos. Ya no se trata de un «empate moral» bajo la premisa tácita: «nosotros tenemos nuestros pecados económicos en el pasado pinochetista pero ustedes los tienen ahora, escándalo a escándalo, día a día, por lo que caminemos en tregua hacia delante, porque ninguno es mejor que el otro». Olvidándose,
eso sí, de las grandes diferencias existentes entre el «saqueo» de empresas públicas -que terminaron en manos de unos pocos incondicionales del régimen militar- y los casos de corrupción que han golpeado a la Concertación, donde comparten responsabilidades funcionarios públicos corruptos con empresas y empresarios privados corruptores, muchas veces estrechamente relacionados con la oposición.
En esta ocasión se ha ido mucho más allá. Ahora el «empate moral» amenaza con extenderse a las materias más sensibles, propias e íntimas de la Concertación, cuales son, las vinculadas con el respeto a los derechos fundamentales y la búsqueda de la verdad (y castigo) por las violaciones a los derechos humanos en tiempos de Pinochet. Se percibe al efecto un total abandono del complejo de inferioridad ética de parte de los personeros de la derecha y de sus medios de comunicación; algo así como: «Ustedes también tienen pecados en materias de delitos de sangre por lo que no son mejores que nosotros. A ninguno nos conviene que siga removiéndose el pasado».
Se podría llegar de esta manera, mediáticamente, a asimilarse conductas muy disímiles, como las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por agentes del Estado y con recursos del Estado (Septiembre de 1973 – Marzo de 1990), con las acciones de resistencia durante los ’80 por parte de grupos sobreideologizados de izquierda, que creyeron -equivocadamente, según ha demostrado la historia- en la viabilidad de la lucha armada contra un gobierno ilegítimo.
Por esto, no es de extrañar que las FFAA hayan ya enviado sus «mensajes informales», que presumiblemente se transformarán en formales y concretos en las próximas horas, en apoyo de la ministra socialista y del gobierno de la Concertación, donde se hace (y se hará) énfasis en que son cosas del pasado, el cual «deberíamos esforzarnos todos por dejar atrás, en bien del país».
