¿Hasta cuándo los militares serán los únicos responsables de las violaciones a los derechos humanos y seguirán guardando silencio? ¿No empezarán a salir los nombres de los civiles que delataron, denunciaron, dictaron leyes, crearon instituciones y dieron órdenes perentorias? ¿Por qué no y de una vez todos los actores de 1973 asumen sus responsabilidades políticas en el quiebre democrático? ¿Por qué no dicen los que fueron gobierno a partir de esa fecha que ellos también responden, a lo menos mor
La acusación en contra del Director de Investigación de haber participado en interrogatorios y abusado sexualmente de sus víctimas, tras el once de septiembre de 1973, desató nuevamente la confusión entre los chilenos. Algunos actores de gobierno se involucraron en dos tipos de defensa. La primera señaló que se presume la inocencia hasta que no se pruebe lo contrario. Esto es especialmente cierto en el caso de marras, pues Nelson Mery ni siquiera ha sido objeto de querella criminal. La segunda es que el denunciado ha hecho mucho por la modernización de su institución y por el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos. Se trataría de una venganza orquestada por personas que están siendo procesadas por dichas violaciones.
Otros actores de gobierno dijeron que la segunda razón se cae por su propio peso. Por muy grande que haya sido su papel en la modernización de la Policía de Investigaciones, cosa que se reconoce ampliamente, ello no compensa en modo alguno hechos tan graves como los que se le acusa. Y justamente porque ha sido un importante actor en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, a él se le debe exigir más que a cualquier otro mortal. Finalmente, es cierto que Nelson Mery es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero ello no obsta a que sus responsabilidades políticas y públicas sean tan sensibles, mal que mal dirige una institución auxiliar de la justicia, que mientras tan lamentable manto de dudas se mantenga, no es prudente que ejerza su cargo. Este fue el criterio que terminó, no sin vacilaciones hasta hoy, por imponerse.
Sin embargo, la oposición al gobierno ha acusado al Poder Ejecutivo de doble estándar. Que lo que corresponde es la separación inmediata y definitiva de Nelson Mery. Eso fue lo que se le pidió a Rodolfo Stange. Eso sí recordemos que en ese caso por lo menos hubo un considerando de una resolución judicial que lo comprometió en un grave delito. Hay que recordar que en esa ocasión los papeles se invirtieron. El gobierno exigía la salida y la oposición la permanencia del Director General de Carabineros, hasta que no se probara su culpabilidad.
La cuestión de fondo es que una vez más hemos sido incapaces como chilenos de fijar un marco ético y político que fije un acuerdo nacional en torno al «Nunca más» a las violaciones a los derechos humanos. Dicho acuerdo nacional debiera contener el reconocimiento de las responsabilidades políticas en el quiebre de la democracia y que son la antesala de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además, debiera contener una explícita política nacional que signifique un compromiso histórico en orden a evitar los errores que nos llevaron al quiebre democrático, promover los derechos humanos y sancionar siempre a toda institución o grupo que viole los derechos humanos.
Si tenemos políticos profesionales es porque esperamos de ellos conducción, decisión y responsabilidades claras. Es sobre todo en momentos de crisis cuando más se les necesita. De su templanza, prudencia, fortaleza y justicia depende la nación entera y la legitimidad de la democracia. ¿No es el fracaso de la política chilena el entuerto en el cual estamos nuevamente metidos? ¿No es tarea de políticos el fijar un marco razonable que fije un camino definitivo de resolución a las violaciones de los derechos humanos? ¿ Es tarea de jueces, que no han sido elegidos directamente por el pueblo y que están preocupados de aplicar leyes que ellos no han dictado, el resolver tamaño problema? ¿Le corresponde a sentencias judiciales, revocables y que no fijan jurisprudencia, lograr el delicado equilibrio entre el saldar las deudas del pasado y abrir las puertas del porvenir, sancionar a los culpables y lograr la paz social?
El caso Mery lo resolverá un juez que dirá si las acusaciones son ciertas o no. Pero estemos claros que esta larga historia seguirá sin normas claras. Que los jueces cumplan su papel, por cierto. Pero, ¿y nuestros representantes populares?
Mientras no tengamos tal acuerdo histórico seguiremos todos dando «palos de ciego». Desde Uruguay nos ha llegado la noticia que dos guardaespaldas del Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet, mientras se encontraba en noviembre de 1992 en Argentina, participaron en el secuestro y asesinato de Eugenio Berrios. Se especula que hay militares en servicio activo que está envueltos en este y otros casos delictivos, acaecidos en plena democracia. ¿La oposición pedirá su salida inmediata cada vez que salten a la luz las acusaciones que ya están en expedientes judiciales?
¿Hasta cuándo los militares serán los únicos responsables de las violaciones a los derechos humanos y seguirán guardando silencio? ¿No empezarán a salir los nombres de los civiles que delataron, denunciaron, dictaron leyes, crearon instituciones y dieron órdenes perentorias? ¿Por qué no y de una vez todos los actores de 1973 asumen sus responsabilidades políticas en el quiebre democrático? ¿Por qué no dicen los que fueron gobierno a partir de esa fecha que ellos también responden, a lo menos moral y políticamente? Tamaños gestos de valentía y justicia mínimas serían un primer paso central. Mientras no lo demos, las heridas seguirán abiertas, el pasado no dejará nacer al porvenir y el futuro de los derechos humanos estará comprometido cada vez que hayan crisis políticas de importancia en Chile, como la que ocurrió hace treinta años atrás.
(*) Director Ejecutivo Centro de Estudios para el Desarrollo, CED.
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