Supremo apuro - El Mostrador

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Supremo apuro

por 6 agosto, 2003

Todo hace pensar que el apuro del Poder Judicial por lograr su autonomía financiera -sin ofrecer nada a cambio- es inoportuno e inadecuadamente planteado. El hecho de responder a las criticas fundamentadas con respuestas de corte autoritario, en nada ayuda la causa de los jueces.

Según recientes declaraciones del ministro de la Corte Suprema Hernán Álvarez, los miembros del máximo tribunal quieren apurar al máximo la definición del gobierno respecto de las mejoras económicas y autonomía financiera del Poder Judicial.



"Las necesidades son ahora, no de mañana", alega el ex presidente del máximo tribunal, quien está a punto de cumplir la edad para culminar su carrera en el Poder Judicial. La misma frase podría aplicarse también a los miles de casos judiciales que tardan años en lograr una sentencia. ¿o no?



A pesar de que la iniciativa fue recién entregada al Gobierno hace poco más de un mes, Alvarez no esconde la procuración por el "lento avance" en las conversaciones e, incluso, hace ver su deseo de que se imponga "una actitud más dinámica" a las aspiraciones de independencia económica de los jueces.



Hernán Alvarez -único miembro de la actual Corte Suprema que no ascendió en democracia- reacciona vigoroso y molesto frente a la crítica de quienes piensan que las aspiraciones económicas de los jueces no pueden ser discutidas ni negociadas en el momento en los que tienen que decidir tal beneficio económico se encuentran en la mira de los tribunales de justicia. Para el ex presidente de la Corte Suprema estas expresiones representan "un agravio a la dignidad del los miembros del Gobierno y del Poder Judicial".



El traspaso de autonomía, sin velar por un debido equilibrio o contrapeso, entraña el riesgo de crear sistemas judiciales cerrados y auto-referentes. El traspaso de facultades de mayor independencia a los sistemas judiciales debería ir de la mano con medidas que permitan mayor apertura del sistema judicial al escrutinio público.



El hecho de dotar al Poder Judicial de mayores atribuciones y autonomía sin pedirle nada a cambio, puede traer consecuencias bastante peligrosas. Ese traspaso de poder, podría generar autoridades judiciales aun más refractarias al control público.



Por tratarse del único Poder del Estado que no se somete periódicamente al veredicto ciudadano en las urnas, resulta indispensable que cualquier transferencia de poder vaya acompañada con exigencias de mayor apertura y control ciudadano.



Para lograr lo anterior, primero se debería eliminar el manto de secreto que comúnmente rodea la función judicial. Para ello no sólo es esencial que los jueces puedan expresar sus opiniones libremente, sin sufrir reprimendas de parte de sus superiores, sino también conseguir algo que es esencial para el control público de las decisiones judiciales: que ellas sean debidamente fundamentadas, de forma tal que el ciudadano común y corriente, comparta o no la decisión del juez, se halle en condiciones de seguir y reproducir el razonamiento que lo llevó a una determinada conclusión.



Salta la duda sobre si es posible encontrar una ecuación adecuada entre libertad y responsabilidad en los procesos judiciales. La independencia y fortaleza del Poder Judicial arranca más de su legitimidad social que de la letra de una Constitución o de una Ley. Por lo tanto no solo bastan los cambios legales para lograr los resultados buscados.



Los poderes judiciales más consolidados en el continente, no debieron sufrir muchos cambios para adaptarse a los regímenes dictatoriales de los 70 y 80. Les bastó, a esos regímenes, revestirse de una cierta validez formal para que sus acciones fueran aceptadas por los jueces sin mayores cuestionamientos. En consecuencia, hoy, en democracia, el Poder Judicial también debería aspirar a ser reconocido por la opinión publica como una institución del Estado que forma parte del entramado democrático donde se promueve la participación y contribución de sus integrantes hacia la sociedad.



La existencia de un Poder Judicial independiente pero a la vez responsable, depende de la calidad de sus integrantes. Resulta positivo que los jueces sientan, por una parte que el cargo que ocupan se debe a sus propios méritos; pero también deben percibir que hay una sociedad observándolos y opinando libremente sobre su conducta y decisiones.



Todo hace pensar que el apuro del Poder Judicial por lograr su autonomía financiera -sin ofrecer nada a cambio- es inoportuno e inadecuadamente planteado. El hecho de responder a las criticas fundamentadas con respuestas de corte autoritario, en nada ayuda la causa de los jueces.



Aquí no está en juego la "dignidad" de nadie. Aquí está en juego un tema económico que es de gran interés público, por lo tanto, todo contribuyente tiene el legítimo derecho a opinar.





* Miembro Comité Pro-Defensa Ciudadana.



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