«No podemos borrar el dolor del pasado, pero sí podemos actuar para reducir el dolor del presente y prevenir el del futuro en cuanto nos sea posible».
En los próximos días el gobierno dará a conocer su propuesta en materia de derechos humanos. Naturalmente todos los sectores políticos y sociales del país estamos expectantes, ante los caminos que propondrá el Presidente Lagos, para enfrentar un tema complejo, de enorme sensibilidad y que ha mantenido divido al país durante décadas.
En medio de esa expectación, la última encuesta CERC ha revelado información, a nuestro juicio clave, respecto de la percepción ciudadana en esa materia. Después de todo, los derechos humanos y sus implicancias éticas y jurídicas no son patrimonio exclusivo de un determinado sector político, ni siquiera de sus víctimas directas, sino de todos los chilenos; de manera que su opinión es fundamental y, esperamos sinceramente, que haya sido considerada en la iniciativa del gobierno.
El 44% de los encuestados valora la propuesta de la UDI. Entendemos esa valoración, primero, como un rechazo a las críticas y a la intolerancia demostrada por la izquierda, inmediatamente después de que anunciáramos el trabajo que se venía coordinando junto a un grupo de familiares de víctimas, incluso antes de conocer el contenido de nuestra posición.
Luego, creemos que es también un reconocimiento a la voluntad real y sincera de la UDI, de contribuir al reencuentro entre todos los chilenos, para superar décadas de violencia política en nuestro país. De otra manera, qué sentido habría tenido dar un paso como este, generando indiscutiblemente el ambiente para que, en una etapa nueva en la discusión, gobierno, Fuerzas Armadas, Iglesias, agrupaciones de familiares de víctimas y partidos políticos se sumaran con otras proposiciones.
Al mismo tiempo, de acuerdo a la encuesta, el 49% de la ciudadanía cree que es posible encontrar una solución a las violaciones de los derechos humanos. Si bien es una cifra considerable, refleja también una disminución de las expectativas respecto de mediciones anteriores, que yo no interpretaría como mayor pesimismo, sino como un cambio del enfoque público que ha experimentado el tema y, por cierto, de la maduración que como sociedad hemos sido capaces de alcanzar, para ir entendiendo lo ocurrido, su contexto histórico y sus lamentables consecuencias.
Tal como lo planteó el director de CERC, la pregunta es qué se entiende por solución. En la medida que el país ha ido conociendo más información respecto de los orígenes del desencuentro político y de las reales dimensiones de los hechos posteriores al 73, se ha aceptado que deberemos convivir varias décadas más con el dolor de quienes se consideran víctimas, de uno u otro lado; y, al mismo tiempo, la ciudadanía le ha ido asignando un mayor valor a la verdad, incluso por sobre la justicia. Más aún, me atrevería a señalar que, para el consciente colectivo nacional, hoy la verdad constituye también una medida de justicia en sí misma.
De ahí, entonces, la importancia de que la propuesta del gobierno promueva la búsqueda de esa verdad y, por tanto, considere incentivos, rebajas de pena o atenuantes para la entrega de información sobre casos de derechos humanos y, fundamentalmente, sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Y, un punto fundamental para acercarnos a la verdad y señal de responsabilidad, prudencia y auténtico compromiso con el bien común, es considerar seriamente la tesis que ha planteado la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, respecto de la vigencia de la Ley de Amnistía y su aplicación, en virtud del principio pro reo, consagrado en nuestra Constitución.
Resulta insostenible pretender continuar con la figura del secuestro permanente, para mantener juicios abiertos por tiempo indefinido. Ningún chileno puede creer que las personas desaparecidas durante el gobierno militar permanecen, efectivamente, secuestradas hasta hoy, cuando incluso las propias Fuerzas Armadas han admitido operaciones para lanzar cuerpos sin vida al mar. Es probable que esa figura haya sido de utilidad en algún momento de este largo proceso, pero a estas alturas se ha convertido más bien en un capricho jurídico, que no conduce a ningún lugar y que, al contrario, acrecienta todavía más la incertidumbre y el dolor de los familiares de las víctimas.
Esperamos, sinceramente, que el anuncio del gobierno haya recogido la opinión ciudadana y la de los familiares de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos; y contenga, por cierto, los tres ejes sobre los cuales creemos que debe sustentarse un camino de solución: la entrega a las familias de una reparación al daño moral causado; una fórmula para la agilización de los procesos penales y la prescripción cuando corresponda; y la aplicación de la ley de amnistía.
Finalmente, me parece oportuno reiterar el mensaje contenido en el documento que la UDI entregó hace algunas semanas al gobierno: «No podemos borrar el dolor del pasado, pero sí podemos actuar para reducir el dolor del presente y prevenir el del futuro en cuanto nos sea posible».
Escriba al correo personal del diputado Patricio Melero
Vea otras columnas del autor
