Los críticos a la política de Eyzaguirre alegan con razón que, contradiciendo las convicciones expresadas por el propio Ministro, la misma ha sido fuertemente restrictiva, en condiciones que el riesgo país de Chile es bajísimo, lo que le ofrece un importante margen de maniobra que no se ha querido aprovechar.
El Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, hace una hábil defensa de la política de gasto fiscal restringido que ha mantenido durante el ejercicio de su cargo.
El Ministro manifiesta coincidir con sus críticos en términos conceptuales, puesto que argumenta con soltura y elocuencia a favor de utilizar la política fiscal y monetaria en un sentido contra-cíclico, es decir, se manifiesta a favor de aumentar el gasto público y generar un déficit fiscal, así como mantener una política monetaria relajada, en años de recesión, para luego revertir estas medidas en los años de crecimiento y auge del ciclo económico. Afirma que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo que hacen todos los países desarrollados y aquellos que han salido en buenas condiciones de la reciente crisis, como los países asiáticos, y critica ácidamente a los economistas y políticos de derecha que mantienen al respecto una posición más restrictiva.
El Ministro afirma, además, haber implementado de hecho una política de gasto fiscal contra-cíclico durante estos años, con un déficit total que en promedio se acerca, según él, a un 2% del PIB durante los últimos tres años -el déficit fiscal ha sido muchísimo menor que ese, más bien del orden del 0.6% del PIB en promedio-, pero el Ministro afirma que alcanza ese nivel si se incluye el déficit del Banco Central en su cálculo, lo que afirma ser pertinente, y haber mantenido un crecimiento del gasto público del orden del 4-5% anual, en circunstancias que la economía y los ingresos tributarios han crecido a un ritmo menor, del orden del 2-3% anual. Desde este punto de vista puede haber sido hábil presentar un moderado déficit como «superávit estructural».
Para justificar el tímido déficit implementado, el Ministro dice que en las actuales condiciones de globalización, si se expande el gasto más allá de un cierto límite, se corre el riesgo de asustar a «los mercados», los cuales por vía de subir el llamado riesgo país, es decir, la sobre tasa de interés para los préstamos otorgados al país, pueden a la larga restringir la capacidad de gasto fiscal, puesto que la mayor parte del mismo termina destinado a pagar intereses, como lo demuestran, a su juicio, los casos de Brasil y Argentina.
La argumentación del Ministro confirma la lógica de la argumentación de sus críticos: un mayor gasto fiscal y déficit en las cuentas públicas, unido a una política monetaria más relajada, son la forma de enfrentar las recesiones, puesto que durante las mismas las empresas y las personas restringen su gasto y sólo el fisco puede en cierta forma mantenerlo, morigerando así los efectos de la crisis. Cabe agregar que la forma más eficiente y justa de aumentar el gasto fiscal durante las crisis, como ha dicho el Premio Nobel Robert Stiglitz, consiste en mejorar los sistemas de protección social, dar subsidios a los desempleados, mejorar y universalizar las pensiones, mejorar los sistemas de salud y educación, entre otros.
La diferencia entre la posición del Ministro y la de sus críticos no sería entonces de fondo, sino que radicaría más bien en un asunto de grados. La discrepancia parece radicar en la relevancia que se asigna a «los mercados» y al factor «riesgo país» en la estrategia de gasto público. Se trata de un factor a tomar en cuenta, sin duda alguna, tal como lo demuestra el caso de Brasil, donde de hecho la estrategia al respecto implementada por el Presidente Lula ha consistido, inicialmente, precisamente en intentar expandir las posibilidades del gasto fiscal interno mediante la reducción del riesgo país, el que estaba en niveles estratosféricos y que, efectivamente, han logrado bajar en forma dramática en el curso de los primeros meses de gobierno, liberando así potencialmente recursos hasta ahora dedicados al pago de intereses.
Sin embargo, también en el caso de Brasil dicha política ha sido fuertemente criticada, puesto que ha resultado en una recaída de la economía en recesión. El ejemplo pareciera ilustrar bastante bien el punto, si bien la consideración al riesgo país es importante, y apunta a cierta moderación en la necesaria expansión del gasto público durante la crisis.
Sin embargo, no debería en ningún caso hacer perder de vista el objetivo principal de la política de gasto público, que consiste en morigerar el efecto de la recesión. En efecto, si en consideración al llamado riesgo país se aplica una política tan conservadora que la misma termina agudizando la recesión, el resultado buscado será el más negativo de todos, elevando en definitiva el riesgo país que se pretende reducir. En el caso extremo, como lo demuestra Argentina, dicha política puede llevar al colapso total.
Los críticos a la política de Eyzaguirre alegan con razón que, contradiciendo las convicciones expresadas por el propio Ministro, la misma ha sido fuertemente restrictiva, en condiciones que el riesgo país de Chile es bajísimo, lo que le ofrece un importante margen de maniobra que no se ha querido aprovechar.
Durante su primer año de ejercicio, Eyzaguirre criticó públicamente y se propuso reducir sustancialmente los niveles de déficit que había generado su antecesor Eduardo Aninat.
Acertadamente, de acuerdo a los razonamientos antes expuestos y que el Ministro afirma compartir, y que en parte compensaron la muy restrictiva política que por esos años implementó el Banco Central, la que ha llevado a calificar la presente crisis como la «crisis Massad». Ergumentó, en ese momento, Eyzaguirre que restringir el gasto público equivalía a poner 1.500 millones de dólares en manos del sector privado, lo que iba a tener un efecto reactivador y generar al menos 200 mil empleos el año 2000.
Todo ello se demostró completamente equivocado, como es bien sabido y ciertamente aparece contradictorio con la teoría del gasto deficitario en recesión, que ahora el Ministro defiende. Más impresentable aún desde el punto de vista de una sana política de reactivación económica, son las medidas más recientes del Ministro, como reducir en 300 millones de dólares el presupuesto en curso y aumentar simultáneamente el IVA. Ambas son medidas contractivas.
Parece de buen sentido que, como ha sugerido el economista principal de CEPAL, Ricardo Ffrench-Davis, la situación Chilena habría permitido con holgura el haber mantenido un déficit fiscal del orden de 3% del PIB, en lugar del tímido 0.6% de Eyzaguirre, durante los últimos tres años. Respecto del déficit adicional del Banco Central, buena parte, del mismo se puede reducir elevando la meta de inflación y devaluación y financiando así el déficit del BC.
De hecho el déficit del BC se ha reducido fuertemente con la devaluación del peso experimentada en los años recientes, a juzgar por los niveles muy bajos de inflación que se han venido experimentando, incluso con IPC deflacionarios en no pocos meses, y la fuerte apreciación que viene experimentando el peso en las últimas semanas, todo indica que habría bastante margen para una política monetaria más expansiva.
Una elevación sustancial del gasto público, del orden de 2 a 3 puntos porcentuales del PIB, produciría el «shock reactivador» que demanda Ffrench-Davis. Dicha cifra -del orden de 1.5 billones de pesos, equivalente a tres cuartas partes del presupuesto de educación completo- permitiría atender urgentes demandas sociales, tales como universalizar las pensiones asistenciales y subir sustancialmente su nivel actual, que es de aproximadamente 36.307 pesos; subir sustancialmente el subsidio de cesantía, que se mantiene congelado en 17.338 pesos desde 1997; reparar el daño previsional de los EE.PP. y continuar recuperando el deterioro de los sueldos del magisterio, aparte de financiar el Plan Auge y Chile Solidario, tan socorridos cuando de mostrar planes sociales se trata, entre muchas otras demandas urgentes que bien se podrían atender de esta manera.
Aparte de ello, al acelerar la recuperación económica, el mayor gasto público incidiría positivamente, a la larga, sobre los equilibrios fiscales y el mismísimo riesgo país.
Un buen ejemplo al respecto es Corea, cuya política fiscal ha sido fuertemente expansiva y deficitaria durante varios años entre 1998 y el 2002, recuperando el equilibrio sólo el 2003, el gasto público de Corea creció de un 18% del PIB en 1997 a 23% del PIB el 2001, y el déficit alcanzó a 4.2% del PIB durante 1998, el peor año de la crisis. El gasto público de Corea destinado a subsidios de cesantía y programas de empleo, por ejemplo, creció de 1.7% del PIB en 1996 a 6.1% del PIB en 1998, es decir, sólo a ese ítem se destinaron más de 4 puntos adicionales del PIB durante la crisis.
En Chile se dedicaron a programas de empleo del gobierno central apenas 28 millones de dólares el 2002 Ä„menos de lo que costó el avión presidencial! Por cierto, la recuperación económica en Corea fue muchísimo más rápida que en el caso chileno, puesto que luego de caer el PIB un -6.7% en 1998, se recuperó un 10.9% en 1999, y un 9.3% el 2000, y ha continuado creciendo, aunque a tasas menores. Países como Malasia y Tailandia, por su parte, han mantenido déficit fiscal promedio de -4.4% y -2.5%, respectivamente, entre 1997 y 2002.
Parece bastante evidente, entonces, que existe un rango bastante amplio de crecimiento del gasto público que técnicamente se puede sostener con responsabilidad. ¿Por qué entonces el Ministro Eyzaguirre ha optado sistemáticamente por la cota más restrictiva? Se trata de una decisión política, basada no en criterios económicos sino políticos, uno de los cuales ha consistido en dar seguridades de que un Presidente socialista no iba a incurrir en una política populista.
Pero ¿qué sectores son los que demandan estas seguridades? ¿A quiénes se está enviando este costosísimo mensaje? Discrepamos del criterio político del Ministro de Hacienda y del gobierno en esta materia porque, repetimos, no se trata de un asunto técnico. El criterio político de atender con primacía las demandas del sector más conservador del país está saliendo muy caro para todo el país, porque parece claro que retrasar la reactivación a la larga no conviene a nadie.
Todo el país votó por el cambio en la última elección presidencial, tanto los partidarios del actual Presidente como quiénes votaron por la oposición, y la ciudadanía ha respaldado todas las actitudes del Presidente que apuntan hacia un cambio, aunque sean simbólicas en buena parte. Pero no hay cambio ninguno si se sigue dirigiendo la economía de acuerdo a los designios del sector más conservador del país. Y este constituye, a mi juicio, el mayor error de Eyzaguirre, que no es un político como el mismo lo afirma.
Las decisiones políticas relevantes -y el nivel de gasto público es una de las más relevantes de todas- no se pueden resolver en base a criterios tecnocráticos.
(*) El autor es Director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad ARCIS y de CENDA.
