¿Cuánto vale el bosque nativo en la visión del Estado? - El Mostrador

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¿Cuánto vale el bosque nativo en la visión del Estado?

por 29 julio, 2003

bajo esta óptica de fomento forestal y discriminación positiva para los pequeños propietarios, en la propuesta de ley de bosque nativo que se discute en el Congreso, ¿existen los incentivos necesarios para la protección y fomento del manejo sustentable del bosque nativo?

Hace ya demasiados años que el sector forestal chileno funciona con un marco regulatorio obsoleto. La principal consecuencia es que se ha visto fomentada la sustitución del bosque nativo por la plantación de especies exóticas, bajo los incentivos económicos del DL 701 de 1974. No es casualidad que al observar las cifras de las superficies totales de las plantaciones, los años de expansión y mayor crecimiento coincidan con los periodos de mayor consumo del bosque nativo, considerando la leña y el consumo industrial.



Esta situación responde a la lógica privada del negocio forestal que busca maximizar sus utilidades considerando sólo los costos directos que genera la explotación de plantaciones de especies exóticas (pino y eucaliptos principalmente). Debido al rápido crecimiento de estas especies, en torno a los 10 y 12 años, es posible una alta rotación de plantaciones, los cuales aumentan los ingresos de las forestales a costa del agotamiento de los nutrientes del suelo. Luego, para continuar con la ganancia se realiza la expansión a nuevos terrenos. Como lo ha expresado Fernando Raga, vicepresidente de Corma, en las proyecciones del sector para los próximos años la meta es incrementar en 500 mil hectáreas la superficie total plantada.



En las modificaciones realizadas al DL 701, en 1998, se creó una nueva legislación orientada a lograr una mayor focalización de los recursos en los pequeños propietarios, quiénes durante la aplicación del DL 701 entre 1976 y 1996 sólo representaron el 4% de los beneficiados, con una tasa promedio de 2.000 hectáreas por año. Con las modificaciones de 1998 la tasa aumentó a 8.300 hectáreas por año, es decir, se produjo un aumento en torno al 400%.



Entonces, bajo esta óptica de fomento forestal y discriminación positiva para los pequeños propietarios, en la propuesta de ley de bosque nativo que se discute en el Congreso, ¿existen los incentivos necesarios para la protección y fomento del manejo sustentable del bosque nativo?



Basta hacer cálculos simples para evidenciar que en la medida que no se realicen modificaciones al proyecto de ley, los pequeños propietarios no recurrirán a estos beneficios, a pesar de que poseen el 80% de la superficie con bosque nativo.



Si un propietario forestal realizara una plantación de pino radiata -especie que representa aproximadamente el 80% de la superficie forestada-, obtiene de los costos totales por parte del Estado subsidios para la forestación y raleo por un monto de US$ 570 por hectárea. En cambio, si desea preservar bosque nativo, es decir, realizar las actividades que permitan la regeneración natural del bosque o la protección de especies de alto valor ecológico, puede optar a subsidios que en el mejor de los casos llegan a US$ 230 por hectárea. Es decir, hay una diferencia de US$ 340 por hectárea, lo cual obviamente estimula la sustitución por sobre la preservación.



La diferencia es aún mayor si consideramos que el bosque nativo presta servicios ecológicos a la sociedad que nadie paga al propietario. De acuerdo al cálculo hecho por Terram, utilizando la metodología propuesta por Costanza, si tomamos como ejemplo el periodo que dura el ciclo de pino radiata (21 años), el valor de los servicios ecológicos prestados asciende a US$ 1.800 por hectárea. Este monto no es siquiera medianamente compensado por los recursos destinados a bonificar actividades de preservación y protección. Más aún, el proyecto de ley estipula el pago de la bonificación por una sola vez por superficie beneficiada, resultando económicamente prohibitivo para pequeños propietarios que se acojan a este tipo de bonificaciones.



La otra alternativa que tiene el pequeño propietario es realizar actividades de ordenamiento forestal que le permitan realizar un manejo sustentable de los recursos del bosque nativo, las que tendrían una bonificación máxima de US$ 480 por hectárea. Esto de todos modos significa una diferencia de US$ 90 por hectárea respecto al proyecto tipo de pino radiata.



Al análisis anterior cabe agregar que el concurso propuesto para la asignación de los fondos es una clara discriminación para los pequeños propietarios, que contrasta con los procedimientos directos para el acceso a los recursos definidos en el DL 701 y en su posterior modificación de 1998. Esto deja en evidencia que para los expertos de Hacienda una hectárea de plantación de pino todavía vale más que una hectárea de bosque nativo. Esta conclusión, además de ser limitada, está sustentada en el obsoleto Sistema de Cuentas Nacionales que no considera la descapitalización que significa para el país la reducción del bosque nativo. Si las políticas forestales siguen igual, se corre el peligro de que la visión oficial sea bastante parecida a la de los espejismos, que inducen a ver color verde y vegetación donde sólo hay desiertos y suelo inerte.



* director ejecutivo de Fundación Terram

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