El MOP ha sido objeto de una campaña mediática que le ha dado ante la opinión pública una imagen muy negativa, al acusársele de ser una repartición pública donde se han cometido muchos actos irregulares y corruptos.
Estos ataques tienen en buena parte una intención política pero también han provenido de parlamentarios o dirigentes de partidos de Gobierno que han hecho declaraciones desinformados de la realidad del Ministerio.
Pero sin duda lo que principalmente ha contribuido a este clima de desconfianza en el Ministerio ha sido la actitud adoptada por el Ministro Etcheberry de considerar que su rol en esta cartera no era como fue el del ex Ministro Cruz de tener como objetivo alcanzar un máximo de obras a realizar, de donde nacieron las concesiones, la carretera de la costa, la ruta interlagos, la carretera del sur hasta llegar a los campos de hielo y tantas otras que significaron una inversión anual record de dos mil millones de dólares.
Desde su llegada, el Ministro Etcheberry más que proponerse generar recursos para más obras apareció como un enviado del Ministerio de Hacienda a esta cartera para disminuir el nivel de gasto. Entendió que su rol era mejorar la productividad y perseguir la supuesta corrupción que habría imperado en el MOP desde épocas pasadas. En ese rol evitó cualquier ayuda a quienes fueron procesados por el pago de sobresueldos que afectó a la institución a principios del presente año, a pesar de ser esta una práctica que el también realizó, sino que también se encargó de desprestigiar la tremenda obra que realizaron sus antecesores, especialmente aquella que correspondió al ex Ministro Carlos Cruz. En este sentido, con su labor solo ha conseguido crear entre los funcionarios un clima de desconcierto y miedo que tiene al MOP en un alto grado de paralización. Es una lástima que el Presidente Lagos, que bien conocía al Ministerio no se percatara que su permanente respaldo al Ministro lo hace cómplice de la situación por este creada.
Yo estoy muy orgulloso de los casi tres años que estuve en el Ministerio primero como Director General y luego como Director de Vialidad. Tuve la oportunidad de conocer un conjunto de funcionarios honorables que aunque mal pagados respondían perfectamente a su misión aun en circunstancias admirables como los que exponían su vida despejando de nieve las rutas en la alta cordillera o conteniendo ríos que amenazaban poblaciones en los grandes temporales.
También del conocimiento de las empresas consultoras y constructoras que en sus contratos en conjunto con obtener la legítima utilidad que les corresponde, son los socios del MOP en la tremenda obra social que es construir la infraestructura de Chile.
Ante el cambio de Ministro consideré conveniente retirarme, fui convencido por el ex Ministro Cruz de permanecer en mi cargo, por estimar que así podría aportar a la nueva gestión. Si bien nunca estuve de acuerdo con la gestión de Etcheverry, trabajé lealmente con él y su equipo, hasta que en septiembre de 2002 le manifesté que renunciaría al Ministerio tan pronto terminara la implementación del PLAN VIALIDAD que desarrollamos con los subdirectores. Esta renuncia se apresuró por la actitud del Ministro frente al caso GATE que motivó mi renuncia. La carta en que junto con mi renuncia explicaba mis razones fue guardada a petición del Ministro que solo dio a conocer los aspectos formales de la misma.
La corrupción en el MOP
La eventual corrupción que pudiera existir en el MOP es la participación de funcionarios que a cambio de un pago o «regalo» puedan facilitar una mayor utilidad a las empresas contratistas, sean estas constructoras o consultoras.
Esto podría ocurrir en tres situaciones:
Facilitar que una propuesta pública se asigne a una determinada empresa. El Reglamento de Propuestas es muy estricto. Se forma una Comisión de evaluación de las propuestas que determinan la nota técnica de cada proponente que afecta el precio ofrecido de modo de establecer el ganador. Para facilitar la obtención de la propuesta por parte de alguno de los proponentes debería existir una confabulación de todos los integrantes de esa Comisión lo que es altamente improbable. Pero aún más son los propios participantes en la propuesta quienes velan porque no haya ninguna irregularidad al tener la facultad de reclamar ante el Ministerio o la Contraloría, si ello ocurriera. En todo caso la asignación de la propuesta lleva la firma de algún subdirector, director, director general, según el monto del Ministro. Por lo tanto, cualquiera de estos la podría revisar y detectar alguna irregularidad.
Dar un trato directo a una empresa. Esto es poco usual y ocurre principalmente en emergencias cuando no es posible esperar el tiempo para llamar a una propuesta o en situaciones de un claro beneficio económico para el Ministerio como es entregar un alargue de la obra a su contratista que tiene la ventaja de conocerla y tener su maquinaria y campamento en el sitio. Todo trato directo debe ser aprobado por el Ministro por lo que es también improbable una irregularidad si este verifica la necesidad de este aumento y el precio pagado.
Aumentos de contratos en estudios u obras en construcción. Esta es la parte más vulnerable ya que la decisión, en gran medida, depende del inspector fiscal que la aprueba, aunque existe una asesoría al inspector que, indirectamente, puede velar porque no se dé un aumento no justificado. La existencia de inspectores visitadores tiene por objeto evitar estas situaciones, por lo que es poco frecuente que ocurran. En todo caso, las instancias superiores tiene que atenerse a lo informado por el inspector y no percatarse de la irregularidad.
Procedimientos anticorrupción
Se ha planteado que las irregularidades detectadas públicamente demuestran que no había en el Ministerio un sistema eficaz para detectar hechos de corrupción. Lo que no es efectivo:
Existe una Unidad de Auditoría en cada Dirección, que revisa los procedimientos para las diferentes actividades del Ministerio. Cuando detecta alguna irregularidad pide la apertura de un sumario que es el único mecanismo eficaz para determinar culpabilidades y hacer la denuncia a los Tribunales de Justicia que corresponda.
La Contraloría General de la República tiene una delegación permanente en el Ministerio, toma razón de los contratos devolviéndolos si lo considera necesario, audita procedimientos y hace el examen de cuentas al finalizar los contratos. En los casos que cree conveniente hace sumarios. El llamado caso MOP-GATE era objeto de dos sumarios por la Contraloría. El juez Carlos Aránguiz no descubrió nada, se dejó impresionar por la prensa, a partir de antecedentes que, tal como se ha demostrado, estaban siendo investigados por la Contraloría la que es la encargada de revisar actos administrativos, pronunciarse acerca de ellos y perseguir a los culpables, en caso que ameriten. La Contraloría entrega a Tribunales determinadas irregularidades como ha sido el pago de honorarios adicionales a los seremis por parte de la subsecretaría de Obras Públicas. En el fallo del sumario la Contraloría no presenta acusaciones por personas que están siendo procesadas por la Ministra Ana Gloria Chevesich, como el Ministro Cruz y yo mismo.
La posterior denuncia de la Contraloría a tribunales, sin investigar, es una situación muy irregular, en la medida que los Tribunales han fallado que el solo hecho de pagar sobresueldos no es delito, en tanto que los trabajos se hagan simultáneamente, los tribunales han dicho que son ellos los llamados a definir los criterios acerca de si los trabajos se hicieron o no. Aquí hay una contienda de competencia que no se ha esclarecido y que deberá hacerse antes que se falle en definitiva el caso de Sergio Cortés. Este puede ser sancionado dos veces por el mismo delito una vez por la Contraloría y otra por los Tribunales.
Unidad destinada a investigar administrativa y técnicamente aumentos de obras. Para enfrentar la debilidad de los aumentos de obras establecí en la Dirección General esta Unidad destinada a investigar administrativa y técnicamente estos aumentos.
Desgraciadamente, a la llegada del Ministro Etcheberry puso en la jefatura de esa unidad a su colaborador el Sr. Héctor Contreras que, bajo su dependencia directa, cambió el objetivo dedicándose a investigar a los funcionarios y ex funcionarios, parientes y socios actuales o pasados de éstos, con el objeto de encontrar corrupción.
El Sr. Contreras llegó al Ministerio junto con el Ministro Etcheberry que de partida le asignó una remuneración de $4.800.000 agregando a la renta del cargo que se asignó un honorario adicional por un trabajo que nunca realizó. Se comprende la molestia de los funcionarios por esta remuneración y no se entiende que el Ministro plantee que esa es una remuneración habitual de abogados del nivel de esta persona.
No sólo el procedimiento utilizado en su investigación raya en la ilegalidad, sino que, además, ha tenido un claro objetivo de persecución o amedrentamiento. En el caso del abogado Claudio Flores, el que haya insistido ante la Contraloría en que merecía una sanción el Sr. Matías de la Fuente, Jefe de Gabinete y familiar del Presidente y promotor del cargo de Ministro de Obras Públicas para Etcheberry, hace que se entienda la persecución de la que ha sido objeto. Por otro lado, en mi caso, por ser el principal testigo de la continuación hasta la fecha del procedimiento, es una clara señal de amedrentamiento, desprestigiando mi imagen pública, plasmada durante tantos años, al ser no solo yo sino mis parientes, antiguos socios y amigos también investigados.
Pero lo más lamentable es la inutilidad y lo inoportuno de la investigación de Contreras.
Justo ahora que lo que más necesita el MOP es consolidar su confianza y la de sus funcionarios, a través de la expresión efectiva de apoyo de parte de sus autoridades, generando mecanismos transparentes de regulación y control.
La mala imagen del MOP
Esta mala imagen, producto de una campaña mediática no enfrentada por el Ministerio, es sumamente injusta.
El caso MOP-GATE, que en su inicio tenía acusaciones de coimas y corrupción ha establecido la existencia de «fraude al fisco» que es más grave que el pago de honorarios adicionales para mejorar rentas insuficientes de funcionarios y el uso de fondos privados para fines del Ministerio.
Investigaciones de la Contraloría han mostrado que el pago de honorarios adicionales era una práctica extendida en muchos otros organismos públicos y de antigua data en el MOP. La investigación de la Ministro Chevesich no ha detectado ningún enriquecimiento ilícito o uso político de los recursos utilizados para estos pagos.
El uso de fondos privados para incrementar el siempre deficitario presupuesto para la operación del MOP es también una práctica antigua. Los contratos, durante mucho tiempo han tenido ítemes de recursos proforma o de gastos administrativos para este fin.
* Ex director General de Obras Públicas del MOP y ex director de Vialidad del MOP
