Cuando existen visiones tan antagónicas, a veces excluyentes, como la contenida en el voto de mayoría del Informe del Senado y la expresada de una manera tan categórica por la mayor parte de los participantes en este seminario (Ir a Primera Parte), resulta relevante considerar la perspectiva de un tercero imparcial, que con su mirada desde fuera nos pueda ayudar a entender la compleja relación que se vive entre el Estado y los pueblos indígenas en Chile. Es allí donde la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, adquiere relevancia.
El relator fue invitado por el Estado chileno, y también por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas para observar la realidad indígena en el país desde la óptica que es propia de su mandato: los derechos humanos y libertades fundamentales.
Luego de recorrer al país y escuchar a distintos sectores gubernamentales y no gubernamentales, indígenas, empresariales, académicos (el relator también asistió al seminario convocado por el Instituto de Estudios Indígenas), entre otros, nos dejó antes de partir un comunicado conteniendo algunas consideraciones y reflexiones (preliminares por cuanto debe emitir un Informe de su visita) que cabe reseñar aquí.
En éste, el Relator constata que, no obstante que «en el transcurso de los últimos diez años se han producido avances importantes en Chile en materia de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, como la adopción de la Ley Indígena en 1993 y la creación de la Conadi, todavía existen y persisten grandes retos a los que debe enfrentarse el país para conseguir que este reconocimiento sea efectivo y pleno».
En materia de derechos de los indígenas a la tierra y al territorio, Stavenhagen manifiesta su preocupación por las restricciones de la política de tierras del Estado. De acuerdo a la información por el recabada, esta política no se habría extendido a todas la áreas indígenas y no prevé «la restitución a las comunidades de tierras que anteriormente fueron de propiedad y uso comunal, sino solamente la constitución de la propiedad
privada individual, lo cual tiende a debilitar los vínculos sociales entre los miembros de dichas comunidades y no satisface las condiciones culturales de las comunidades».
También el relator manifiesta su preocupación por las complejidades que reviste «el acceso a los recursos del subsuelo y otros, como son el agua y los recursos del mar. Las distintas leyes sectoriales facilitan y protegen la inscripción de derechos de propiedad privados sobre recursos que tradicionalmente han sido propios de las comunidades indígenas».
Ejemplifica esta compleja situación en el caso del derecho a acceder al agua de los aymara, y de las dificultades que experimentan los mapuche lafkenche para acceder a los recursos del borde costero.
En esta materia llama la atención sobre el caso de Ralco al señalar: «Tal vez el caso más emblemático de estos procesos ha sido la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío-Bío, que ha conllevado el desplazamiento de docenas de familias pehuenche fuera de su hábitat tradicional. Debido a faltas en el origen y diseño del proyecto desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas, los afectados resultaron ser víctimas de un proceso que los rebasa, en vez de constituir parte de un cambio que les beneficia con el resto del país. La solución a esta compleja problemática debe buscarse no solamente por la vía de los tribunales, sino que, principalmente, por la del diálogo y del consenso, en el marco del respeto estricto de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas».
El relator expresa también su preocupación: «ante las situaciones de privación de libertad en la que se encuentran algunos líderes mapuches y la aplicación de leyes sectoriales que permiten, entre otros, largos periodos de detención con las consabidas consecuencias en el disfrute de los derechos humanos de los afectados».
Finalmente, Stavenhagen manifiesta «la necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de Chile y la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT», agregando que «estos pasos son vistos por las comunidades indígenas como esenciales si se quiere solucionar de una forma efectiva los problemas de derechos humanos a los que se enfrentan las comunidades originarias del país».
En síntesis, el relator sostiene, en el lenguaje de las Naciones Unidas, que en materia de derechos indígenas el Estado y la sociedad chilena tienes serias falencias, y que tenemos por delante un largo camino que recorrer para abordar de un modo adecuado nuestra relación con los pueblos indígenas que aquí habitan.
A diferencia de lo que nos proponen los parlamentarios que suscribieron el voto de mayoría de la Comisión del Senado, el relator de la ONU plantea que la solución a esta compleja problemática, no debe buscarse solo por la vía de los tribunales, sino por la vía del diálogo, del consenso y del respeto por los derechos humanos. Más aun, insiste en la necesidad de realizar reformas al ordenamiento jurídico -las mismas a las que hasta ahora se han opuesto los senadores del voto de mayoría- a objeto de dar acogida a los derechos que corresponden a los pueblos indígenas.
Si queremos abrir un diálogo real que permita abordar de una manera profunda y duradera los problemas de relación entre los pueblos indígenas y el Estado y la sociedad chilena existentes, no podemos seguir atrincherados en posiciones cerradas. Debemos abrirnos a la opinión del otro, en particular la de los pueblos indígenas. Debemos escuchar, además, la opinión y propuestas de terceros con la autoridad de un Relator Especial de la ONU, quien con su mirada externa e inspirada en los derechos
fundamentales en los que todos decimos adherir, nos hace ver realidades para muchos imperceptibles.
Si no lo hacemos, no estaremos asumiendo en forma adecuada nuestra responsabilidad en la superación de los conflictos interétnicos que hoy existen en Chile.
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* Investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera.
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