Con mucho entusiasmo, hemos visto los regionalistas y en especial Los Federales, las noticias emanadas desde el Parlamento, frente a la inminente entrada al trámite legislativo, de las reformas regionales. Estas, marcan un hito y punto de inflexión, no visto desde el año 1992, año en que se crean los gobierno regionales, ya que -además de ser una preocupación por el actual gobierno los temas sectoriales a nivel nacional, como educación, salud, empleo- se ha comprendido como prioritario, también, adentrarse al complejo tema de la organización y funcionamiento de una sociedad democrática en los territorios.
Es un hito, porque marca, por un lado, el compromiso asumido por el Presidente Lagos, en su programa de gobierno, de profundizar la democracia en los territorios, desarrollando un proceso de descentralización y autonomía regional, así como por otro lado, la comprensión al interior de la burocracia estatal, que el Estado es más que los organismo centralizados y un ente jurídico, siendo fundamentalmente, un organismo diversificado a partir de distintos niveles de emergencias, comunas, regiones y país, y por lo mismo, territorial, y por tanto, que debe beneficiar democráticamente a las sociedades locales con las cuales interactúa.
Así es como, nos es altamente gratificante, ver al Ministro de Interior, describir el pasado martes, los puntos, tanto constitucionales, como legales, de las reformas que se ingresarían al trámite legislativo en la primera semana de agosto. Esto nos remotiva las esperanzas en nuestras autoridades, que han comprendido que el poder más horizontal, en sí es más democrático, y más eficaz, dado que son los propios cercanos a los problemas regionales los llamados a generar soluciones, sin esperar que el papá centralista, nos solucione todo.
Referente a las implicancias constitucionales, señalo la necesidad de reformular el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, delimitando los roles y funciones, tanto del Intendente, delegado del presidente y el nuevo cargo de Presidente del Consejo Regional. Asimismo, se sugiere delimitar las competencias del Intendente y Gobernadores, y así como la apertura a la generación de potestades reglamentarias de los gobiernos regionales, la creación de servicios públicos regionales, las normas habilitantes sobre ingresos propios del gobierno regional, patrimonio regional, normativas en materia de fomento productivo.
Como reformas relacionadas con la organización regional, surge como relevante, desarrollar un marco general que promueva la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil al interior de las regiones. Asimismo, se hace prioritario reformar, vía elección democrática, la forma de elección de los consejeros regionales y la definición de áreas prioritarias de inversión regional, así como lo que respecta al gobierno de las Áreas Metropolitanas y el establecimiento de Territorios Especiales y sus Estatuto de Administración.
En el plano de las implicancias legales de las reformas, se plantea la búsqueda un mayor perfeccionamiento en las competencias del Gobierno Regional, el fortalecimiento institucional del Intendente, las iniciativas del Consejo Regional y el mejoramiento económico de los consejeros. De la misma manera, se plantea la reformulación del Servicio de Administración del Gobierno Regional, generando entre otras acciones la creación del cargo de Administrador Regional, el fortalecimiento de las Secretarías Regionales Ministeriales, la reformulación de la metodología en el diseño presupuestario e inversión regional (reorientando el FNDR), las disposiciones de transparencia regional y la promoción del asociativismo regional.
Al hacer una retrospectiva sobre el itinerario de la reforma regional, podemos decir que, esta iniciativa ha sido por primera vez, una iniciativa política, ya que involucra un nuevo contrato social, producido básicamente por el aprendizaje de las autoridades y las instituciones, así como por los actores políticos en general. Esto hace sentido desde la teoría democrática, ya que toda democracia, como señala Eolo Díaz-Tendero, está en constante perfectibilidad, a partir de la adaptación de la sociedad en sus procesos propios de cambios, que la hacen evolucionar hacia mejores y mayores estados de desarrollo.
Para un buen itinerario de nuestro proceso de descentralización, creemos conveniente observar lo que ha ocurrido en otros países sobre el tema. En especial, podemos señalar el caso español, que con la constitución de 1978, consagra y plasma el Estado Autonómico, dentro del Estado Unitario español. Es interesante, en la medida que se da un proceso de descentralización dirigido y reglamentado a nivel central, pero desarrollado a manera particular por cada una de las autonomías, a medida que esta comprendía los grados de eficacia de la puesta en marcha de este proceso de profundización democrática en los territorio.
Es por esto, que es necesario integrar a la discusión a los lideres y grupos de las regiones, con el fin de hacer el soporte necesario a nivel intrarregional del buen desarrollo del proceso que comienza. Asimismo, creemos necesario, realizar prospecciones en torno a la deriva de cada uno de los casos, como forma de visualizar los efectos no esperados o no reglamentados del todo en la actual reforma regional. Sistema electoral, articulación entre los distintos niveles del Estado, presupuestos diferenciados para inversión regional e inversión comunal, relación del ejecutivo regional con ediles, etc, son temas necesarios de visualizar hacia el futuro.
Finalmente, nos queda por decir, que es necesario contar con el apoyo transversal de las diputado y senadores que comprenden la necesariedad de avanzar en descentralizar nuestro país, así como los que han suscrito el compromiso impulsado por la Corporación Nacional para el Desarrollo Regional (Conadere), denominado como: «Yo Voto por las Regiones».
Nosotros, Los Federales, por nuestra parte, perseveraremos en un modelo de país, en donde cada comunidad regional, tenga el derecho a realizar sus apuestas de desarrollo, elegir a sus autoridades y controlar el uso, en parte, de los impuestos que genera.
(*) Diputado PPD por Rancagua
(**) cientista político
