Las aspiraciones económicas de los jueces no pueden ser discutidas ni negociadas en el momento en que quienes tienen que decidir tal beneficio económico se encuentran en la mira de los tribunales de justicia.
No se requiere ser «mal pensado» para estimar lo inoportuno del momento elegido por el poder judicial para alegar su independencia económica.
Resulta claramente inconveniente que justo cuando el propio Presidente de la República se apresta a declarar ante los tribunales por su participación en la firma de contratos irregulares relacionados con los casos de corrupción, el poder judicial reviva su anhelo de soberanía financiera para elevar sus sueldos y jubilaciones.
En momentos en que el Poder Judicial tiene sometido a proceso y ha declarado reo a estrechos colaboradores del Presidente Lagos, como también a gran cantidad de funcionarios del gobierno, esta negociación puede ser interpretada por las opinión publica como una maniobra de presión francamente extemporánea.
Esta decisión puede significar un retroceso importante en los esfuerzos que en el último tiempo – y con bastante éxito – el poder judicial ha llevado a cabo para mejorar su imagen y percepción frente la ciudadanía.
Las aspiraciones económicas de los jueces no pueden ser discutidas ni negociadas en el momento en que quienes tienen que decidir tal beneficio económico se encuentran en la mira de los tribunales de justicia.
Es importante recordar que el Ejecutivo ya estudió y se pronuncio sobre esta materia. En marzo del presente año, el gobierno, por medio de su Ministro de Justicia, rechazó la petición de autonomía financiera del poder Judicial luego de la reclamación efectuada por el presidente de la Corte Suprema en su discurso inaugural.
Las aspiraciones de los jueces pueden ser legitimas. Los miembros del poder judicial merecen remuneraciones «dignas» acorde con la relevancia de sus funciones. Se debe incentivar -al revés de lo sucedido históricamente- que los mejores y más capacitados abogados aspiren a la carrera judicial. La crítica señalada en esta opinión, apunta hacia lo claramente inadecuado e inoportuno del momento elegido para presentar esta petición.
* Miembro Comité Pro-Defensa Ciudadana.
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