Valdría la pena que algunos partidos mediten mejor los apoyos a sus militantes, ya que sus planteamientos y acciones no necesariamente coinciden con el bien común, y también sería bueno que el Gobierno fije mejor sus prioridades y en vez de estar preocupado de resolver problemas entre las empresas, se dedique a proteger también a los consumidores.
Llama la atención el tremendo barullo que ha ocasionado la famosa «ley corta» que se supone intenta solucionar los problemas urgentes del sector eléctrico: desacuerdos al interior del gobierno, discrepancias públicas entre jefes y subalternos, renuncias, demostraciones de fuerza de partidos de gobierno en contra del Ejecutivo, etc. Y llama la atención porque los temas que trata la denominada «ley corta» sólo los entienden a cabalidad un grupo reducido de expertos, ya que son de una complejidad impresionante y lo más asombroso es que el tema de la discordia tiene relación con desembolsos de las propias empresas eléctricas en favor de otras empresas eléctricas.
Pero escasas y menos notorias han sido las voces que se han alzado para exigir que se cumpla un dictamen de la Comisión Resolutiva Antimonopolio, entidad independiente del gobierno, que determinó hace más de 2 años, que el Ejecutivo debiera fijar tarifas para 25 servicios complementarios al suministro eléctrico, hoy con precios no regulados, como el corte y reposición del servicio, el arriendo de medidores, mantención del alumbrado público y apoyos en la postación eléctrica, entre otros.
Cabe destacar que este dictamen tiene una larga historia de esfuerzos, que partió el año 1996, cuando los diputados Isabel Allende y Armando Arancibia presentaron denuncias de cobros excesivos de parte de algunas empresas de distribución eléctrica por servicios como el arriendo de medidores y empalmes. Esto derivó en un proyecto del Gobierno del Presidente Frei, que terminó con la publicación de la Ley en el año 2000. La Comisión Resolutiva Antimonopolio estudió el caso un año y cuando al fin estuvieron dadas las condiciones para su fijación, la Comisión Nacional de Energía dirigida por Vivianne Blanlot simplemente no hizo los cálculos para que el Ministerio de Economía pudiera fijarlos.
No es difícil imaginar que a quienes les cortan el suministro eléctrico es precisamente a los sectores más pobres de la población. A modo de ejemplo una familia pobre que paga $ 3.000 mensuales en electricidad si no puede pagar, al final termina pagando $ 6000 por el corte y otros $ 6000 por reposición. Es decir $ 15.000, o sea 5 veces su cuenta impaga.
Valdría la pena que algunos partidos mediten mejor los apoyos a sus militantes, ya que sus planteamientos y acciones no necesariamente coinciden con el bien común, y también sería bueno que el Gobierno fije mejor sus prioridades y en vez de estar preocupado de resolver problemas entre las empresas, se dedique a proteger también a los consumidores.
(*) ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía.
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