¿Las Fuerzas Armadas garantes del orden republicano? - El Mostrador

Martes, 21 de noviembre de 2017 Actualizado a las 18:25

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¿Las Fuerzas Armadas garantes del orden republicano?

por 10 septiembre, 2003

Con algo de suerte, posamos como país moderno especialmente frente a quienes consideramos nuestros modestos vecinos -salvo cuando se trata de jugar a la pelota- y podemos esconder al resto del mundo que todavía nos meamos en la cama.

"El Estado de Chile es unitario, Su gobierno es republicano y democrático. La Soberanía reside esencialmente en la Nación. Ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título o representación del pueblo". Estas eran las reglas contenidas en los primeros 3 artículos de la Constitución Política de la República de Chile de 1925.



La mañana del 11 de septiembre de 1973 un bando militar a las 8.42 horas declaraba derrocado al gobierno de la Unidad Popular. A las 11.52 dos aviones hawker hunter abrieron fuego en contra del Palacio de Gobierno. Después de resistir fuego terrestre y aéreo, el Presidente Allende terminó con su vida, aproximadamente a las 14 horas. Con ello se esfumaron los sueños de una generación, se truncó un proyecto y se produjo un quiebre brutal del orden republicano chileno.



Perdonen la franqueza, ¿qué vamos a conmemorar el próximo 11 de septiembre? Entiendo que la cazuela es un plato nacional y entiendo que, a más de alguien, lo haga sentirse bien patriota mierda. ¿Pero realmente podemos mezclar festín y duelo en un solo acto?



De tanto escuchar vaguedades me asalta otra duda: ¿correspondía a las Fuerzas Armadas poner término a un gobierno constitucional que solo meses antes había obtenido más del 44% de los votos en las elecciones parlamentarias?



¿Inconstitucionalidad del gobierno de la UP? ¿Las Fuerzas Armadas como garantes del orden republicano? ¿Quizá la doctrina de la seguridad nacional? ¿Una ayudita de la CIA a los amigos chilenos?



La doctrina oficial hasta anteayer, justifica el golpe de Estado en el rol de garante de la Constitución que la carta de 1925 le entregaba a las Fuerzas Armadas. Afirmación que no encuentra fundamentación racional, pero que tampoco la encuentra en el propio texto de la Constitución vigente al momento del golpe de Estado.



Admitamos por un momento que las Fuerzas Armadas actuaron guiadas por un sentido altruista y con profunda convicción patriótica de proteger al pueblo soberano de un gobierno calificado de inconstitucional. Esta misma justificación dejó en Guatemala entre 1962 y 1986 alrededor de 200.000 detenidos desparecidos y ejecutados políticos; más de 10.000 detenidos desparecidos (sin todavía poder dimensionar los niños secuestrados a las victimas de la represión) entre 1976 y 1983 en Argentina; y 3.197 detenidos desaparecidos durante el gobierno de Pinochet en Chile.



Intentemos un ejercicio de honestidad solo basándonos en los documentos desclasificados de la CIA. Los ejércitos latinoamericanos no fueron más que las divisiones de choque en la ejecución de las estrategias diseñadas desde el Pentágono a partir de la década del 50 del siglo pasado y que se inicia con el derrocamiento del Presidente Jacobo Arbenz en Guatemala por ser contrario a los intereses de la United Fruit Company y en el caso chileno, simplemente por ser este un gobierno marxista con peligro de irradiación en la región, eso al menos es la confesión del gobierno estadounidense, quien además ha declarado como preparó el golpe de Estado desde 4 de septiembre de 1970, como asistió militar, política y económicamente a grupos chilenos con el objeto de provocar por cualquier medio la derrota de éste.



El rol de las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional de la República, no solo es una doctrina añeja acuñada desde el circulo más duro que protege al ex dictador, sino que encuentra su expresión jurídica en la Constitución de 1980, la que en el capítulo X define su misión institucional, a través del Consejo de Seguridad Nacional, en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, en la designación de senadores militares. Basta revisar las instituciones señaladas para sostener sin temor a equivocarme que la carta de fundamental establece entre el Presidente de la Republica y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una relación de primus inter pares.



Esta penetración constitucional de las Fuerzas Armadas en la vida republicana violenta los supuestos en que han sido construidos los pactos sociales después de experiencias de gobiernos autoritarios.



El orden constitucional alemán y español no dejan lugar a interpretación ni siquiera al más trasnochado nazi o franquista, respectivamente, de que las fuerzas armadas están sometidas al orden jurídico constitucional, de modo que no será quien temporalmente detente el monopolio de las armas quien se convierta en el garante de la institucionalidad.



Más aún, el ejercicio europeo es todavía más intenso, y queda por verse como lo resolverá el constituyente el 2004. El poder militar ya no es un poder nacional, el poder militar está subordinado a los intereses de la Europa Comunitaria, pues se entiende que los intereses de ésta son los intereses de sus partes, y los intereses de sus partes están definidos en el Tratado de la Unión en su artículo 6° y podemos sintetizarlos en Democracia, Estado de Derecho, Derechos Humanos y Libertades Publicas.



Es precisamente para que las palabras del General Cheyre no sean huecas, o solo corteses y oportunas; para que en definitiva tengan sustancia, es preciso reiterar en esta época, que solo la soberanía popular es la garante del orden republicano, y que las Fuerzas Armadas son cuerpos profesionales, obedientes, no deliberantes y subordinados sin discusión al poder civil.



Permítanme una ultima reflexión, el orden republicano descansa en el pueblo quien tiene el derecho de revocar el mandato a su autoridad cuando esta atenta contra el mismo. Premisa liberal clásica de fines del siglo XVIII y que el día que la derecha chilena la entienda y la acepte como suya, en ese momento podremos cerrar la transición, no con una cena en el Patio de los Naranjos o en CasaPiedra, sino convocando a un nuevo constituyente que le dé a Chile un Pacto Social producto del debate, diálogo y consenso de todos los actores sociales sin ninguna exclusión.



Mientras eso no ocurra, ni se abrirán las grandes alamedas ni el actual modelo dejará de ser una democracia protegida, infantil, con terror nocturno por los fantasmas que la rondan y que nos invita a evadirnos, vendiendo cuánto bosque, agua o tierra, no importa si es o no sagrada para alguna etnia originaria y ofrecer nuestros recursos a cualquier inversionista extranjero al costo que sea y que nadie piense en que deban tributar, que quede en claro que en Chile se quiere al amigo cuando es forastero.



Con algo de suerte, posamos como país moderno especialmente frente a quienes consideramos nuestros modestos vecinos -salvo cuando se trata de jugar a la pelota- y podemos esconder al resto del mundo que todavía nos meamos en la cama.





(*) Abogado, Master en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid.

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