Los problemas ambientales derivados de esta medida eran varios: aumento de los desplazamientos y, con ello, de la contaminación vehicular; mayor concentración poblacional; pavimentación a gran escala de suelo con la consiguiente agudización del problema de evacuación de las aguas lluvias; eliminación de vegetación que constituye el pulmón verde de la ciudad y aumento en el tiempo de los viajes de los santiaguinos, entre otros.
Con incredulidad hemos escuchado las palabras del ministro de Vivienda, Jaime Ravinet, quien calificó a un grupo de dirigentes ecologistas de ser «hippies trasnochados, que además son vagos y viven de platas extranjeras». Lo que irritó y descontroló al ministro Ravinet fue que la Contraloría acogiera una solicitud de estos dirigentes y rechazara la modificación al Plan Regulador Metropolitano, que pretendía expandir la ciudad sobre suelos agrícolas.
Las palabras de Ravinet son tan ofensivas, estereotipadas y torpes que no ameritan una respuesta equivalente. Sin embargo, demuestran hasta qué punto ha llegado la impunidad con la cual ciertas autoridades desprecian el trabajo de la sociedad civil. En cualquier otro lugar, los dichos del ministro hubiesen significado su destitución inmediata. En Chile, sin embargo, la participación ciudadana y los temas ambientales son secundarios para los encargados de tomar decisiones.
La propuesta del ministerio de Vivienda consistía en modificar el Plan Regulador Metropolitano, de modo de ocupar 90 mil hectáreas actualmente destinadas a tierras agrícolas, con el objetivo de construir viviendas para familias de altos ingresos. Esta medida implica la expansión horizontal de Santiago, lo que tiene enorme implicancias sobre la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos.
Según Jaime Ravinet, Ministro de Vivienda y Urbanismo, la impugnación de la Contraloría es «una pésima señal». Cabe preguntarse: ¿para quién es una mala señal? Si es por defender los intereses de los inversionistas inmobiliarios estamos de acuerdo, pero si hablamos de la salud y la calidad de vida de la población, la realidad es completamente distinta. Su idea es un acto administrativo que evidencia los problemas estructurales de la institucionalidad ambiental vigente, al tratar de coordinar diferentes instancias políticas que, por supuesto, tienen intereses diferentes, muchas veces contradictorios con el Plan de Descontaminación.
Los problemas ambientales derivados de esta medida eran varios: aumento de los desplazamientos y, con ello, de la contaminación vehicular; mayor concentración poblacional; pavimentación a gran escala de suelo con la consiguiente agudización del problema de evacuación de las aguas lluvias; eliminación de vegetación que constituye el pulmón verde de la ciudad y aumento en el tiempo de los viajes de los santiaguinos, entre otros.
Al preguntarse por qué Ravinet no consideró estos puntos es que surge el problema de fondo: en Chile, la ciudad no se gestiona integralmente. Los ministerios buscan cumplir sus objetivos sectoriales sin considerar los impactos globales que la implementación de sus políticas puede generar. Para Ravinet, la prioridad es hacer casas porque es ministro de Vivienda y porque tiene aspiraciones políticas mayores. Para el ministerio de Obras Públicas construir carreteras, para el ministerio de Economía atraer inversión, pero ninguno contempla los impactos sociales o ambientales de sus políticas.
Resulta contraproducente que mientras hay autoridades de Gobierno preocupadas por la contaminación atmosférica de Santiago, el ministro de Vivienda impulse al mismo tiempo una medida que agravará aún más la situación. Si no existe una política ambiental global, con un responsable ante la opinión pública, los problemas no se solucionarán nunca.
Es hora de tomar el toro por las astas y, junto con erradicar el desprecio de autoridades como Ravinet por la participación ciudadana, impulsar una gestión integral de la ciudad: De otra manera continuaremos con los mismos problemas de siempre, tales como la contaminación, la evacuación de aguas lluvias, la disposición de la basura, y el pésimo transporte público. Sólo una autoridad regional única, con atribuciones y que sea capaz de conciliar distintos objetivos e intereses sobre el territorio, puede resolver los innumerables problemas de nuestras ciudades.
No obstante, una planificación urbana eficaz, es insuficiente para acabar con la agobiante realidad de Santiago. Además, se requiere de un compromiso real con el ordenamiento territorial y la descentralización. La nueva autoridad debe visualizar el territorio en su conjunto y la región como parte del país, respondiendo a las demandas de la ciudadanía con atribuciones para llevar a cabo su política, para lo cual debe contar con un plan de desarrollo de largo plazo de la ciudad, elaborado democráticamente y que no se altere ante la primera demanda de grupos de interés.
* Director de Estudios de Fundación Terram
