Veremos cómo se pronuncian nuestros (¿?) representantes ante la disyuntiva de decidir por la verdadera modernidad que es introducir estos estudios en la ley o quedarse anquilosados en defensa de los intereses corporativos de un influyente y tradicional grupo de presión que sí sabe cómo desenvolverse en los «tiras y aflojas» del sistema.
A raíz de la pésimas condiciones del aire que tenemos, durante los meses de otoño e invierno, en nuestra Región Metropolitana y tal como lo manda la legislación ambiental (Ley NÅŸ 19.300), vía D.S. NÅŸ 16 de enero de 1998, se estableció el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que contiene 130 medidas orientadas a controlar, fiscalizar y prevenir las emisiones de gases y partículas tóxicas generadas por las fuentes móviles y fijas. El propósito es llegar al 2010, celebración del Bicentenario de nuestra Independencia, con una cuenca que se enmarque en las normas de calidad del aire y para ello ya llevamos un camino recorrido: con buenos resultados para los complacientes y con malos resultados para los exigentes.
Quienes más contaminan son las fuentes móviles del transporte colectivo, de carga y del transporte privado unipersonal (automóviles) y por ello fue necesario decretar en mayo de 2001 la paralización de estos últimos catalíticos durante los episodios de preemergencia y emergencia ambiental, cosa que no fue del agrado de ciertos sectores.
La medida M10TR4 de ese Plan decía que las autoridades competentes debían desarrollar los estudios necesarios para definir una metodología que permitiera cuantificar las externalidades negativas de los proyectos inmobiliarios y los mecanismos mediante los cuales éstas se reflejaran en el costo de cada proyecto, contemplándose -entre otros- los costos de transporte, o sea, los impactos en la red vial. Recordemos que el crecimiento del parque vehicular es bastante más grande que el crecimiento de la oferta de vialidad y por ello la congestión se agrava año tras año.
Ahora bien, después de algunos años, la subsecretaría de Transportes, finalmente, tomó el toro por las astas y definió, durante el 2002, la fórmula óptima de evaluación y, con sabia decisión, fue más allá, ya que ésta -Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)- tiene alcance nacional. Los seremis de transporte tenían que analizar, de acuerdo a sus propios procedimientos, los efectos en la vialidad de aquellos proyectos que incrementen el flujo vehicular en 100 o más unidades, en al menos una hora al día. A pesar de ser éste un asunto netamente técnico. en el cual deben opinar sólo los que saben de estas cosas, la autoridad de Transportes involucró al propio ministro de Vivienda y Urbanismo en orden a que las resoluciones exentas de aquellos tenían que ser validadas por este último.
Y así fue como el 1 de febrero pasado se publicó en el Diario Oficial un decreto con un sólo artículo firmado por el Presidente de la República y sus ministros Javier Etcheberry y Jaime Ravinet, incorporando en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) los denominados EISTU, con lo cual se daba cumplimiento a la medida ambiental mencionada en el tercer párrafo y se abordaba responsablemente la materia a nivel país. Como se comprenderá la idea era mitigar los efectos de los crecientes desplazamientos vehiculares para evitar y/o compensar el perjuicio social derivado del desnivel aludido.
Pero como esta equilibrada medida significaba que el costo del crecimiento tenía que ser asumido por aquellos que lucran con la explotación del suelo urbano, se iniciaron los movimientos por parte de los mismos para imposibilitar su aplicación y así fue como 12 senadores -por cuenta del sector interesado- recurrieron al Tribunal Constitucional impugnando el decreto modificatorio de la OGUC, con el argumento de que se afectaría el derecho de propiedad de sus mandantes.
Después de un encontrado análisis jurídico ese Tribunal, con fecha 9 de abril de 2003, en fallo dividido de 2 votos contra 1 (ministros Eugenio Valenzuela Somarriva y José Luis Cea Egaña, a favor y ministro Juan Agustín Figueroa Yávar, en contra) declaró inconstitucional el polémico decreto para beneplácito de sus objetantes.
Dado que esta sentencia es inapelable y tomándose en cuenta que el bien superior es la ciudad vivible para todos, es urgente ahora que el gobierno presente al Congreso Nacional, a la brevedad posible, el proyecto de ley necesario para incorporar estos estudios en la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que sería impresentable que la sociedad continúe subsidiando a un sector productivo de la economía que se ha caracterizado por privilegiar a todo evento su negocio privado al margen del interés colectivo.
Entre paréntesis, la actual normativa urbana considera ciertos «estudios viales» que son la chacota misma y en donde todo es posible, ya que el especialista que los elabora tiene que llegar al resultado que le exige quien se lo pide y se lo paga. Son saludos a la bandera que sirven para «cumplir» con la burocracia. Por ello, no hay que confundir los ineludibles Estudios de Impacto sobre el Sistema de Impacto Urbano que motivan esta columna con los fantasiosos Estudios Viales que administran las municipalidades.
Dado que la propia Constitución Política dice que el derecho de propiedad está subordinado a las normas legales que regulan las diversas actividades económicas y más aún, dispone limitaciones y obligaciones que deriven de su función social -entre otras- la conservación del patrimonio ambiental, será muy transparente que los diputados y senadores emitan sus votos de cara a la ciudadanía y más aún ahora que sus campañas serán financiadas con los fondos generales de la nación, vale decir, con la plata de todos los contribuyentes.
Y así veremos cómo se pronuncian nuestros (¿?) representantes ante la disyuntiva de decidir por la verdadera modernidad que es introducir estos estudios en la ley o quedarse anquilosados en defensa de los intereses corporativos de un influyente y tradicional grupo de presión que sí sabe cómo desenvolverse en los «tiras y aflojas» del sistema.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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