La corrupción no la veo, quien la vea que me avise - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 12:39

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La corrupción no la veo, quien la vea que me avise

por 24 mayo, 2003

La clase política sigue buscando sacar dividendos políticos de un tema en el cual previamente abdicaron toda responsabilidad, pero lo que debe hacer hoy es buscar una salida política.

El arresto y luego salida en libertad bajo fianza de los Seremis del MOP, sumado al procesamiento de varios funcionarios de Obras Públicas, sencillamente hizo tocar fondo a la crisis que enfrenta el gobierno. El gran responsable de los casos MOP-CIADE y MOP-GATE es nuestra clase política, al dilatar por años urgentes reformas al servicio público que ahora se transforman en críticas. Es más, los esfuerzos por renovar las normas del servicio público -y particularmente del MOP- terminaron por ser rechazados por inconstitucionales.



Con razón dijo el Subsecretario de OOPP, Juan Carlos Latorre, el 11 de abril, que la reforma administrativa que requiere el ministerio para perfeccionar su funcionamiento debe asumirse como "un problema de Estado".



Latorre dijo tener "la convicción personal que éste es un tema que tenemos que abordarlo con un concepto que recoja la experiencia de un ministerio que ha sido tan exitoso en ofrecerle al país soluciones concretas que están a la vista."



Pero la clase política sencillamente se desligó de toda responsabilidad. Nunca se hizo cargo de la necesidad, en 1990 y años posteriores, de modernizar el servicio público. Para qué hablar de la Constitución.



Cuando los intentos por modernizar sectores del Estado fueron declarados inconstitucionales los parlamentarios de derecha se lavaron las manos culpando al gobierno, en tanto los parlamentarios concertacionistas poco o nada hicieron por presentar iniciativas legislativas que cumplieran con la Constitución.



Han pasado 13 años desde que Chile se embarcó en una loca carrera por modernizar la infraestructura del país. Se ideó una fórmula de asociación público-privada nunca antes vista en Chile. Esa inversión multimillonaria nos permite hoy tener carreteras de primera categoría, puertos modernos que rápidamente transfieren la carga, aeropuertos modernos, buenos caminos secundarios donde antes no existían, y mejoras en los pasos fronterizos que facilitan el flujo de personas y productos. Todo para contar con una infraestructura moderna, capaz de despachar sin demora nuestros productos a los mercados internacionales.



La inoperancia de la clase política, más preocupada de mantener el statu quo y de sacar provecho político de cualquier negociación, obligó al MOP a buscar mecanismos para ofrecer mejor sueldo a una planta profesional altamente calificada, poniéndola a resguardo de la grúa de la empresa privada. El MOP diseñó la política de sobresueldos para mantener a su planta profesional operando y supervisando la loca carrera por modernizar el país.



El ex Director de Vialidad, Eduardo Arriagada, señaló en abril que en los contratos del MOP no hubo dolo. Dijo que "el uso de esta plata para pagar trabajos adicionales de los directores del Ministerio era fundamental para poder mantener la actividad enorme" del MOP.



Ahora que contamos con carreteras construidas -faltando solo Santiago en faenas- puertos rotando barcos a velocidades impensadas y aviones que salen desde una excelente infraestructura aérea cargados con nuestros productos, los tribunales de justicia descubren fraude al Fisco.



El tema de fraude al Fisco no deja de ser un chiste. El único fraude perpetrado ha sido en contra de los funcionarios del MOP que cumplieron con sus contratos. ¿Es fraude al Fisco construir mil y tantos kilómetros de doble calzada entre La Serena y Puerto Montt, o terminales aéreos como el de Santiago, que pronto tendrá una segunda pista? El fraude al Fisco no existe, no hay enriquecimiento ilícito. No hay grandes mansiones ni cuentas bancarias pletóricas de fondos robados por funcionarios del MOP.



Quienes han ganado mucha plata son las empresas que ganaron las concesiones y se prestaron al juego de ayudar a cumplir las necesidades del MOP. Quizás el único que ganó por comisiones fue el dueño de la empresa GATE, al actuar como agencia contratista informal.



Ahora que la jueza Gloria Ana Chevesich investiga qué ocurrió, queda claro que el fraude al Fisco no es más que el pago de sobresueldos para mantener la planta profesional al interior del MOP, sirviendo al país. Los mejores profesionales de una área estratégica para el gobierno son investigados por cumplir una labor profesional a nombre nuestro.



En 1996 el gobierno de Eduardo Frei envió el proyecto de ley de "Funciones Críticas" que permitía darle al MOP la flexibilidad de administrar el sistema de concesiones con profesionales entendidos en la materia, pero a pesar de ser aprobada por ambas cámaras, en julio de 1998 el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional.



"Cuando veo tantas cosas hoy día, pienso qué distinto habría sido con las funciones críticas" aprobadas, se lamentó el Presidente Ricardo Lagos el pasado 7 de mayo, al referirse sobre el tema de los sobresueldos.



Pero a pesar del revés, no hubo intento alguno por buscar una fórmula que permitiera rescatar la ley de forma que cumpliera con el marco constitucional. La derecha, encabezada por la UDI, buscó sacar beneficios políticos mientras se preparaba para enfrentar a Lagos en las elecciones presidenciales. Por su parte, la Concertación se durmió convencida que lo hacía muy bien.



El MOP tenía que mantener una planta profesional flexible y bien pagada para franquear la inflexibilidad de la Ley de Presupuestos del Sector Público y lograr la meta de modernizar al país. De allí la acusación de fraude al Fisco.



La opción de solucionar el problema de normas y reglamentos estuvo en la mano de nuestra clase política pero todo quedó en nada hasta principios de año, con el acuerdo entre el gobierno y partidos políticos para aprobar la agenda pro modernización del estado.



El procesado ex Ministro Carlos Cruz, tras la noticia del procesamiento de profesionales del MOP, dijo el 22 de abril "que si no hubiera sido por este tipo de contratos, difícilmente pudiésemos haber hecho lo que hicimos en Obras Públicas desde el año 1995 en adelante".



Cruz apuntó que "hay un problema de incompatibilidad entre lo que se hizo con lo que es la legislación que rige al Ministerio de Obras Públicas". Indicó que "no se hicieron los cambios necesarios en la organización del Estado para enfrentar los tremendos desafíos que representaba llevar adelante el programa de concesiones".



Por eso que la iniciativa del senador PS Carlos Ominami -buscar una solución política al problema de los sobresueldos- es una salida decorosa a un problema país; un problema que nunca fue resuelto por el Congreso. Entonces no queda más que gestar un "perdonazo" a todos los funcionarios del MOP.



Refiriéndose a la propuesta Ominami, el vocero de Gobierno Francisco Vidal dijo el lunes 5 que "el Gobierno no ha hecho una propuesta ni al Parlamento ni a los partidos, pero sin duda mira con atención el debate que se está abriendo".



Pero ese mismo día el senador UDI Hernán Larraín afirmó que "no vemos ninguna justificación hoy para cambiar de criterio en esa materia. Los tribunales todavía no han terminado su trabajo y, por lo tanto, si nosotros empezamos a definir con leyes de amnistía o semejantes, estamos impidiendo que actúen los tribunales, cuestión que me parece grave y delicada".



Al día siguiente el Presidente Lagos dijo, sobre una posible salida política, que "el Gobierno está observando lo que ocurre con mucho interés. Sin embargo, creo que lo importante es que los actos de corrupción deben ser sancionados". Aseguró que "aquellas personas que actúan de buena fe, no me cabe la menor duda que no están recibiendo el trato que se merecen".



Pero el presidente de RN, Sebastián Piñera fue lapidario, diciendo que "no corresponde una ley de amnistía, porque no vamos a amparar impunidad", agregando que no hay que intervenir en el Poder Judicial.



Por su lado, el secretario general de la UDI, Patricio Melero, afirmó que "no hay piso en el Congreso Nacional ni en los partidos políticos para una salida que sea al margen de los Tribunales de Justicia".



Ominami aclaró que "lo que estoy promoviendo es una solución para resolver decentemente" los procesamientos judiciales de funcionarios que recibieron sobresueldos, porque "se están afectando muy gravemente instituciones que son muy queridas por los chilenos y muy necesarias para el desarrollo del país".



Ése es el tema: buscar una salida al problema que la misma clase política generó al no asumir su responsabilidad legisladora de modernizar la legislación que rige al servicio público, sobre todo cuando se empaña la labor de un ministerio emblemático que tiene logros tan grandes en tan poco tiempo, transformando la añeja y dilapidada infraestructura heredada de la dictadura de Pinochet en una moderna plataforma de herramientas para un país exportador.



El ex Presidente Eduardo Frei, en su último mensaje del 21 de mayo, dijo que "en 1973 Chile contaba con solo 100 kilómetros de doble calzada", desde Santiago a San Fernando, y recordó que cuando Patricio Aylwin asumió la Presidencia tras la dictadura, Chile seguía contando con los mismos 100 kilómetros de doble calzada.



Al Presidente Lagos le gustaría ver un debate que tenga que ver con la capacidad del país para enfrentar el tema de los sobresueldos dentro del marco de cómo se construye un país, más allá "del debate de la trinchera política".



Para el senador Adolfo Zaldívar, presidente de la DC, es más importante que "los tribunales de justicia resuelvan este tema", ya que "hay que respetar los actos de los tribunales".



El senador UDI Carlos Bombal concuerda en que "no procede amnistía alguna; tampoco cabe interpretar nada".



El Subsecretario Latorre espera que el MOP "no se debilite en su quehacer, que no se retrase en su toma de decisiones" para proyectos de infraestructura. Agregó que "hay muchas cosas que hicimos bien, pero muchas otras que no supimos hacer (Â…) no fuimos capaces de corregir aquellas debilidades que no debieron haber ocurrido".



La clase política sigue buscando sacar dividendos políticos de un tema en el cual previamente abdicaron toda responsabilidad, pero lo que debe hacer hoy es buscar una salida política. El MOP hizo mucho en muy poco tiempo, operando con una legislación antediluviana. Es tiempo de dejar de buscar ganancias mezquinas; es tiempo de ponerse a la altura de las realidades, de legislar una norma moderna y de disculparse con todos los funcionarios de MOP perjudicados por el juicio de sobresueldos.





* Jorge Garretón es periodista chileno residente en Canadá.

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