Los daños -ambientales o a la salud- causados por cualquier empresa siempre significarán competitividad regresiva para el país, pues es el Estado y sus habitantes quienes deben pagar de alguna forma por la salud y la descontaminación.
Los habitantes de La Calera y los agricultores de la zona podrán respirar tranquilos al menos hasta este próximo lunes, cuando la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) Quinta Región se pronuncie respecto a la factibilidad de que Cemento Melón utilice al cuestionado petcoke como combustible, una sustancia resistida por amplios sectores de la comunidad local y mundial.
La pausa que definió la entidad gubernamental para decidir, finalmente, si acepta o no el uso del residuo tóxico, debiera sustentarse en intereses precautorios y no eminentemente económicos, como suele ocurrir la mayoría de las veces, debido a la gran presión que ejercen los grupos de poder que lograron, por ejemplo, que este elemento se utilizara en la central termoeléctrica de Guacolda, ubicada en el nortino valle del Huasco, ya casi saturado de contaminantes atmosféricos.
El petcoke -o coke de petróleo- es un subproducto de la refinación del crudo que, mezclado con carbón bituminoso, es empleado para generar energía en plantas térmicas, con costos bastante inferiores respecto a otros combustibles, ya que su valor de mercado es inferior al carbón.
Que la tonelada de petcoke se transe entre US$ 1 y US$ 40 en el mercado habla de los bajos costos que este material tendría -al utilizarse como combustible- en comparación con los valores del carbón y del gas natural, razón de peso para que empresas como Edelnor, Guacolda, Norgener y Electroandina, presionen con ahínco para su uso extendido dado su escaso valor, aún a costa de perjudicar la calidad y nivel de vida de personas y a los diversos informes que dan cuenta sobre los impactos ambientales negativos de dicha sustancia.
Más allá del nivel de toxicidad del petcoke, lo relevante de la discusión no pasa por asumir o determinar el grado de daño que las emisiones de azufre ocasiona a los suelos agrícolas o al organismo de los habitantes que viven en sectores aledaños.
El material particulado proveniente de los complejos termoeléctricos que utilizan petcoke como combustible es extremadamente elevado. Elementos como el niquel y el vanadio presentes en el petcoke son reconocidos por su carácter cancerígeno.
El dióxido de azufre, SO2, presente en las emanaciones de petcoke afecta las vías respiratorias y tiene un efecto notorio sobre los cultivos. Por su parte, la Organización Mundial de Salud, OMS, también ha sido enfática en señalar que cualquiera sea el nivel de compuesto soluble de níquel en el aire, el riesgo adicional para la población expuesta es de 4 casos de cáncer por cada 10.000 habitantes, y por cada microgramo de níquel por metro cúbico presente en el aire, lo cual es corroborado por el Ministerio de Salud advirtió que los altos contenidos de níquel puede generar un incremento de los casos de cáncer.
Defender en Chile el uso de combustibles excesivamente contaminantes que, por ser más baratos, «aumentan» la competitividad del país, lo que habla de la escasa o nula conciencia por parte de quienes solo buscan el «verde» en sus bolsillos, sin considerar el daño al ambiente, la salud de la población; ni a sectores importantes de la economía tales como la agricultura, uno de los pilares del actual modelo exportador.
Al tomar decisiones las autoridades no deben confundir la competitividad del país con la que buscan algunas empresas que externalizan sus costos ambientales perjudicando la salud de la población y a otros sectores productivos.
Los daños -ambientales o a la salud- causados por cualquier empresa siempre significarán competitividad regresiva para el país, pues es el Estado y sus habitantes quienes deben pagar de alguna forma por la salud y la descontaminación.
En el caso de las decisiones sobre energía en Chile, la pregunta de fondo es: ¿hasta dónde llegará el gobierno en su retroceso ambiental? Avanzar hacia energías limpias es abrir paso a las energías renovables y no retroceder al carbón o, peor aún, al petcoke.
¿Hasta cuándo se contaminará con el discurso de la producción limpia y la aprobación de proyectos sucios? Al gobierno del presidente Lagos sólo le quedan 3 años para resolver este grave doble estándar.
(*) Ex candidata presidencial, directora del Programa Chile Sustentable.
