Aumentar los límites permitidos quizás disminuya la posibilidad de sancionar a los infractores pero no ayudará a reducir los costos de las campañas.
Supongamos que se decide aumentar la velocidad máxima permitida en las carreteras a 160 kms/hr aduciendo que de esa forma se reduciría la cantidad de infracciones por exceso de velocidad ¿Qué le parecería a usted? Las consecuencias de aquella medida parecen obvias: como los conductores podrían correr más, efectivamente podría reducirse el número de infracciones, pero posiblemente se incrementaría el número de accidentes.
Algo parecido está sucediendo con la discusión de la ley de financiamiento electoral. Hasta hace un par de semanas, todos parecían estar de acuerdo que se requería reducir los gastos de las campañas. Las urgentes necesidades de la población hacen no sólo necesaria dicha reducción sino que éticamente imprescindible. La política está desprestigiada y tener campañas costosas sólo contribuirá a desprestigiar aún más al servicio público.
No obstante, parece ser que las negociaciones entre el gobierno y oposición no han hecho más que incrementar los límites permitidos en campañas electorales. Así, si bien la ley de financiamiento electoral presenta importantes avances, tiene un talón de Aquiles fundamental: la fijación del límite es tan alto que dicho proyecto pierde su sentido original vinculado a reducir los costos de las campañas.
Recordemos la historia del proyecto. El año 2001 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que fijó un límite total para las campañas de parlamentarios en 0,02 UF por elector ($ 340). Por ejemplo, en un distrito de 100 mil habitantes el costo total de una campaña sería de aproximadamente $ 34 millones de pesos. Las negociaciones siguieron su camino y el Ejecutivo hizo una nueva propuesta elevando dicho monto a 0,03 UF por elector ($510). Esto significaría que en el mismo distrito de 100 mil habitantes el costo total se elevaría a $ 51 millones de pesos.
La semana pasada, oposición y gobierno acordaron nuevas indicaciones, estableciendo una escala entre las campañas a senadores y diputados, estableciendo límites de acuerdo al número de electores. Lo anterior parece lógico. Los candidatos tienen distintas demandas de acuerdo al número de electores.
Sin embargo, la solución eleva en forma importante el tope permitido por ley en relación a los anteriores proyectos. Por ejemplo, un candidato a diputado por un distrito con menos de 200 mil habitantes podría gastar un tope de 1.500UF más la cifra que resulte de multiplicar 0,03UF por el número de electores. Siguiendo con nuestro ejemplo, un candidato a diputados en una comuna de 100 mil habitantes podría gastar hasta $ 76 millones de pesos.
Eso no es todo. En el proyecto original del Ejecutivo se disponía que un privado no podría donar más allá de 900UF ($15 millones). El nuevo acuerdo sugiere que los privados podrían donar hasta 1.000UF ($17 millones) a un sólo candidato, o bien 10.000UF ($170 millones) a distintos candidatos o a un partido político. A modo de comparación, en Estados Unidos el monto permitido de donaciones es de 2 mil dólares ($1 millón 400 mil pesos).
Aumentar los límites permitidos quizás disminuya la posibilidad de sancionar a los infractores pero no ayudará a reducir los costos de las campañas. La experiencia comparada demuestra que hay cuatro mecanismos complementarios para reducir dichos costos: otorgar subsidios estatales a fin de reducir la dependencia de los candidatos de los privados, un sistema eficiente de control de los gastos ejecutados, sanciones ejemplares para los infractores, y generación de incentivos para que los candidatos realicen campañas limpias y de bajo costo.
El proyecto del Ejecutivo y consensuado con la oposición avanza en el establecimiento de subsidios y la creación de un sistema de control de gastos y sanciones a los infractores. Sin embargo, el proyecto no contempla incentivos para que los partidos y candidatos reduzcan sus gastos. Por ejemplo, en algunos países el Estado otorga un «premio» de mayores subsidios a aquellos candidatos que transparentan sus cuentas y realizan campañas electorales menos costosas. Como los electores valoran candidatos honestos y realizan campañas austeras, entonces un mecanismo de incentivos positivos favorece la calidad de la política y la transparencia de los procesos electorales.
Existe un imperativo ético para reducir los costos de las campañas políticas en Chile, de otro modo, se incrementará la ya enorme brecha que existe entre los ciudadanos y la elite política.
* Claudio Fuentes es profesor investigador de FLACSO-Chile y doctor en ciencias políticas (UNC – Chapel Hill). Comentarios a claudio@flacso.cl
