Los casos Mop-Gate, Mop-Ciade y Coimas han dado oportunidad para que los jueces -o algunos jueces- hayan emprendido investigaciones que han puesto en aprietos a funcionarios públicos y, por lo mismo, poderosos. Algunos ven en estas causas el inicio de una «nueva era» en la justicia nacional: un período de estrictez y celo en que se hace abstracción de los pergaminos de los eventuales indagados.
Todo lo anterior resulta extraño. En primer lugar, porque siempre los jueces deberían actuar de manera estricta e imparcial. Valorar tanto lo que están haciendo ahora supone poner en entredicho lo que han estado haciendo antes.
Lo que realmente tiene sentido es preguntarse si podemos esperar más justicia de los tribunales, más allá de estos casos emblemáticos. La reforma procesal penal, contra todo lo que se diga (y, principalmente, por todo lo que se demore en funcionar de manera fluida), es un paso que, quizás con los años, se valorará como un hito modernizador en este ámbito. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo y carcome las bases mismas de la noción de República: la sensación que los ciudadanos tienen un acceso desigual a la justicia dependiendo de su pertenencia a una clase social, del dinero que poseen o los vínculos con instituciones o personas relevantes.
Lo grave es que no se trata sólo de una sensación, sino de la convicción de la mayoría de los ciudadanos de que deben renunciar a la posibilidad de justicia si se enfrentan a un poderoso. O que los poderosos pueden, sólo por mérito de su posición, sortear las obligaciones que a los ciudadanos comunes les son exigidas
Recuerden al ex Ministro del Interior, Carlos Figueroa, votando con el carné de manejar y, lo más grave, increpando y tratando de mentiroso al periodista que lo había descubierto. En otro país debería haber renunciado. O las normas especiales de que gozan los militares -en servicio activo o en retiro- para hacer más llevaderos sus arrestos, sin contar con las excesivas facultades de que goza la justicia militar, más propias de una dictadura que de un régimen democrático. Es evidente que esa realidad desacredita cualquier noción de democracia.
En tiempos en que la mayoría de los políticos, cada día, parecen alejarse sostenidamente del sentido común de los ciudadanos, resulta obvio que haya pocos que levanten esa demanda básica de una justicia -enérgica, sí- igual para todos.
Esa es la verdadera reforma judicial que el país requiere. Los ejemplos de algunos magistrados -no sólo en estos días, sino que también, incluso, durante la dictadura- y las oportunidades que abre la reforma procesal penal no deberían ser desaprovechados. Pero no en la perspectiva de acicalar, embellecer o vestir de parafernalia -como pueden ser los juicios orales- la administración de justicia, sino asegurándole al ciudadano común que a la hora de que se enfrente a la vigencia de una ley vale exactamente lo mismo que cualquier otro vecino.
* Jefe de Prensa de Radio Bío Bío de Santiago.
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