¿Quién le devuelve el honor a los militares? - El Mostrador

Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 23:34

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¿Quién le devuelve el honor a los militares?

por 15 julio, 2003

Desde hace un par de semanas, los medios de prensa nos devuelven imágenes y palabras de dirigentes políticos que se esfuerzan por resaltar el significado de declaraciones de generales en retiro, de apoyar las actitudes e intervenciones del Comandante en Jefe del Ejército, o de aportar luces a lo que sería el paso decisivo para la reconciliación final de los chilenos en el tema de los derechos humanos.



De todo ello lo único que queda claro son dos cosas. Que tras doce años de democracia los civiles aún no aprenden como se ejerce el mando que por la Constitución tienen legítimamente sobre los militares y, segundo, que solo habrá reconciliación cuando haya verdad y justicia en todos los casos, tarea que está radicada en los Tribunales, y que obliga a todos los chilenos a contribuir -sin condiciones de ninguna especie- para que se haga en el menor tiempo posible.



Explícita o implícitamente -y a ello ha contribuido fuertemente el accionar de los militares, tanto activos como en retiro- se va construyendo un escenario muy parecido a una mesa de negociación nacional, a la cual el gobierno debería llegar, finalmente, con una propuesta. Que luego será evaluada por otros actores, entre ellos los propios militares y, seguramente, encontrada insatisfactoria por unos u otros. Mientras tanto, como acto previo, se suceden múltiples acciones menores que encausan las expectativas hacia el acto final, cada una con una cuota de interés corporativo a cuestas.



Eso fue la carta de los vice comandantes en jefe del Ejército, declaración de un grupo de funcionarios públicos jubilados, cuyo valor intrínseco es demostrar que, por lo menos en la época en que ellos sirvieron, hubo una política institucional que permitió las violaciones que hoy se condenan.



Eso es también la inútil y penosa comparecencia en un canal de televisión de un ex ministro de defensa, cuyas respuestas vagas y titubeantes sobre los temas institucionales de derechos humanos reafirmaron la convicción de que las Fuerzas Armadas se han manejado de un modo institucional casi absolutamente autónomo en esa materia y que los civiles, pese a sus arrestos y declaraciones, aún no encuentran "como hacerle", como dicen los mexicanos, para que ellas efectivamente queden sometidas al poder civil.



La consecuencia inevitable es que muchas situaciones se entrampen, que la agenda estratégica y profesional de la defensa no avance al ritmo necesario que precisa el país y que cuestiones simbólicas, pero muy significativas para los derechos humanos y la democracia, queden siempre relegadas para una mejor momento que nunca llega.



Ese es el caso de la devolución de los derechos y el honor militar que le corresponden a los militares que fueron exonerados después de 1973 por oponerse al golpe de estado. Juzgados por Cortes Marciales en tiempo de guerra, muchos de ellos fueron condenados a muerte, penas que por la presión internacional fueron cambiadas a presidio y años después, conmutadas por extrañamiento. Algunos, como el General Bachelet murieron en prisión, otros en el exilio; otros fueron privados de su nacionalidad, y todos, absolutamente todos, considerados traidores por sus compañeros de armas, fueron vejados o torturados, privados de todos sus derechos y dados de baja con deshonra por sus instituciones.



Esos militares, verdaderos héroes de la democracia en nuestro país aún esperan ser restituidos en su honor militar, y durante treinta años han debido sufrir todas las humillaciones en la solución de sus problemas, incluida la actitud prescindente de las autoridades civiles democráticas designadas por los gobiernos de la Concertación para administrar el sector defensa.



Lo más importante para estos militares, tal como lo planteaba hace algunas semanas uno de los más connotados del grupo, el capitán de la FACH Raúl Vergara, es la devolución del honor militar, que ellos entienden como un reconocimiento expreso de sus instituciones de que actuaron en forma correcta. Que su postura constitucionalista y su oposición a los militares insurreccionados era el actuar lógico y consecuente con lo que habían jurado al momento de abrazar la carrera militar. Creo que su razón es justa y es lo que corresponde hacer.



Pero no deseo entrar en una polémica de cómo, cuándo o si es posible. Ni menos salvar la situación reconociendo que una comisión gubernamental está estudiando como les devuelven aquellos derechos que por ley les corresponden a todos los miembros de las fuerzas armadas cuando pasan a retiro, incluidas sus credenciales de militares.



Pero sí deseo resaltar la ausencia absoluta de valor y coherencia por parte de los dirigentes políticos de la Concertación en todos estos años de democracia, para que fuera el Estado, en la majestad de sus instituciones, llámese Poder Ejecutivo, Congreso Nacional o Tribunales de Justicia, el que les devolviera el honor militar que los golpistas les quitaron a los militares constitucionalistas.



Es evidente que para los militares exonerados es importante que sus propios compañeros de armas lo hagan. Para nosotros los civiles demócratas es importante que también lo haga el Estado y sus dirigentes políticos, señalándole con esto el camino correcto que las instituciones militares deben seguir en esta materia.



Siempre se ha dicho que entre los valores más fuertes de las instituciones militares está el de la solidaridad y espíritu de cuerpo, el que en muchas oportunidades hemos criticado porque implica la asistencia incluso de aquellos que abandonando sus obligaciones cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Pero hemos aceptado su práctica como una obligación con un sentido institucional muy preciso, nunca en todo caso como un mecanismo de entorpecimiento de la justicia.



¿Por qué, entonces, debiéramos aceptar que la democracia y los demócratas hayan abandonado durante tantos años a los militares que dieron todo por su defensa, y no exigir un acto de reparación, que no depende de otra cosa que de la voluntad política de los gobernantes?



A treinta años del Golpe de Estado, en un contexto de búsqueda de ocasiones y acciones para la reconciliación nacional, se precisa de un efectivo acto de dignidad y de mando, en el cual la Democracia le reconozca en público a sus militares constitucionalistas el honor que siempre han tenido, y el justo lugar que les corresponde en nuestra historia patria.





(*) Abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.



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