Chile debe actuar a este respecto ahora. Nada es tan importante como esto para la recuperación de la economía chilena y los ingresos fiscales. Esta es la base principal para asegurar una mejor redistribución del ingreso, otorgar una adecuada protección social para los chilenos y una lograr mayor cohesión social en nuestro país.
El diario Financial Times de Londres informó, el pasado 21 de marzo, que el gobierno del Sudáfrica ha establecido un pago de royalty para todas las empresas mineras que operen en el país. Parece extraño que la prensa en Chile no se dé por enterada, todavía, de esta importante medida de los sudafricanos.
Una medida similar podría resolver en Chile las graves distorsiones derivadas de la lesiva permisividad de nuestra actual legislación minera y, al mismo tiempo, aportar recursos más que suficientes para financiar programas como el Plan Auge o el incremento de recursos a la educación, que nuevamente son postergados por falta de fondos.
El royalty consiste, como se sabe, en un pago que las empresas que explotan recursos naturales deben hacer a los legítimos dueños de éstos, por el derecho de acceder a ellos. El vocablo se origina en el pago de rentas a los reyes, propietarios de las tierras.
El 20 de marzo del 2003, Sudáfrica promulgó un nuevo régimen de impuestos que forzará a las empresas mineras a pagar un royalty de 8 por ciento sobre las ventas brutas. Según el Financial Times, algunos en la industria dijeron que la medida era excesiva e iba a frenar la inversión, sin embargo señala el diario, De Beers, el mayor productor mundial de diamantes, anunció paralelamente inversiones adicionales de 150 millones de dólares en Sudáfrica.
La largamente aguardada «Ley de royalty a los minerales y petróleo» termina con un período de diez años de virtual feriado tributario para las empresas mineras en Sudáfrica. Propone una escala decreciente de royalties sobre las ventas brutas, que va desde un uno por ciento para el petróleo y gas submarinos de alta profundidad, hasta un ocho por ciento para los productores de diamantes. Los royalties sobre el oro y el platino son de tres y cuatro por ciento, respectivamente. El royalty será implantado gradualmente, alcanzando su tasa completa el 2007.
«Las tasas son eminentemente razonables», ha declarado Trevor Manuel, el Ministro de Finanzas el gobierno sudafricano. Los royalties serán deducibles de los impuestos a la renta, pero aumentarán la recaudación fiscal en forma significativa. «Si hubiesen sido introducidos el año pasado habrían resultado en una recaudación adicional de 518 millones de dólares» ha dicho el ministro.
Algunos ejecutivos mineros, decepcionados, han advertido que los royalties estaban en el margen superior de los rangos competitivos internacionales y resultarían en costos adicionales significativos para la minería en Sudáfrica. «Esta ley hace que invertir en Chile sea muchísimo más atractivo», ha declarado un ejecutivo de una compañía minera basada en Johannesburgo. Chile, como se sabe, no cobra royalty alguno.
La mencionada ley hace efectiva el «Acta de desarrollo de recursos minerales y petroleros» de Sudáfrica, aprobada el año pasado y transfiere todos los derechos mineros del sector privado al Estado. Es decir, equivale a una nacionalización de los recursos minerales. La mencionada acta está acompañada de una «Carta Minera», que busca promover la propiedad de inversionistas negros sobre los minerales y que provocó cierto pánico entre algunos inversionistas el año pasado, cuando un primer borrador de la carta sugirió una meta de porcentaje de propiedad negra de 51% para el sector, en diez años. Una versión revisada y más aceptable a la industria fue aprobada en octubre pasado.
La noticia que se transcribe más arriba muestra que cambiar una política minera como la actualmente vigente en Chile es perfectamente posible. Aún en las condiciones actuales de la economía mundial, en un país que presenta no pocas similitudes con Chile, tanto en la importancia de sus recursos minerales, las dimensiones y nivel de desarrollo de su economía en general, como en lo que dice relación a sus procesos históricos recientes.
La política minera legada por la dictadura de Pinochet y mantenida sin modificaciones por los gobiernos de la Concertación está causando gravísimo daño a todos los productores establecidos, empezando por los pequeños mineros, a los cuales ha liquidado en forma masiva, pero asimismo a los grandes empresas mineras. Al no reconocer la existencia de significativa renta minera -que consiste en una sobre-ganancia derivada principalmente de la mejor calidad relativa de nuestros minerales- y no cobrar royalty por el acceso a recursos que son de todos los chilenos, introduce fuertes distorsiones en la industria.
A ello se agrega que las empresas mineras en Chile eluden el pago de los impuestos normales a la renta, recibiendo así en la práctica además un subsidio. Estas distorsiones se han traducido en un fuerte incentivo a la sobre-inversión en el sector, la que ha resultado en una sobreproducción de cobre que ha saturado el mercado, desde incluso antes de que éste se contrajera como resultado de la crisis mundial, con el consecuente derrumbe de los precios. Como resultado de todo ello, vendemos hoy casi el doble de toneladas de cobre que en 1995 y recibimos a cambio menos dólares por ese total incrementado que lo que nos pagaban antes por la mitad. Esto ha sido confirmado por las reducciones de producción anunciadas por las principales compañías que operan en Chile, con el objetivo de impedir que el precio continúe bajando.
Estamos disipando la renta de todos los productores establecidos en Chile, al permitir el libre acceso, sin pago de royalty alguno, a los riquísimos recursos todavía sin explotar.
Los resultados, con relación a la recaudación fiscal proveniente del cobre, han sido aún más desastrosos: en 1989 el Estado recibía la mitad del valor de las exportaciones de cobre, mientras hoy en día recibe menos del 5% de las mismas.
Chile debe actuar a este respecto ahora. Nada es tan importante como esto para la recuperación de la economía chilena y los ingresos fiscales. Esta es la base principal para asegurar una mejor redistribución del ingreso, otorgar una adecuada protección social para los chilenos y una lograr mayor cohesión social en nuestro país. Sudáfrica demuestra que ello es posible.
(*) El autor es Director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad ARCIS y de CENDA.
