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Una reforma histórica

Celebremos este 7 de mayo y recordemos a José Martí: «sé culto y serás libre» y que la educación es la base de la libertad y la democracia.


Mañana 7 de mayo, en sesión solemne del Congreso Pleno, se aprobará la reforma constitucional que hace deber del Estado el que cada joven chileno curse doce años de escolaridad obligatoria. Es una reforma que ingresa en la historia de la mejor tradición republicana de Chile. Por ello Patricio Aylwin y Eduardo Frei acompañarán al Presidente Ricardo Lagos en la promulgación inmediata y solemne de esta reforma.



Don Miguel Luis Amunátegui, hablando en la Cámara de Diputados el 19 de junio de 1913, recordaba cómo los próceres de la Independencia comprendieron a tiempo que «era imposible regenerar a la nación y crear una patria sin establecer racionalmente la instrucción pública». Ellos trabajaron por proyectar, primero y establecer, después, un sistema de enseñanza pública «sostenida y estimulada» por el Estado. El Instituto Nacional, nacido «entre asonada y asonada y entre batalla y batalla» y el Liceo de Hombres de Concepción, son testimonios de esa obra humana.



Valentín Letelier, Enrique Mac Iver, Luis Galdames, Pedro Aguirre Cerda, Amanda Labarca y Darío Salas, durante el siglo XX, continuaron esta tarea. La constitución de una sólida clase media progresista, educada y emprendedora que nos regaló a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Juan Antonio Ríos o Juvenal Hernández no hubiese llegado a ser sin ellos.



La niña de Vicuña podía ser maestra universal, voz de los campesinos e indígenas de la América morena; el hijo del ferroviario podía ser el poeta del amor; el niño de Cañete, podía ser Presidente de la República, «luchando contra sus pulmones débiles y su noble pobreza», como escribe Raúl Rettig el senador y defensor de los derechos humanos que fue alumno de la Escuela Pública de Pitrufquén y de los Liceos de Angol y Valdivia; el niño de Ranquil podía ser Rector de la Universidad de Chile.



La Constitución de 1833 señaló que la educación era responsabilidad primordial del Estado. La Ley de Instrucción Primaria de 1860 y la de 1865 hicieron la educación obligatoria hasta cuarto año. En 1927 ella se extendió a los seis años. Y en los años sesenta saltamos a ocho años. Y hoy aspiramos a los 12 años. Destaquemos que con dolor el promedio de escolaridad en América Latina es de 5,2 años.



El Primer Centenario lo celebramos con cifras que hoy nos aparecen difíciles de creer. 258.875 estudiantes de educación básica, 30.731 de secundaria y especial y sólo 1.824 de educación superior. Por aquel entonces nuestro analfabetismo alcanzaba la cota de 60%. Hoy nuestro analfabetismo no supera el cinco por ciento; más de 2.420.000 niños estudian en la básica, alcanzando una cobertura del 98,7% y la educación media supera a los 860.000 alumnos, cubriendo más del 85% del total de jóvenes. Y el año 2001 teníamos 479.000 jóvenes en educación superior. Se trata nada menos del 31,5% de los jóvenes chilenos entre 18 y 24 años que pueden acceder a la educación superior. A este ritmo de crecimiento llegaríamos a 600.000 estudiantes el año 2006 y para el Segundo Centenario serán 800.000, es decir, el 40,4% del total de jóvenes. Se trataría de una población que en nada envidiaría a la población de todo el Chile de 1810.



Sin embargo, falta aún mucho. En términos cuantitativos destaquemos que Costa Rica ha establecido en su constitución que el presupuesto estatal en educación no puede bajar del 6% y que Corea del Sur invierte el 10% de su Producto Interno Bruto en este esfuerzo. Y, en términos cualitativos, falta mucho en equidad y calidad. Debemos, siguiendo a Robert Reich, ex secretario de Trabajo de los Estados Unidos, «invertir en la educación y capacitación de nuestra gente; buenas escuelas públicas y excelentes universidades públicas. Públicas en el más verdadero sentido de la palabra: accesibles a todos, sostenidas por todos».



Pero no desesperemos, celebremos este 7 de mayo y recordemos a José Martí: «sé culto y serás libre» y que la educación es la base de la libertad y la democracia.





(*)Director Ejecutivo Centro de Estudios para el Desarrollo, CED.



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