La poca voluntad de informar de parte de las autoridades, así como la nula participación de los actores relevantes y de la sociedad civil en el proceso de negociación, generan dudas razonables sobre los beneficios concretos del TLC.
En la continuación de un proceso histórico, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos ha ingresado al Parlamento chileno para su discusión. En sólo cinco semanas, senadores y diputados deberán pronunciarse sobre un tema fundamental para el futuro del país, sin embargo, algunos de ellos han reconocido no tener idea lo que votarán. Y es que a pesar de que ha sido presentado como uno de los principales éxitos del gobierno del Presidente Lagos, alabado por la prensa y por los grupos económicos como de beneficio general para el país, en la opinión pública todavía no se ha dado un debate maduro sobre lo que Chile efectivamente firmó. Muy distinto a lo que sucede en Estados Unidos, que ha entregado estudios de impacto y evaluaciones económicas a sus parlamentarios y a la opinión pública.
La poca voluntad de informar de parte de las autoridades, así como la nula participación de los actores relevantes y de la sociedad civil en el proceso de negociación, generan dudas razonables sobre los beneficios concretos del TLC.
Lo que está claro, más allá de la retórica es que el TLC, a pesar de su nombre, no es un tratado sobre comercio. De hecho la liberalización comercial de bienes, con excepción del caso de la agricultura tradicional, es irrelevante para ambos países. El tema central del tratado es sobre las ‘reglas del juego’. Este genera una serie de compromisos que, en la práctica, significan una camisa de fuerza a las políticas públicas, fijando qué puede y no puede hacer el gobierno chileno.
La pérdida de soberanía es una de las características centrales de los nuevos procesos de globalización. Sin embargo, este acuerdo trata y regula tantos temas y de modo tan amplio que las implicancias sobre la autonomía económica son sustanciales e incluso insospechadas. En esencia, el TLC es un compromiso permanente con la actual estrategia de desarrollo. Por lo tanto, la posición de cada ciudadano respecto al tratado depende de dónde se coloca en el debate de la política pública nacional y el modelo económico.
Por lo mismo, no sorprenden los aplausos de los grandes grupos empresariales, especialmente del sector primario exportador. Ellos son los ganadores de la actual estrategia y con el tratado aseguran las condiciones que los apoyaron y vieron crecer: un estado subsidiario, marcos regulatorios permisivos, impuestos prácticamente inexistentes y seguridad en los mercados de accesos.
Por otra parte, los sectores actualmente vulnerables se mantienen y el tratado no tiene nada que ofrecerles. Muchos de ellos estarán expuestos a la extinción, como la PYME, la agricultura tradicional y el comercio minorista. El problema radica en que el tratado significa impedir políticas activas hacia esos sectores, incluyendo el traspaso de recursos sustanciales, por lo que hace inviable cualquier otra estrategia de desarrollo a excepción de aquella centrada en el sector primario exportador.
Hay algunas dudas que indudablemente rondan en el aire. No sería serio aprobar el TLC sin saber cuáles serán las políticas hacia aquellos sectores abiertamente perjudicados, como la Agricultura tradicional o la PYME; cuál es el alcance del capítulo de inversión y la protección de los intereses de transnacionales; cuál es el alcance de la liberalización en el ámbito financiero; cuál es el alcance de los compromisos en propiedad intelectual; cuál es el impacto sobre las políticas hacia la cultura y qué sucederá con la protección ambiental y los derechos laborales. Además, no parece legítimo adoptar esta genuina constitución económica sin que haya un mecanismo de participación efectivo de la ciudadanía.
El Tratado de Libre Comercio es una encrucijada que requiere un análisis detallado, para así aprovechar los beneficios y limitar los costos. Estas cinco semanas parecen un plazo excesivamente pequeño para que la opinión pública y los parlamentarios evalúen sus alcances. Sobre todo, porque lo que se decida ahora no podrá ser cambiado en el futuro.
* Director ejecutivo de Fundación Terram.
