Dios, César y el individuo - El Mostrador

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Dios, César y el individuo

por 31 julio, 2003

A fin de cuentas, hoy día, nos guste o no, nos halague o nos ofenda, se trata de dividir los asuntos no sólo entre Dios y el César, sino entre Dios, el César y el individuo.

A primera vista parece razonable esperar que el Estado, una vez que reconoce el matrimonio religioso, entregue a la confesión bajo la que los cónyuges se casaron, decidir si el matrimonio será indisoluble o si, en cambio, admitirá el divorcio. Si usted se casó ante una confesión que proclama la indisolubilidad del matrimonio, entonces parece razonable que no pueda, luego, divorciarse. Parece, a primera vista, como digo, inconsistente que el Estado, tan respetuoso de sus creencias a la hora de celebrar el matrimonio, le permita luego abandonarlas cuando se trata de disolverlo.



Se trata de un inconsistencia que, sin embargo, es solo aparente.



Porque la posibilidad del divorcio, incluso para aquellos que contrajeron matrimonio canónico, no importa privar a los creyentes de la posibilidad de un matrimonio indisoluble. Nada impide, desde luego, que amparado en su fe, un creyente pueda comprometerse para toda la vida y que, refugiado en esa misma fe, pueda luego resistir los embates de la vida y soportar, a veces contra toda esperanza, una comunidad de vida amenazada por los conflictos y por el desamparo. La ley civil no le impide, desde luego, que, amparado en su conciencia, soporte los malos tiempos y mantenga el matrimonio.



Pero si usted abandonó esa misma creencia, entonces el Estado no tiene ahora razón alguna para, amparado en el reconocimiento de la creencia que usted abandonó, imponerle un estatuto religioso en el que usted ahora, desgraciadamente, no cree. No hay aquí, entonces, paternalismo: el paternalismo supone que usted impone una decisión a otro, y, en este caso, se trata justamente de lo contrario: de, en vez de imponer una decisión, delegarla en la autonomía, o mejor todavía, en la conciencia, del creyente.



Porque la libertad de conciencia -la misma que suele esgrimirse a favor del reconocimiento del matrimonio religioso- consiste justamente en eso: en el derecho que usted tiene de adherir a una cierta creencia o convicción y de sujetar su vida a ella; pero también en el derecho que le asiste de abandonar esa misma creencia a la luz de su propio discernimiento.



La libertad de conciencia supone que cada individuo -este hombre o esta mujer que somos- está provisto de la facultad no sólo de adherir a una cierta noción del bien o del misterio de la vida, sino, además, de la posibilidad de revisarla, de someterla a escrutinio a la luz de la nueva información que la propia vida y su interacción con otros le ofrece.



La libertad de conciencia no sólo consiste en que cada hombre o mujer puede discernir para sí una cierta concepción del bien, sino que, además, consiste en que cada hombre o cada mujer puede revisar la concepción del bien a la que, en algún momento adhirió, para sustituirla por otra que, a la luz de las nuevas experiencias, refleja mejor su propio discernimiento.



Bajo el principio de la libertad de conciencia y el pluralismo religioso que de ella deriva, entonces, no hay inconsistencia alguna en que el Estado reconozca al matrimonio religioso; pero, luego, someta su disolución íntegramente a la ley civil. Es verdad que algunas confesiones sostienen que la indisolubilidad no es sólo una cuestión de fe. Pero, en tal caso, esa opinión no debe ser evaluada bajo el principio del pluralismo religioso o la libertad de conciencia, sino bajo las reglas de la deliberación democrática, la misma deliberación que, hasta ahora, no ha encontrado razones para acogerla.



No se me escapa que para un católico lo anterior puede resultar insuficiente. Cuentan con buenas razones para ello: un católico piensa que el derecho canónico es, hasta cierto punto, un derecho de inspiración divina, un conjunto de reglas intransitivas, que no se encuentran subordinadas a la mera voluntad del creyente.



Un católico piensa que el derecho canónico y la autoridad eclesial tiene vocación de juridicidad, piensa que la primacía de la Iglesia no es sólo pastoral, sino también jurídica. Temo, sin embargo, que desde el punto de vista del Estado democrático, esa es una demanda excesiva, una demanda que la propia índole del Estado contemporáneo, comprometido con la pluralidad, pero, a la vez, con la autonomía de los ciudadanos, no está en condiciones de admitir. A fin de cuentas, hoy día, nos guste o no, nos halague o nos ofenda, se trata de dividir los asuntos no sólo entre Dios y el César, sino entre Dios, el César y el individuo.





* Decano Facultad de Derecho Universidad Diego Portales.

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