Lo más preocupante y hasta grotesco es que los grupos ambientalistas le habían expresado por escrito a todas las autoridades sectoriales que ese deseo expansionista violaba el PRMS, el PPDA y la propia Ley de Urbanismo y Construcciones. Nadie los escuchó porque dichas autoridades creen que tienen atribuciones cesaristas y que sus comportamientos son incuestionables.
Desde hace 3 años el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a pedido de habilidosos grupos de presión que se aprovechan de la debilidad del Estado en hacer cumplir sus propias regulaciones, está impulsando la expansión de Santiago. Para ello se tenía que modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y, consecuentemente, posibilitar los cambios de uso de suelo de las tierras agrícolas de su periferia. La idea era crear riqueza virtual para los solicitantes y por lo tanto, incrementar sus patrimonios privados reflejados en el sistema bancario. A mayores garantías, nuevos y más abultados préstamos.
Para tal efecto Claudio Orrego, ministro de la época, convino con Gianni López, director regional de la Conama, los mecanismos conducentes a lograr el objetivo propuesto. Dado que esa pretensión violaba el propio Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), cuyo principal custodio es la autoridad medioambiental, algunas organizaciones ambientalistas recurrieron a Adriana Hoffmann, directora nacional de la Conama, a quien le dieron a conocer la depredación ad portas. Esta, dentro de su incredulidad -porque no había sido consultada- manifestó que todo se iba a regularizar tan pronto se reuniera con Álvaro García, en su calidad de ministro Secretario General de la Presidencia y, por lo tanto, presidente del Consejo de Ministros de la Conama.
García, con su característica bonhomía y con su vendedora apariencia de ser hombre dado a escuchar, no hizo nada para enmendar el rumbo y le dio el visto bueno a la dupla Orrego-López para que continuaran con sus afanes violatorios. Después de un tiempo y al constatar que en Chile no hay respeto por el medio ambiente, Adriana Hoffmann se vio obligada a renunciar a su cargo. Nosotros creemos que ella fue utilizada por La Moneda para vender pomadas en el exterior, en cuanto a que somos respetuosos de los valores ambientales y así robustecer nuestras relaciones comerciales con Europa y EEUU.
A mediados del 2001 el abogado ecologista Luis Mariano Rendón emplaza en términos muy comedidos en un acto público, en la Plaza Brasil, al Presidente de la República, manifestándole que el gobierno estaba cometiendo un error al pretender sustraer ese tipo de territorios agrícolas, ya que la propia institucionalidad ambiental y urbanística no lo permitía. Los «guardias republicanos», insertos en la comitiva presidencial, rápidamente intentaron neutralizarlo, logrando parcialmente esa tarea, ya que Rendón con especial cortesía se retira del lugar. Al día siguiente se hace presente en Palacio, acompañado de otros, acogiendo la «invitación» que le hizo el primer mandatario dentro de la trifulca: fue recibido por su jefe de gabinete y no pasó nada.
Transcurrido más de un año, el 25 de noviembre de 2002, la Corema presidida por Marcelo Trivelli, aprueba la «Declaración de Impacto Ambiental» de la modificación del PRMS, con lo cual se da el primer paso concreto para hacer negocios inmobiliarios en esas zonas excluidas al desarrollo urbano. Los miembros de este cuerpo colegiado dócilmente votaron a favor de la violación al PPDA con la única excepción del consejero regional y presidente metropolitano del PPD Pedro Saitz. ¿Será que éste era el único que conocía la normativa ambiental vigente?
Inmediatamente después, las organizaciones ambientalistas impugnan ante la Contraloría General de la República la resolución ambiental. Enseguida, el 6 de febrero de 2003, el Consejo Regional Metropolitano, también presidido por el intendente aprueba la modificación respectiva al PRMS: el mismo Saitz y otros pocos votaron en contra y/o se abstuvieron. Otra vez, las organizaciones objetan en la Contraloría esta nueva resolución.
El 28 de abril pasado, el ente contralor dictamina la ilegalidad absoluta de la modificación en comento, con lo cual Ravinet y Trivelli ponen el grito en el cielo. El primero -dentro de su irritación- llega a decir que «los ecologistas son unos hippies trasnochados, vagos y que reciben plata del extranjero» (sic) y va más allá al manifestar que «la Contraloría se está poniendo verde, lo cual es una mala señal». El ministro se salió de sus casillas porque creía que el ente fiscalizador iba a proceder como un buzón. Se equivocó una vez más, ya que la Contraloría -tal como lo sabe la ciudadanía- es el último bastión de probidad que tenemos en nuestro aparato público.
Lo más preocupante y hasta grotesco es que los grupos ambientalistas le habían expresado por escrito a todas las autoridades sectoriales que ese deseo expansionista violaba el PRMS, el PPDA y la propia Ley de Urbanismo y Construcciones. Nadie los escuchó porque dichas autoridades creen que tienen atribuciones cesaristas y que sus comportamientos son incuestionables.
Como no es así la cosa, llamamos al gobierno para que entienda que las ciudades no se desarrollan aplicando criterios de libre mercado porque el privado que explota comercialmente el suelo «no está ni ahí» con las adecuadas obras de urbanización e infraestructura que sus conjuntos habitacionales requieren y porque su único interés es maximizar la rentabilidad de su capital.
Hoy en día ya tenemos innumerables problemas sociales con las construcciones que se ejecutan en el Área Urbana Metropolitana (inundaciones, entre otros) por ausencia de fiscalización. ¿Qué nos esperaría si el día de mañana se autorizan proyectos habitacionales en zonas excluidas al desarrollo urbano? Por ello y mientras no dispongamos de un marco regulatorio serio y consensuado entre todos los actores de la sociedad (poder legislativo, poder ejecutivo, sector privado productivo y sector ciudadano) es insensato pensar en expandir la ciudad a extramuros.
Por ello hacemos nuestras las palabras de Juan Sabbagh, actual Premio Nacional de Arquitectura, quien afirma que «las ciudades son el reflejo de quienes las habitan, evidencian la cultura de sus habitantes, sus deseos y sus anhelos de equidad». Por lo tanto, le decimos NO a la plutocracia imperante, con la idea de recuperar el sistema democrático de verdad, el mismo que motivará a la población a intervenir en las materias sobre las cuales ella tiene que decidir.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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