¿La justicia solo para algunos y para algunos casos? - El Mostrador

Sábado, 18 de noviembre de 2017 Actualizado a las 14:17

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¿La justicia solo para algunos y para algunos casos?

por 27 mayo, 2003

Si esta iniciativa que encabezan dirigentes de la UDI con algunos familiares de víctimas de la dictadura, muestra resultados prácticos y no sólo mediáticos, si lleva a avances en verdad y en justicia, entonces la derecha habrá iniciado, efectivamente, el camino de reparación que hace rato le adeuda a una parte de esta sociedad y se habrá ganado el espacio que esta democracia debe otorgarle a todos por igual.

Todo el peso y el rigor de la ley exige la derecha política y económica ante los casos de corrupción, desorden administrativo e ilegalidades cometidas en el sector público. Gracias a la democracia, demandas de este tipo tienen viabilidad, pues se pueden transparentar todas las acciones, someterlas a escrutinio público (a veces, casi hasta la impudicia) y esperar que operen, con autonomía, las instituciones que corresponden. Y así, al igual que cualquier ciudadano que está bajo sospecha de haber cometido algún delito, autoridades de gobierno, parlamentarios, altos ejecutivos y empresarios deben enfrentar los mismos procedimientos judiciales, someterse a los dictámenes de los jueces e incluso ir a parar a la cárcel. Doloroso, pero justo. Triste, pero igualdad de derechos ciudadanos.



Y esta norma, que debe ser general, encuentra atenuantes o excepciones en muchos de los mismos que hoy la exigen para el sector público, como lo hemos visto estos días en los reclamos patronales ante las acciones de la Dirección del Trabajo, o como ha sido la conducta de buena parte de la derecha política de rechazo o reticencia al uso de la justicia en materia de derechos humanos.



En Chile, los homicidas no sólo van a parar a la cárcel, sino que son parte de los titulares de prensa y de extensos reportajes televisivos que permiten, más allá de la condena judicial, el juicio moral público. Desde el Chacal de Nahueltoro, caso emblemático de un brutal homicidio explicable en la miseria, marginalidad e ignorancia de un hombre a quien se le aplicó la pena de muerte cuando comenzaba a entender el crimen cometido, hasta el más reciente de los asesinatos en serie de Alto Hospicio que causaron repulsa nacional, la población está informada y, por lo mismo, crea opinión pública y fomenta actitudes que permiten legitimar la acción de la justicia en el castigo a los culpables y reparación a las víctimas.



Décadas tomó a familiares de víctimas de los horrendos crímenes de la dictadura que, con todo el peso y recursos del Estado, masacró y desapareció a millares de chilenos, para que éstos pudieran ser denunciados públicamente, gracias a varias iniciativas de los gobiernos de la Concertación, desde la Comisión Rettig hasta la Mesa de Diálogo, y que el imperativo, no sólo de verdad, sino también de justicia, tuviera plena legitimidad y, así, evitar que prosperaran planteamientos de amnistía o punto final.



Verdad pública, pero para muchos familiares todavía a medias. Cientos de casos en los tribunales, pero justicia todavía para unos pocos.



Décadas en que ya una tercera generación de las víctimas, sus nietos, aún debe convivir con los recuerdos de un abuelo o abuela desparecidos y en que la humana necesidad de terminar de una vez con ese martirio, lleva a buscar caminos. Entendible en las víctimas, pero injustificable en quienes se les acercan para sacar dividendos de ese dolor y de su necesidad de alcanzar paz interior.



Encomiable que algunos parlamentarios de la derecha más dura se conmuevan frente a esta realidad y estén disponibles para ayudar a reducir la carga que traen en sus hombros estas familias. Como muy bien dijo una de las viudas, sólo tomando contacto con quienes fueron los culpables o con quienes están cerca de ellos, y se refería a la UDI, es posible obtener información, alcanzar la verdad sobre el marido o el padre desaparecido.



Mérito sin duda de estos años de democracia el que víctimas y victimarios puedan, finalmente, verse las caras y hablar para tratar de cicatrizar heridas aún abiertas, reconocer culpas, admitir errores y confesar verdades. Porque sólo con la verdad es posible conocer los hechos específicos en cada caso, identificar al culpable y así dar paso al ejercicio de la justicia. Si ese es el planteamiento que se ofrece a estos familiares, bienvenido.



Si la verdad se hace conocida y abierta, no sólo para reparación directa de los familiares de los desaparecidos involucrados, sino como muestra de que ello es posible frente a otros familiares que todavía esperan su verdad y frente a toda la ciudadanía, para que su difusión permita evitar la comisión de estos delitos y para que, asimismo, la sociedad legitime la necesidad de justicia ante estos crímenes, entonces bienvenida.



Si esta iniciativa que encabezan dirigentes de la UDI con algunos familiares de víctimas de la dictadura, muestra resultados prácticos y no sólo mediáticos, si lleva a avances en verdad y en justicia, entonces la derecha habrá iniciado, efectivamente, el camino de reparación que hace rato le adeuda a una parte de esta sociedad y se habrá ganado el espacio que esta democracia debe otorgarle a todos por igual, cualquiera sean sus ideas, porque eso en definitiva universaliza derechos, fortalece a la democracia, a todas las libertades y genera compromisos con su defensa.



Y, así como en el ámbito de los derechos humanos más básicos a la vida y a la libertad debemos contar con la justicia de su lado, otro tanto debe acontecer para los derechos laborales que son, al igual que los anteriores, parte de los derechos humanos.



La historia laboral reciente explica las resistencias de los trabajadores a iniciativas encaminadas a la flexibilidad laboral que, en su experiencia, han significado precarización y desprotección, al punto que ha debido disfrazarse el término flexibilidad por el de adaptabilidad de la jornada laboral.



Poner en la discusión nacional esta iniciativa supone un importante ejercicio de educación y de información que facilite desactivar los razonables temores de los trabajadores y que permita entender que, si bien es posible reducir las jornadas y adecuarlas a las necesidades de los procesos productivos, ello no significa desproteger a los trabajadores de sus prestaciones sociales, ni precarizar sus empleos, como lo demuestran exitosas experiencias europeas en la materia que han permitido, si no abatir el desempleo, contener el empleo ya existente frente a crisis o cambios y transformaciones productivas.



Y la única garantía para que una iniciativa de flexibilidad sea creíble, en un clima generalizado de desconfianzas por prácticas que trasgreden los derechos laborales, es que ésta sea, en primer lugar, pactada con acuerdo de las partes y, en segundo, que su implementación y cumplimiento estén amparados legalmente.



En una sociedad como la chilena, en que la ausencia de una cultura de respeto a los derechos laborales obliga al ejercicio de fiscalizaciones -a la espera que con el tiempo se creen hábitos de cumplimiento de los derechos- la Dirección del Trabajo juega un papel determinante. Impedir su acción, como lo han intentado algunos gremios a propósito de la iniciativa de Lavín de abrir el comercio los días domingos en la comuna de Santiago, no sólo es ilegal, sino que es una señal que avala las desconfianzas de los trabajadores frente a cualquier iniciativa de flexibilidad laboral que se quiera implementar.



De modo que, para ser consistentes con el clamor de justicia que muchos sectores de la derecha invocan junto con la independencia del poder judicial, deben mostrar igual vocación por el esclarecimiento de la verdad y la acción de la justicia en materia de derechos humanos, así como por el fortalecimiento y apoyo a las funciones de la Dirección del Trabajo y comprometer sus votos a la iniciativa gubernamental de acompañar las propuestas de adaptabilidad de la jornada laboral con la creación de tribunales del trabajo y juzgados especializados en materias de seguridad social.



Doloroso y triste, tal vez, para quienes con la aplicación de una misma vara ven afectados intereses específicos y modos de vida a los que se habían habituado, pero justo y expresivo de una sociedad de ciudadanos en que todos valen por igual en derechos y responsabilidades.



*Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21

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