Privacidad y libertad de expresión - El Mostrador

Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 03:29

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Privacidad y libertad de expresión

por 4 agosto, 2003

Que los jueces deban, en cada caso particular, determinar qué derecho tiene más importancia -no mayor jerarquía- es tan esencial a su tarea, como que el legislador dicte una ley que no pueda (ni deba) abarcar todas las posibilidades de acción humana.

La Constitución Política de Chile, al igual que los principales tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha ratificado y que se encuentran vigentes, consagran, dentro del catálogo de derechos, dos bienes jurídicos de gran relevancia y que, sin dificultades, suelen entrar en tensión. Se trata, por una parte, del derecho a libertad de expresión y, por otra, del derecho a la protección a la honra, la vida privada y a la imagen.



La vida cotidiana presenta incontables situaciones en las que estos derechos, de igual jerarquía normativa, colisionan. Cuando se investiga un acontecimiento de interés público -como un grave delito, por ejemplo-, es común que algunas personas se sientan afectadas por el tratamiento que los medios de comunicación social hacen de dichos sucesos. Y lo que suele ocurrir en tales circunstancias es que los tribunales de justicia deban intervenir. Ejemplos de lo anterior pueden fácilmente encontrarse.



Tan sólo en el último año, hay, a lo menos, tres casos: en octubre de 2002 se presentaron recursos de protección para prohibir la exhibición de la obra de teatro "Prat"; en diciembre del mismo año se acogía una solicitud de incautación de todos los ejemplares del libro: "Cecilia, la vida en llamas", y hace muy poco la Corte de Apelaciones de Santiago ha dictado una orden de no innovar, prohibiendo la exhibición del capítulo "Fiesta Mortal", del programa de televisión Enigma.



¿Qué ocurre en estos casos? ¿Es legítimo que se recurra a los tribunales de justicia para que se prohíban estas informaciones? ¿Puede un medio de comunicación, o cualquier persona, decir o informar lo que quiera sobre otros? En definitiva, ¿cuáles son los límites entre el derecho a informar libremente y el derecho a la protección de la privacidad?



Como cuestión previa, permítaseme señalar que en el concepto de derecho a la privacidad entiendo incluido el derecho a la honra (y honor), a la vida privada y a la propia imagen. Ello, porque lo cierto es que la palabra "privacidad" es un anglicismo -privacy- que, sin embargo, se ha instalado entre nosotros, dando lugar a no pocos equívocos conceptuales.



Pues bien, abordando la cuestión principal: ¿cómo conciliar estos dos derechos que parecen tener caras antagónicas? Al respecto, lo primero (y, en mi opinión, lo más importante) es que no es posible establecer de manera abstracta y a priori una relación de precedencia entre ellos. Esta ha sido una de las doctrinas judiciales más perversas que Chile ha tenido, acentuada por la tesis que se expusiera en 1993, en el sentido de que el artículo 19 de la Constitución contempla un orden lexicográfico de los derechos y garantías allí asegurados (tesis inaugurada por el actual ministro del Tribunal Constitucional, José Luis Cea).



Los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la privacidad, tienen una misma jerarquía normativa: ambos son derechos constitucionales, o derechos humanos o derechos subjetivos públicos. Cada uno tiene, eso sí, caracteres especiales que lo dotan de una particularidad al momento de hacer el ejercicio de ponderación entre ellos: la privacidad, en todas sus dimensiones, se conecta directamente con la dignidad de las personas, mientras que la libertad de información es esencial para la vigencia de un sistema democrático.



Lo que corresponde hacer, en consecuencia, cuando inevitablemente debe optarse por uno de los dos es ponderarlos, vale decir, determinar el peso relativo que cada uno de ellos tiene, en el caso en particular y no de modo general, para así resolver la "precedencia condicionada". Uno de los dos derechos precede al otro, bajo determinadas condiciones; por lo mismo, es perfectamente posible, que, bajo circunstancias diferentes, la precedencia sea inversa.



Así, por ejemplo, si la información que se impugna como atentatoria en contra de la privacidad lo es respecto de personajes públicos -políticos, deportistas, artistas, etc.- el estándar de protección que el juez debe utilizar es ciertamente menor que si se trata de una persona común y corriente. Se trata de personas que libre y voluntariamente se exponen al escrutinio colectivo, de modo que parece irrazonable que puedan alegar la misma esfera de protección que los ciudadanos comunes (de allí el anacronismo de las "leyes de desacato" respecto de ciertos funcionarios públicos).



Si, asimismo, la información reviste un claro interés social, entonces, el que se trate de "personas públicas" o privadas -excúseme la expresión- parece ceder terreno ante la importancia de robustecer el debate colectivo. Pero si, a la inversa, la intromisión que se hace en la vida (o en la imagen u honra) de alguien no tiene justificación legítima desde el punto de vista de una sociedad democrática, entonces pareciera que la libertad de expresión ha de dar paso a la protección de este derecho a la privacidad.



En tal sentido, si bien el legislador puede establecer directrices generales que orienten la labor del juez, no parece sensato esperar de aquél una ordenación exhaustiva del modo como ha de resolverse la colisión de derechos. Una manifestación de ello es la Ley de Prensa, vigente desde junio de 2001, que ha realizado un esfuerzo en este sentido, enumerando situaciones que, en concepto del legislador, son de interés general.



Desde luego, las circunstancias de la vida siempre van a ir más allá de lo que la ley ha podido prever, razón por la cual es preciso confiar en la capacidad de los jueces para dirimir estas situaciones, apelando no a su moral personal, sino a los principios y normas que el ordenamiento jurídico contempla. No es esto una deformación de nuestro sistema institucional, sino, todo lo contrario, un correcto funcionamiento de él. Que los jueces deban, en cada caso particular, determinar qué derecho tiene más importancia -no mayor jerarquía- es tan esencial a su tarea, como que el legislador dicte una ley que no pueda (ni deba) abarcar todas las posibilidades de acción humana.





* Profesor Ayudante de Derecho Constitucional. Universidad Diego Portales.



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