Quien conoce el funcionamiento de las Fuerzas Armadas sabe que en cualquier parte del mundo es falso sostener que no existe responsabilidad de la institución en caso de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La doctrina de las responsabilidades individuales sirve para arreglar políticamente las relaciones cívico-militares, pero no para definir unas fuerzas armadas efectivamente sometidas al poder civil, y formadas en la responsabilidad y el honor de la defensa de las instituciones democráticas.
Más aun, sostener que la obediencia forzada de militares que cometieron violaciones de derechos humanos genera inimputabilidad de delito, sin reconocer al mismo tiempo la responsabilidad institucional que permite que el hecho se produzca y repita, demuestra un desconocimiento sustantivo de lo que significa la responsabilidad del mando en instituciones jerarquizadas y disciplinadas. Ello es tanto más grave si la doctrina proviene de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, pues genera precedentes para que los hechos vuelvan a ocurrir. Basta que un inmoral se apropie del mando.
Honor y doctrina militar
En democracia el monopolio de la violencia legítima ha sido entregado a unas instituciones profesionales en el uso de la fuerza, para un ejército sometido a reglas. Ellas son obediencia, no deliberación, profesionalidad, jerarquía y disciplina. Los militares las resumen en tres valores institucionales: Patria, Disciplina y Honor.
La no deliberación y la obediencia son esenciales en la relación entre el poder civil y las instituciones militares, de acuerdo a la regla de la legalidad estricta. Es decir, la observancia rigurosa de sus obligaciones profesionales, eliminando cualquier interpretación ambigua, y generando certidumbre constitucional en las relaciones entre el poder civil y los militares, e institucional al interior de las propias Fuerzas Armadas.
Ello es concordante con el código de honor militar, en el cual el honor está definido como un sentimiento y un deber que impulsan al estricto cumplimiento de todas sus obligaciones por parte de un militar.
Este honor militar es un honor moral, pues es un estado de ausencia de auto reproche, derivado del íntimo convencimiento de la virtud profesional. Por lo tanto, no es una apariencia, y se refiere al comportamiento en sí y no al juicio de los otros. Es colectivo, recae en cada uno de los miembros del grupo y se simboliza en sus emblemas, escudos de armas, uniformes.
El honor militar se adentra hasta lo más profundo de la profesión militar, haciendo que el uso de la fuerza, además, de legal deba ser hecha de manera contentiva, es decir con capacidad de controlar al máximo su uso y de una manera reflexiva. Esto es un fundamento de la capacidad profesional de las Fuerzas Armadas. Un ejército basado solo en la fuerza será una institución de fracasados, incapacitada para su misión.
Mando y ética militar
Todo militar da y recibe órdenes en su vida profesional. Pero como cualquier ser humano, por más apego que tenga al papel que desempeña en la estructura a la que pertenece, no puede desprenderse de su individualidad y hacer algo inmoral. La regla general es que a nadie le está permitido hacer algo inmoral.
La obediencia es para un militar una virtud y una obligación moral, e implica el doble significado de obedecer y hacer lo que se le ordena. Se actúa moralmente al obedecer a un superior legítimo. Pero como no se permite a los seres humanos hacer algo que es inmoral (torturar prisioneros por ejemplo), una orden de esa naturaleza no es obligatoria, y es inmoral obedecerla. Los actos no se vuelven buenos o malos por una orden sino por lo que son en sí mismos o por sus resultados.
La obediencia debida es a la autoridad legítima, la que está siempre especificada en las normas de organización. Los rangos indican una jerarquía de autoridad y los enlaces internos delimitan las zonas de mando legítimo. Las órdenes legítimas emanan de autoridades legítimas en campos donde ellas tienen la autoridad para tomar decisiones y dar órdenes, sometidas siempre a la restricción de que no sean inmorales.
Por lo tanto, es de la lógica elemental que quien ejerce el mando no puede dar órdenes inmorales. El debe tratar a sus subordinados como seres morales digno de respeto y nunca ordenarles algo inmoral.
El arte de mandar es esencial en la profesión militar. Frente a una misión siempre existen operaciones tácticas alternativas, con distintos costos de personal y medios, y con distintos impactos sobre el entorno de los beligerantes. Ello es todavía más frecuente en misiones que se desarrollan en escenarios donde hay población civil sometida a los efectos de la contienda.
Es inmoral una táctica que aprovecha la presencia de civiles y prepara sus movimientos aprovechando en beneficio propio ese hecho. O una que utiliza un exceso de medios para incapacitar a su adversario, impide su rendición, o aplica castigo o extermina a adversarios indefensos.
La fuerza militar nunca se usa en el terreno de la neutralidad moral. Su uso expresa opciones morales, pues implican la vida propia y la de muchas otras personas tras un fin político. Por lo tanto, mandar es un arte que va más allá de la posición y la legalidad. Hacerlo con creatividad y apego a reglas y valores, de una forma que es valorada y seguida por el grupo, se transforma en liderazgo, y en la realización con honor de la profesión militar.
Responsabilidad y mando
Aun cuando la formación militar orienta a una aceptación automática y rutinaria de las órdenes, los militares saben que ellas no siempre son instrucciones específicas, sino instrucciones amplias. Indican un objetivo y encomiendan el uso de medios pertinentes.
Ellas se van descomponiendo en acciones a medida que descienden en la cadena de mando estableciendo una cierta discrecionalidad respecto de los medios. Por esa misma razón el mando superior es responsable moralmente del sentido y de los resultados de la cadena de actos que inicia. Un buen comandante debe preocuparse de cómo se realiza una tarea, fijar sus límites y reflexionar si sus órdenes son justificables y si se pueden realizar moralmente. «Tráigame resultados o haga esto y no me importa cómo, pero hágalo», es el tipo de orden abierta que quien la imparte no merece ser oficial.
La obediencia instantánea que se espera de un soldado, especialmente en combate, es perfectamente compatible con negarse a hacer algo inmoral. No todas las órdenes requieren una reacción inmediata, y todas se derivan a espacios operativo menores generando ámbitos o grados de discrecionalidad en los medios, que obligan a quienes las ejecutan a pensar en los más apropiados. En ese momento aparece la atmósfera institucional, el talante, la forma como la institución está usando la fuerza. Y aparece también la formación integral del oficial, su profesionalidad, su capacidad de mando y liderazgo, y los códigos de conducta a que está afecto. Es en este punto donde se encuentra la responsabilidad individual frente a la responsabilidad institucional. Ellas no son excluyentes sino complementarias. A veces predomina una sobre la otra pero no pueden verse separadas. Esa es la esencia de lo militar.
¿Puede alguien sostener, de acuerdo a estos criterios, que las Fuerzas Armadas chilenas no son responsables institucionalmente por las violaciones de los derechos humanos? ¿Qué solo hay responsabilidades individuales? ¿O que, en el mejor de los casos -suponiendo que no dio la orden-, que el mando superior no es responsable de que por su incompetencia y desidia se produjeron durante años violaciones sistemáticas de los derechos humanos? ¿Puede haber obediencia forzada en el caso de alguien obligado a un acto inmoral so pena de un daño irreparable, como dice Clara Szczaranski, sin que entonces exista responsabilidad institucional?
Seguir sosteniendo la responsabilidad individual o su variante de la obediencia forzada como doctrina es aceptar que estuvimos en manos de una banda de asesinos entronizada en la oficialidad de rango inferior de nuestro ejército, mientras el mando superior -clara muestra de la incompetencia profesional- ni se enteraba de lo que ocurría. Entonces las consecuencias serían más graves aún y no solamente procedería someter a la justicia a los culpables sino, además, refundar las Fuerzas Armadas. Esto lo entienden bien autoridades civiles y mandos militares.
Es necesario traer estos temas a colación, porque a treinta años del golpe de Estado, la sujeción a la Constitución y a las leyes por parte de las Fuerzas Armadas resulta aún ambigua, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina.
La democracia se asienta en el desarrollo de las instituciones y no de la bondad o maldad ocasional de los hombres. Las instituciones deben tener esa cultura institucional que inhiba las perversiones a que puede estar sometida su misión. Y ello depende de la formación de sus recursos humanos y de sus visiones acerca de su rol pasado, presente y futuro. A las Fuerzas Armadas chilenas les falta ese desarrollo doctrinario y la valoración real del papel que tienen en la historia de la democracia chilena.
Yo no deseo que las Fuerzas Armadas le pidan perdón al país. Yo deseo que tengan un comportamiento ajustado al deber democrático, al Código de Honor Militar, y a los valores cívicos que forman parte de su carrera profesional. Y para eso, la verdad es esencial.
(*) Abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.
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