Hace algunas semanas, el Gobierno puso objeciones a la instalación de Alumysa en la región de Aysén, respondiendo tal vez a las presiones que la industria salmonera hizo sobre el tema. Sin embargo, ahora vemos como defiende y hace lobby con Noranda, la empresa canadiense encargada del mega proyecto.
Si se fuera persistente en los planteamientos del presidente Lagos, relativos a los efectos ambientales de Alumysa, sería absolutamente improcedente la cuestionable creación de la comisión ministerial, integrada por los ministros Jorge Rodríguez Grossi, de Economía, y Francisco Huenchumilla, de Segpres. Pero el Ejecutivo aún no entiende que los impactos de Alumysa superan todos los parámetros y no hay manera de impedir sus devastadores efectos ambientales. No hay duda que el proyecto es absolutamente inviable.
En los medios de comunicación se ha mencionado que la motivación de esta mesa de trabajo responde a la necesidad del Gobierno de buscar una relocalización para el proyecto. Sin embargo, recientes declaraciones del Ejecutivo afirman que es una instancia de diálogo para cambiar la imagen que lleva hacia el exterior Noranda de que el Gobierno chileno lo retiró del país. La verdad es que estas declaraciones y justificaciones, nuevamente, demuestran la falta de coraje de nuestras autoridades para demarcar y priorizar el tema ambiental en el país.
Cabe recordar que el proyecto está orientado exclusivamente al mercado externo y sería una de las más grandes fundiciones de aluminio del mundo. Para su ejecución es necesario construir un puerto en la bahía de Chacabuco, 95 kilómetros de caminos y 79 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad, además de tres centrales hidroeléctricas de embalse, con una potencia de 758 megawatts, con el único propósito de abastecer de energía a la industria.
No hay que ser experto ni ecologista para prever que el impacto ambiental de este ‘monstruo’ industrial sería proporcional a su envergadura. Los daños se sitúan, principalmente, en tres ámbitos: la inundación de más de 10 mil hectáreas de hábitat naturales, la contaminación atmosférica y la generación de gran cantidad de residuos sólidos.
Además, no son ambientalistas los que han cuestionado el Estudio de Impacto Ambiental, sino la institucionalidad vigente, ya que la empresa ha sido incapaz de responder a las observaciones de los servicios públicos.
En términos económicos, efectivamente el proyecto duplica el Producto Interno Neto de la Región, generando un valor agregado de aproximadamente US$ 467 millones. No obstante, la propia empresa estima que de éstos sólo US$ 15 millones quedarían en la región por efecto de remuneraciones. Lo más probable es que el resto saldría fuera de la región e incluso del país.
El presidente Lagos, durante su campaña, anunció como uno de los pilares de su estrategia ambiental la implementación de Políticas de Ordenamiento Territorial, pero hasta el momento no ha habido avances. Por ello, son destacables las últimas afirmaciones de Lagos, en el sentido que es necesario un orden para que las actividades productivas se desarrollen en sintonía con una visión general.
Es necesario reorientar la política ambiental de Chile hacia el ordenamiento territorial, para así disminuir los efectos ambientales y conciliar a los sectores productivos. Bajo esta idea, es prioritario que las políticas públicas conciban al país y a cada región desde una perspectiva a futuro, con distintas actividades desarrolladas.
Es hora de que visualicemos el desarrollo como un proceso integral en armonía con el medio ambiente y el territorio. Está ya demostrado que la construcción de megaproyectos tipo Alumysa ineludiblemente traen consigo destrucción ambiental y pobreza local. Si Alumysa se instala, no es posible la actividad turística ni la salmonicultura, por lo tanto, debería ser rechazada si se quiere una región ordenada territorialmente en términos productivos.
* Director ejecutivo de Fundación Terram.
