Universidades Públicas: inequidad en el principal aporte fiscal - El Mostrador

Martes, 21 de noviembre de 2017 Actualizado a las 07:20

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Universidades Públicas: inequidad en el principal aporte fiscal

por 14 agosto, 2003

En el marco de la igualdad de oportunidades como objetivo político de fondo para su gobierno, el presidente Lagos ha dicho reiteradamente que: "Debemos ser capaces de garantizar a los jóvenes de Chile que puedan soñar con alcanzar la Educación Superior, sin otro norte ni otra exigencia que su dedicación al trabajo y sus capacidades intelectuales y morales", y el Ministerio de Educación, en los cuatro ejes de su Política de Educación Superior, pone en la mesa, con mucho acierto, énfasis y oportunidad, algunos de los elementos claves para un desarrollo armónico del país:



1. El mejoramiento de la calidad de la educación superior en todos sus niveles.
2. La igualdad de oportunidades que se expresa tanto en la equidad en las condiciones de acceso, como también de retención en el sistema universitario.
3. La regionalización o fomento del desarrollo regional.
4. La internacionalización de la Educación Superior.



Con relación al eje 3, la regionalización o fomento del desarrollo regional, el gobierno declara que: "Las instituciones de Educación Superior aportan al país, cuando aportan a la región en que están insertas. Es muy importante que las personas de distintos lugares no tengan que viajar a Santiago para formarse, actualizar sus conocimientos o capacitarse en nuevas destrezas.



Estas instituciones y en particular las universidades, deben contribuir a través del estudio de los problemas locales y la asesoría del sector público y privado al desarrollo económico, social y cultural de la zona, mejorando la confianza del sector productivo, para que las empresas puedan optar por ubicarse en la región porque confían en la calidad de sus recursos humanos.



Debemos ser capaces de distribuir equilibradamente, a lo largo de todo el territorio nacional, el progreso espiritual y material que las instituciones de educación superior son capaces de producir.



La educación superior chilena puede hacer una gran contribución a la integración del país, contribución en que por precedencia histórica, cabe a las universidades regionales un papel pionero." (Política de Educación Superior).



Es decir, el Presidente, a través del Mineduc, asigna un rol central a las universidades como instrumentos para fomentar el desarrollo regional y asegurar por esa vía igualdad de oportunidades para que, en definitiva, las personas accedan a unos niveles adecuados de calidad de vida.



Para que las "ues" cumplan la misión señalada, el país les aporta importantes recursos (unos 285 millones de dólares para este año). Se utilizan diversos mecanismos para distribuirlos: por concurso, por situación socioeconómica, por captación de los 27.500 mejores puntajes de la PAA y por subsidio directo.



Todas las modalidades de asignación, excepto la última obedecen a criterios competitivos o por situación socioeconómica (ayudas estudiantiles) y, por supuesto, estando definidas en un marco de reglas claras son inobjetables y deseables como mecanismos.



Sin embargo, el subsidio directo, correspondiente al Aporte Fiscal Directo (AFD) y que representa cerca de la mitad de los recursos es la modalidad que mayor monto distribuye (unos 146 millones de dólares). El AFD está definido por el Estado como un "Fondo de ayuda exclusivo para las universidades que integran el Consejo de Rectores. Consiste en un subsidio de libre disponibilidad asignado en un 95% conforme criterios históricos y el 5% restante de acuerdo con indicadores de eficiencia anuales".



Ese 95% se entrega a través de porcentajes de participación establecidos en virtud del artículo 2ÅŸ del DFL NÅŸ 4 del año 1981, sin indicadores de ninguna especie, lo que significa que la distribución emana de una decisión política implementada ese año y que continúa hasta hoy vigente. Por cierto, es una decisión legítima y por ello debemos entender que la voluntad política de los poderes públicos (en este caso, Gobierno y Parlamento) se expresa en esa modalidad de distribución.



La proporción que, de acuerdo al articulo 2ÅŸ del DFL NÅŸ4/81, corresponde a cada universidad sobre el monto (ese 95%) a distribuir para el año 2003 es la indicada en la gráfica NÅŸ1.







Como la formación de profesionales es la principal y masiva actividad del sistema y considerando que el Aporte Fiscal Directo es el único aporte basal más estable con que cuentan las instituciones, es relevante verificar el resultado de la aplicación de esa proporción, distribuida por alumno de pregrado.



Este indicador resulta ser una medida de la potencialidad de una universidad para, junto al cobro de aranceles, poder proyectar con mayores o menores restricciones el nivel de atención y prestaciones académicas que podrá otorgar a sus alumnos.







Al observar las gráficas, se hace evidente que tanto la distribución prevista en la ley como el potencial per cápita no son coherentes con los objetivos de desarrollo armónico en pos de una mayor equidad que declara, con toda su visión de estadista, el Presidente Lagos y que busca su Gobierno, a través de esos importantes cuatro ejes de la Política Pública de Educación Superior definida por el Ministerio de Educación.



Además, con lo establecido en el DFL NÅŸ4 resulta una distribución que asigna a las cinco universidades de la Región Metropolitana el 46,66% del AFD de decisión política; pero ellas atienden sólo al 35,34% de los alumnos.



Por su parte, la distribución institucional per cápita por alumno anual es, por decirlo con suavidad, "muy delicada" si se evalúa en relación con las declaraciones y la política pública; ya que diecinueve de veinticinco instituciones, un 76%, están por debajo del promedio del sistema.



Con esas condiciones de inicio tan dispares, nos preguntamos: ¿Cómo lo pueden hacer la mayoría de las universidades públicas para poder cumplir con los objetivos y metas que acertadamente les plantea el Presidente de la República?



Con esas brutales desigualdades: ¿Cómo lo deben hacer la mayoría de las universidades públicas para articularse a los nobles y acertados ejes estratégicos de la política pública de educación superior?



Vemos con claridad el que la inequidad en la distribución del principal aporte fiscal a las universidades públicas es un inexplicable freno al despliegue de la política pública de educación superior del propio gobierno. Constituye, además, un "pie de barro" que impide la utilización plena de las potencialidades del sistema regional de universidades, en beneficio de todos los chilenos.



Para tener un Chile que sea más CHILE para todos, es necesario avanzar más rápido en la eliminación de aquellos factores que producen las groseras desventajas de inicio a que deben enfrentarse la mayoría de las universidades públicas.





(*) Vicerrector Académico de la Universidad del Bío-Bío. Arquitecto, Magister en Urbanismo, Doctor en Gestión y Valoración Urbana (c).



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