La búsqueda de financiamiento para programas sociales pasa por la creatividad. Perfectamente podrían enajenarse importantes recursos retenidos en manos del fisco; o hacerse un esfuerzo serio por redistribuir el gasto público. El problema es que este es un gobierno de socialistas y para ellos siempre será más fácil subir impuestos.
Ya no hay dudas. El de Ricardo Lagos es un gobierno socialista y la prueba definitiva ha sido el anuncio de aumentar el IVA y otros impuestos. Ninguna expresión identifica más nítidamente a la izquierda y a su ideología, que la de alzar los impuestos para financiar el gasto social; sus capacidades creativas se agotan justamente ahí.
Todo esta historia de la «tercera vía» criolla, al estilo Blair, de Chile brillando en el contexto de la globalización, y la firma de tres tratados de libre comercio, son simplemente ilusiones ópticas de un país moderno y en vías de ser desarrollado, escenas para la televisión y para el ego de algunas figuras de la Concertación. A la hora de demostrar que efectivamente este es un gobierno eficiente, que actúa de acuerdo a pautas internacionales de crecimiento económico y social, todo queda en nada y se recurre una y otra vez a la vieja tesis de la recaudación tributaria, para resolver problemas de financiamiento.
La idea de subir el IVA es mala, pero la forma en la que se ha actuado es todavía peor. En enero, el ministro de Hacienda nos prepara el ánimo, justificando el aumento de impuestos para contrarrestar los 400 millones de dólares anuales que el país dejará de recibir por efectos de los tratados de libre comercio. Le respondimos en esa oportunidad que no íbamos a aprobar su propuesta, porque siempre se nos dijo que el gran beneficio de los tratados para Chile sería el crecimiento económico y si cada punto de mayor crecimiento equivalen a 150 millones de dólares más para el Estado, nos parecía innecesario sacrificar a los chilenos más pobres, aumentando un impuesto que los afecta especialmente a ellos.
Cuatro meses después, el guión cambia y el aumento del IVA ya no está destinado a palear la merma fiscal originada por los tratados, sino a financiar programas sociales. Probablemente los «comunicadores» de La Moneda estimaron poco conmovedora y contradictoria la explicación original y, temiendo que la ciudadanía se rebelara ante una medida regresiva y que inevitablemente afectará su nivel de consumo, optaron por endosar el alza al Chile Solidario y al AUGE (o, para ser más exactos, a lo que va quedando del AUGE).
No es la primera vez que los gobiernos de la Concertación engañan a los chilenos respecto del destino de mayores impuestos. Si hacemos memoria, la reforma de principios de los 90 estuvo destinada a gasto social, pero hasta la fecha, no obstante triplicarse los recursos para salud, educación y vivienda, no se advierten los beneficios. Incluso en ciertas áreas se ha retrocedido: el número de personas que viven en la extrema pobreza ha crecido; y la atención de salud y la calidad de la educación han empeorado.
Quiera o no admitirlo el gobierno, aumentar el IVA afecta a las familias más modestas, que destinan todos su ingreso al consumo; pensemos que quienes perciben el sueldo mínimo pagan un IVA de aproximadamente Ä„24 mil pesos mensuales! Y ante esa realidad, irrita oír al Ministro Vidal insistiendo en que este es un sacrificio, un acto de «solidaridad» que es necesario hacer, para beneficiar a los más pobres.
El alza afectará también al ritmo de crecimiento económico; se va a frenar la demanda interna y los incipientes signos de reactivación; y, una vez más, se está entregando una pésima señal, al cambiar las reglas del juego, restringiendo el consumo interno y la inversión extranjera que, por la incertidumbre que genera permanentemente el gobierno, ya es casi inexistente.
Francamente, admiro la audacia del gobierno para proponer un aumento del IVA, justamente cuando el país se ha estado imponiendo de graves irregularidades, que han comprometido en miles de millones de pesos el patrimonio fiscal.
Entonces uno se pregunta, ¿Por qué los chilenos tenemos que creer que el dinero recaudado, vía esta nueva reforma tributaria, va a financiar programas sociales? ¿No tenemos acaso el legítimo derecho de pensar que, por el contrario, parte de esos 300 millones de dólares se despilfarrará, o se lo robarán funcionarios corruptos, o se malgastará en programas mal diseñados y mal administrados?
La búsqueda de financiamiento para programas sociales pasa por la creatividad. Perfectamente podrían enajenarse importantes recursos retenidos en manos del fisco; o hacerse un esfuerzo serio por redistribuir el gasto público. El problema es que este es un gobierno de socialistas y para ellos siempre será más fácil subir impuestos.
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