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A 32 años de la «Nacionalización del Cobre»


En ese trabajo de investigación, el planteamiento fundamental es que la fuerte caída del precio del cobre durante 1996, se debía a una sobreproducción mundial de cobre, la que había sido creada por Chile y, sobre todo, por las empresas extranjeras que en el período 1990-1995 invirtieron en la industria minera. Que estas empresas, si bien ven disminuidos sus ingresos en Chile, siguen obteniendo utilidades. El profesor Caputo aseguraba, además, que la producción y las exportaciones chilenas explican la mayor parte del crecimiento de la producción mundial y de las exportaciones mundiales.



Junto con lo anterior, se planteaba allí alguno de los nefastos efectos que esa política, es decir, la política en materia de inversiones extranjeras implementadas por los Gobiernos de Aylwin y Frei tendrían para la economía chilena y para el país. Entre otros, quisiera destacar los siguientes:



ˇ Chile aumenta su participación en el mercado mundial del cobre. Sin embargo, la participación de Codelco disminuye. Es decir, Chile ha ayudado a fortalecer a las transnacionales del cobre que compiten con nuestro país.



ˇ Codelco y Enami tendrán disminuciones significativas de sus excedentes operacionales. Su aporte al Presupuesto Fiscal se verá gravemente afectado.



ˇ En la industria del cobre se dará un verdadero retroceso hacia la exportación de materias primas en sus formas más primarias. Chile está pasando a ser de productor y exportador de refinados de cobre a productor y exportador de concentrados.



En ese clima de entusiasmo y exitismo interno que se vivía en el «País de lo Negocios» el 96, ni los certeros análisis, ni las propuestas que allí se plantearon para revertir la situación fueron escuchadas por las autoridades. Es más, sectores académicos ligados a esferas de poder y que han sido liderados por Patricio Meller y dirigentes gremiales, relacionados al empresariado de la gran minería del cobre, han realizado desde entonces sostenidos esfuerzos -sin resultados- para desprestigiar e invalidar los planteamientos arriba expuestos.



Las afirmaciones hechas en el documento señalado se han venido constatando una por una durante los últimos seis años. Sin embargo, la crítica del profesor apunta a una cuestión que es mucho más de fondo, y ésta es, la ausencia de una política económica en los Gobiernos de la Concertación que promueva una inserción creadora desde adentro en el proceso de globalización de la economía mundial.



No nos olvidemos, que el programa de gobierno de Partidos por la Democracia a fines de la década de los ochenta, sostenía que «Reclamamos para el Estado chileno el derecho y el deber de aplicar una Política Chilena del Cobre. Este marco deberá comprender la defensa del patrimonio nacional, la estabilización del precio en los mercados internacionales, la promoción y fomento del consumo mundial, la regulación del ritmo de expansión de la producción chilena del cobre, el desarrollo dinámico de Codelco, la búsqueda del grado de elaboración más adecuado de productos mineros, y el apoyo efectivo de la investigación y el desarrollo tecnológico… Impulsaremos una política de modernización y expansión de Codelco… (Codelco) deberá desarrollar toda la potencialidad que su tamaño y su posición internacional le permitan» (Bases programáticas Económico-Sociales; Programa de Gobierno; Concertación de Partidos por la Democracia. Documentos la Época, Pág. 16 y 17).



Patricio Aylwin no modificó la política de inversiones extranjeras que implementó la dictadura de Pinochet, es decir, el Estatuto del Inversionista Extranjero (DL 600), el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central y el capítulo XIX del mismo Compendio, que permitía capitalizar pagares de la deuda externa. Es más, durante su gobierno se desarrollaron otros mecanismos con el fin «de mantener y ratificar las reglas del juego por las que hoy se rige la inversión extranjera. «Mi gobierno -dice Aylwin- mantendrá reglas claras y estables para la inversión extranjera que hagan no solo posible, sino atractiva la participación del capital extranjero» («El Mercurio», 17/05/90).



Esas decisiones de continuidad del modelo económico, tomadas al comienzo de los gobiernos de la Concertación, esfumaron toda posibilidad de concretar las promesas de «crecimiento con equidad» que ofertaron a los chilenos y, en lo particular de los productos de exportación, la falta de política económica, la apertura unilateral al comercio y al movimiento de capital han provocado una sobre producción de materias primas, disminución de los precios internacionales de dichos productos y una vuelta en esas ramas a los niveles más bajos de elaboración tal como se sostenía en el documento de 1996 citado.



Hoy, producto de un trabajo persistente y comprometido de unos pocos, un tema muy relacionado con el cobre, como lo es la Renta Minera se ha instalado en el escenario nacional. Ha quedado en evidencia, que somos uno de los pocos países en el mundo, en el cual las autoridades, con el afán de hacer «atractiva la participación del capital extranjero», ha renunciado voluntariamente a cobrar un derecho que nos corresponde a los chilenos por ser dueños de esa riqueza natural. La rentabilidad extraordinaria que ella les genera a las multinacionales no es atribuible a ninguna inversión de capital.



Agrava aún más la situación, el hecho que solo 2 de las 47 empresas mineras privadas que operan en el país pagan impuesto a la ganancia. En economía están claramente definidos la renta o royalty y el impuesto a la ganancia, como dos categorías económicas diferentes.



Se ha abierto entonces, a la opinión pública nacional, una situación de potencial escándalo que ya no podía seguir ocultándose. El gobierno ha definido una línea de opinión que desvirtúa el problema real; su planteamiento es obvio, sostiene que todas las multinacionales tienen que pagar impuestos. Eso es evidente. Lo que no explica el gobierno es por qué hay 45 transnacionales que no han pagado impuesto durante muchos años. Tampoco explica por qué hay 47 transnacionales en la minería del cobre y otras tantas en el sector forestal y pesquero que no pagan renta por el uso de una factor productivo.



Como vemos, la sobreproducción mundial de cobre y todos sus efectos sobre la economía chilena y, la enajenación de nuestras riquezas a través del no pago de la renta son el producto de una misma situación: la aplicación en nuestro país de un modelo económico sustentado en la religión oficial de la modernidad del «Dios Mercado», con sus dioses y rituales, su nueva curia, su arrogancia de clase, sus dogmas constituyentes e inexplicables los que, pacientemente han venido intentando imponernos a millones.



No me cabe ninguna duda que la resolución de fondo de estos temas, así como la de muchos otros que hoy están en la coyuntura: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la justicia plena y a la reparación, la pobreza…etc., no es posible mientras se siga aplicando este modelito.



(*) Recluso de la Cárcel de Alta Seguridad. Trabajo presentado y discutido en el Curso-Taller de Economía en la CAS.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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