Las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile solo tienen solución en los Tribunales de Justicia, bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Cualquier acción que no se remita a ellos está condenada al fracaso, porque su objetivo latente será eliminar un problema contingente, tratando de disolver una memoria colectiva que viene de triunfar contra el olvido.
Lo que hoy se persigue en los tribunales -seamos honestos en reconocerlo, por la acción inclaudicable de los familiares de las víctimas- es la responsabilidad objetiva de crímenes, cuya clausura solo es posible cuando la justicia condene o absuelva a los imputados, o los ofendidos, finalmente, se desistan o hayan muerto. Pero mientras haya una víctima no satisfecha en sus derechos, el problema seguirá igual.
Ese es el valor absoluto de los derechos humanos que hemos aprendido en estos años, y nada ni nadie, en ninguna parte, puede arrogarse la autoridad de soluciones globales frente a un dolor devastador cuyo significado solo conoce el que lo experimenta.
Sin embargo, sí podemos avanzar como país en el verdadero significado del nunca más. Que no puede ser otro que construir las condiciones para que el respeto de los derechos humanos sean un sustento fundamental de nuestra democracia, y para que el conjunto de sus instituciones funcionen efectivamente de acuerdo a este valor. Debemos aceptar que en ello hemos avanzado poco y a tropezones.
En ese sentido, la iniciativa de la UDI sobre violaciones de derechos humanos es positiva. Porque pese a ocurrir treinta años después de iniciadas sus causas y doce de funcionamiento democrático, termina con su negación del tema y admite que es parte de la agenda pública de Chile. Lo que a fin de cuentas permitiría crear las condiciones para un consenso político sobre el futuro del país en este campo.
Lo que no trasunta la actitud de la UDI es la convicción moral de que nada, absolutamente nada, justifica en cualquier tiempo y lugar, la violación de los derechos elementales de las personas. Importa menos un mea culpa sobre el pasado o una petición de perdón de esa colectividad, que esa convicción moral que, por la manera como justifica su postura, hace dudar de su sinceridad a la sociedad chilena.
Es la UDI la que tiene que convencer al pueblo de Chile, no con declaraciones sino con actitudes permanentes, que no están tratando de cuadrar su caja electoral con un mero cálculo de oportunidad. Y sin relación a nadie, porque cuando se habla de posturas éticas y morales la reflexión es respecto de uno mismo, de lo que cree o no cree, y por lo que está dispuesto incluso a dar la vida.
Ello es básico porque en estos treinta años el esfuerzo por transformar los derechos humanos en un valor fundante de nuestra democracia, ha debido enfrentar la negación sistemática de sectores, entre ellos la propia UDI, y la acción de mentirosos contumaces que han jugado con el dolor de miles de chilenos y el honor de sus instituciones.
Nunca más tiene sentido como frase si efectivamente el pacto social y político de la nación garantiza que el Estado no volverá a detener sin juicio, crear campos de concentración, exiliar o torturar a sus ciudadanos, en razón de sus opiniones políticas o de cualquier índole.
Si proclama que el Estado es una persona moral cuya responsabilidad es igual para el conjunto de poderes e instituciones que lo componen respecto de la defensa de los derechos humanos, y que ella puede ser perseguida en cualquier tiempo y lugar.
Si garantiza que no habrá tribunales que le nieguen a los ciudadanos en cualquier circunstancia el derecho a la justicia y al amparo judicial.
Si garantiza que los partidos políticos no transformen sus controversias en conflictos y a sus adversarios en enemigos a los que hay que eliminar cualquiera sea su signo u orientación política.
Nunca más si el pacto social y político garantiza efectivamente que sus fuerzas armadas se someten a la conducción del poder civil y hacen del respeto a los derechos humanos y la erradicación de los tratos crueles un elemento esencial y permanente de su formación doctrinaria y profesional.
Nunca más si la información es un bien público cuyo ejercicio debe ser garantizado de manera equilibrada y sin ocultamiento o falsificación de la realidad.
En la historia de la humanidad la política camina con los pies de los hombres y también con sus emociones, ni más lento ni más rápido. Y hasta ahora el país ha llegado apenas al grado de reconocer unánimemente que se violaron gravemente los derechos humanos en el pasado.
Por lo mismo, es necesario no sacar cuentas anticipadas mientras no creemos las condiciones prácticas del NUNCA MAS. Aceptemos escuchar al otro y hurguemos en nuestra historia. Sin perder de vista que el país viene saliendo de una emoción devastadora que lo ha consumido por treinta años y que todavía lo hará sufrir un poco más, pues, como dice una canción de Víctor Heredia «Todavía esperamos…»
(*) Abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.
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