El país conmemora treinta años del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 y, con este motivo, se han programado distintas actividades, algunas de ellas con la clara intención de re-escribir la historia e intentar reivindicar a algunos de sus protagonistas.
El término del gobierno de la Unidad Popular constituyó el fin de un proceso de descomposición social y caos político que destruyó el sistema democrático, la convivencia pacífica y la economía nacional. El 11 de septiembre de 1973 culminó un período de degradación de las libertades individuales y del estado de derecho, en el que se pretendía imponer por vía de la violencia y de los resquicios legales un orden socialista y totalitario.
La propiedad privada era desconocida y no tenía defensa frente a la «toma» o a la expropiación. El trabajo se realizaba a intervalos entre huelga y huelga y Chile se desangraba en la parálisis económica, la inflación, las radicalizaciones ideológicas y el caos. La acción violenta de chilenos y extranjeros armados se enseñoreaba en campos y ciudades.
El desabastecimiento de alimentos básicos, medicamentos, insumos y vestuario, era el resultado de una crisis sin solución. El Banco Central imprimía billetes sin valor nominal, llevando por el despeñadero la economía nacional.
Apareció, entonces, el racionamiento de mercaderías básicas y con ello el tenebroso mercado negro. Las Juntas de Abastecimientos y Precios, JAP, organismos del gobierno que distribuían los alimentos que no estaban en el mercado, constituían un verdadero chantaje a la ciudadanía que debía soportar largas colas para procurar un kilo de azúcar o un balón de gas.
La inflación se elevó en el período a cerca de un mil por ciento y las disponibilidades de divisas del Banco Central eran apenas de 3 millones de dólares, suficientes para sólo dos días de importaciones de alimentos.
En este escenario, la Cámara de Diputados acordó representar al Presidente Allende y a todo el Gobierno, el grave quebrantamiento del orden institucional y que estaba al margen de la Constitución y las leyes. La Corte Suprema, en tanto, ofició a Allende que las leyes no se cumplían, exagerada la trascendencia de las tareas administrativas del Estado y rebajada la función judicial.
Por su parte, la totalidad de los colegios profesionales y una gran mayoría de instituciones gremiales se manifestaban públicamente contra las políticas del gobierno y denunciaban a diario atropellos y persecuciones a sus dirigentes.
Estábamos a las puertas del caos y la anarquía, y tal como lo expresara el ex Presidente Frei Montalva en la carta que le hiciera llegar al Primer Ministro de Italia Mariano Rumor, el pronunciamiento militar era inevitable.
Esta es la verdad histórica que hoy se pretende re-escribir y borrar con el codo lo que se hizo en la época.
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