En julio pasado fuimos testigos de diversos hechos de importancia relativos a la situación de los pueblos indígenas en Chile, en especial el pueblo mapuche del sur del país. Tales hechos estuvieron constituidos por el Informe sobre «el conflicto mapuche con relación al orden público y seguridad ciudadana en determinadas regiones» (Bío Bío y la Araucanía), dado a conocer por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado; la realización en Temuco del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas: «Tendencias Internacionales y Realidad Local», encuentro organizado por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera que convocara a más de quinientas personas -entre ellas representantes de entidades publicas, funcionarios del
Ministerio Público, parlamentarios, académicos y representantes indígenas de Chile y del extranjero-; y la visita al país, en misión oficial, del Relator Especial de la ONU para los derechos y libertades fundamentales de los indígenas, el antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen, precisamente para observar la situación de estos derechos en el país.
Informe de la Comisión del Senado
En el Informe de la Comisión del Senado, los senadores Aburto, Espina,Chadwick y Silva que suscribieron el voto de mayoría, plantean que el «conflicto mapuche» se habría generado a raíz de «las acciones reiteradas de violencia cometidas por algunas organizaciones mapuches en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza, sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias».
Para estos parlamentarios, los hechos referidos no tienen justificación alguna dada «la protección legal brindada a los indígenas, a sus comunidades y a sus tierras, el reconocimiento de las raíces históricas de los problemas que los aquejan, la suscripción de instrumentos internacionales que les reconocen derechos específicos y la disposición del constituyente de elevar al rango constitucional el reconocimiento y la protección legal recién referida».
Se desprende de ello que se está en presencia de un conflicto provocado por los indígenas (de ahí que se le llame «conflicto mapuche», como si no hubiese otra u otras partes involucradas); que el Estado y la sociedad chilena no tienen ninguna responsabilidad en él, dado que han adoptado las medidas jurídicas y políticas tendientes a enfrentarlo; y que ante la situación de inseguridad jurídica creada por tal conflicto en las regiones aludidas, las autoridades de gobierno deben actuar con mayor rigor, garantizando la protección de los bienes jurídicos amenazados.
Sin embargo, en el Informe del Senado se da cuenta de la existencia de un voto de minoría, suscrito por los senadores Moreno y Viera Gallo, quienes hacen ver las complejidades de la situación existente en estas regiones, situación que estarían vinculada «a reclamaciones políticas, histórico-culturales y económico-sociales» de los mapuche. Reconocen, además, que: «la sociedad chilena no ha actuado acertadamente para integrar al país a esta etnia, que es mayoritaria dentro de los pueblos indígenas, por lo que no se puede considerar solo como solución al conflicto la represión de las acciones ilícitas sino que, de modo prioritario, deben atenderse las demandas de las comunidades indígenas». Finalmente, sostienen que la negativa de parte de algunos senadores de reconocer a los pueblos indígenas como colectivo en la Carta Magna y el hecho que a la fecha no se haya completado la tramitación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, hacen más complejo el adecuado enfrentamiento de este tema.
Seminario sobre DDDHH y Pueblos Indígenas
Igualmente relevante, tanto por la masividad y amplitud de su concurrencia como por la consistencia de los análisis y reflexiones que en el se hicieron, fue el seminario sobre derechos indígenas convocado por el Instituto de Estudios Indígenas en Temuco. Las opiniones que allí se manifestaron sobre la situación que hoy viven los pueblos indígenas en Chile, así como sobre su compleja relación con el Estado y la sociedad chilena, fueron, en general, muy distintas a las del voto de mayoría del Informe de la Comisión del Senado.
Salvo contadas excepciones, la gran mayoría de los casi 60 ponentes que abordaron la situación de los pueblos indígenas en Chile (otras 30 ponencias trataron sobre las tendencias del derecho comparado en la materia y sobre la situación de los derechos indígenas en distintos países de América Latina y de Norte América), así como quienes participaron del debate que allí tuvo lugar, constataron los múltiples obstáculos que hoy dificultan en el país el ejercicio por parte de los indígenas de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el desconocimiento de aquellos derechos de carácter colectivo que les corresponden como pueblos que hoy les son reconocidos por el derecho internacional.
En efecto, en las ponencias de estudiosos, intelectuales y representantes de organizaciones indígenas, si bien se valoraron los avances de la política estatal en materia indígena en los últimos años, en especial la política de regularización de la tenencia de las tierras indígenas y de ampliación de su cabida a través del Fondo de Tierras de la Conadi), se dio cuenta de los graves problemas que hoy día enfrentan los indígenas y sus comunidades a lo largo del país.
Entre estos problemas, destacan la discriminación que los convierte, en la práctica, en ciudadanos de segunda categoría con relación a los no indígenas. Ello se evidencia en el plano económico, donde las estadísticas sitúan a la población indígena como aquella con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad; en el ámbito político, donde los indígenas no tienen una representación adecuada en las instancias que toman decisiones sobre materias que les conciernen; y en el ámbito cultural, en que los indígenas son objeto de discriminación en razón de sus lenguas y prácticas religiosas, entre otras.
Los problemas que les afectan en relación a la seguridad en la tenencia de sus tierras ancestrales también fueron tratados. Las dificultades para obtener el reconocimiento en forma colectiva – de acuerdo a sus propias tradiciones- de aquellas tierras que consideran les pertenecen, fueron denunciadas con argumentos sólidos en este evento.
Las graves implicancias que para los indígenas tiene el desconocimiento de sus derechos sobre los recursos naturales que se encuentran en sus tierras (el agua, los recursos marinos y lacustres, los recursos del subsuelo, entre otros) en el contexto de una economía abierta como la chilena que promueve la inversión a capitales privados para su explotación, también fue señalada por los participantes.
La represión de la que son objeto los indígenas, en particular los mapuche, cuando desarrollan acciones tendientes a hacer valer sus derechos sobre las tierras y recursos naturales que consideran les pertenecen y les han sido usurpados, en especial frente a proyectos de inversión que hoy se impulsan en sus territorios, fue objeto de análisis por muchos participantes.
Relacionado con lo anterior, otro fenómeno constatado con preocupación en el seminario fue el de la criminalización de un conflicto que, dada su naturaleza étnica y cultural, debe ser resuelto a través de mecanismos político-jurídicos y no judiciales como en Chile ocurre. También vinculado a lo anterior, se constata la vulneración del derecho al debido proceso de los indígenas cuando las autoridades y el Ministerio Público solicitan indiscriminadamente -y obtienen- la aplicación de leyes de excepción como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado que restringen severamente los derechos procesales de los imputados.
Finalmente, la inexistencia de un marco normativo que reconozca a los pueblos indígenas como tales, así como su derecho a decidir sus propias prioridades de acuerdo a sus propias cosmovisiones y sistemas normativos, también fue resaltada en el seminario. Ello en contraste con lo ocurrido en los últimos años en otros contextos de América Latina y Norte América, donde no obstante los problemas que enfrentan los pueblos indígenas, se
han dado pasos significativos en la reforma de los estados, permitiendo a estos pueblos el ejercicio de importantes derechos participativos (consulta y representación en órganos de decisión), políticos (autonomía y reconocimiento de sistemas normativos, entre otros) y territoriales (tierra y recursos naturales) que han permitido superar, al menos en parte, los conflictos como los que hoy existen en nuestro país.
A diferencia del voto de mayoría del Informe del Senado antes aludido, los análisis y reflexiones vertidos en este Seminario no solo nos permiten entender el porqué de los conflicto que hoy se verifican en el país entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad chilena, sino también nos entregan luces de por donde debe avanzarse en su superación.
* Investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera.
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