Los chilenos no queremos más hechos consumados ni menos oscuridad jurídica. Ä„Esperamos que el gobierno aclare esta situación! El lavado de imagen internacional no basta; necesitamos la cara limpia en casa.
El pasado 16 de septiembre, la empresa transnacional Endesa-España y el gobierno de Chile firmaron dos memorandos de entendimiento con las familias pehuenches del Alto Bío Bío. Ambos memorandos están restringidos a una enumeración de compensaciones económicas que los pehuenches recibirán por haber consentido, la conclusión del 10% del proyecto Ralco, ya que el otro 90% se concretó a partir de 1997 a hechos consumados, sin contar con todas las permutas de tierras que el proyecto inundaría y amparado en una Resolución de Calificación Ambiental legalmente irregular, que fue anulada en abril pasado por el Sexto Juzgado Civil de Santiago.
Así, la justicia chilena acogió una «nulidad de derecho público» presentada por las hermanas Quintremán, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en febrero pasado, acusara al gobierno de Chile de denegación de justicia, por dilatar durante 5 años la respuesta a la acción legal interpuesta por los pehuenches.
Compensaciones públicas
El primer «memorando de entendimiento», firmado por Berta Quintremán, Mercedes y Rosario Huenteao y Aurelia Marihuan, sus abogados y la empresa Endesa-España, ante el Ministro Francisco Huenchumilla, establece que Endesa España se compromete a pagar 200 millones de pesos y 70 hectáreas a cada una de las 4 mujeres «afectadas directamente» por la central Ralco, más 300 millones de pesos para un programa de desarrollo en los predios de las afectadas y una pensión vitalicia para Fermín Beroiza Huenteao. Esta compensación obliga a las mujeres pehuenches a desistir de las acciones legales y administrativas pendientes.
Este primer memorando, sin embargo, ignora a todos los demás afectados que se han resistido a permutar, pues Endesa-España los considera afectados indirectos y se negó a compensarlos. Esto afecta a 10 familias que también habitan las tierras a ser inundadas. Ante esta situación, el gobierno en el marco de sus deberes frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió cargar sobre los hombros de todos los chilenos la compensación a los «afectados indirectos» lo que constituye un subsidio inaceptable e inconsulto a Endesa-España, una de las más grandes empresas extranjeras del sector eléctrico en América Latina.
Así, el «segundo memorando de entendimiento», firmado solo por el gobierno y los pehuenches, establece la compra del fundo El Porvenir de 1.200 hectáreas para compensar a «los afectados indirectos» de la represa Ralco (monto que calculamos en mil doscientos millones de pesos), asistencia técnica a través de INDAP, subsidios habitacionales para los afectados, otorgamiento de 8 pensiones de gracia y 22 becas de estudio. Todas compensaciones que debió haber asumido Endesa-España.
Es justo que los pehuenches sean compensados por la pérdida de sus tierras, pero no es justo que los chilenos paguen costos que debió haber pagado la empresa que desarrolla el proyecto. Esto nos lleva al segundo aspecto problemático del desenlace de Ralco, la oscuridad jurídica.
Oscuridad jurídica
El proyecto Ralco fue aprobado ilegalmente en 1997, por el gobierno de Chile, a través de una Resolución de Calificación Ambiental emitida por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que dirige el consejo de Ministros bajo la presidencia del Ministro Secretario General de la Presidencia.
A pesar de esta aprobación gubernamental, las 14 familias pehuenches que se negaron a permutar sus tierras y continuaron resistiendo, apoyadas por diversas organizaciones indígenas, ecologistas y de derechos humanos continuaron desarrollando diversas acciones de resistencia. Entre dichas acciones interpusieron una «acción de nulidad de derecho publico» contra la aprobación de la Central Ralco; sin embargo, solo después de 5 años, y luego de una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que en Chile había «denegación de justicia» en el Caso Ralco, el Sexto Juzgado Civil de Santiago, emitió en mayo de 2003, su dictamen declarando nulas la Resolución de la Comisión Nacional de Medio Ambiente que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la Central Ralco, aprobación que además es requisito previo para todas las demás autorizaciones legales del proyecto.
Este fallo confirmó que indígenas y ecologistas «demonizados» por los gobiernos de turno y por el sector empresarial, por su oposición a Ralco, y tachados de «activistas de oscuras causas ideológicas», tenían la razón de acuerdo a la legislación vigente. Su oposición al proyecto, por ende, había sido coherente con la ley y el estado de derecho.
La represa Ralco en el Alto Bío Bío, no sólo se había aprobado con falta de estudios y con irregularidades técnicas en materia ambiental, que no fueron subsanadas por los adendum que contemplaba el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino que también contenía graves violaciones a la legislación indígena, lo que vulneró derechos consagrados en dicha ley que protegían a los pehuenches.
Entre ellos, los artículos 1 y 13 que establecen la protección de los territorios indígenas y obliga al Estado a ser garante de dicho derecho inalienable. El artículo 34 y los siguientes se refieren al requisito del pleno consentimiento de las comunidades sobre cualquier proyecto o plan de desarrollo que se establezca en sus territorios.
Ante esta violación flagrante, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, debió dramáticamente aceptar la renuncia del director de la época y posteriormente la de sus consejeros que no estuvieron dispuestos a encubrir dichas ilegalidades. Desde allí en adelante, la Conadi perdió toda independencia y, obcecadamente, el gobierno continuó tejiendo la vergonzosa historia de ignominias del caso Ralco.
Políticamente este hecho además de la ruptura con los ecologistas, le costó al gobierno una nueva ruptura con el pueblo mapuche, con el cual había iniciado un nuevo vínculo a comienzos de la transición, a partir del acuerdo de Nueva Imperial en 1989 y la promulgación de la Ley Indígena en 1993.
No quiero ahondar en las responsabilidades que le caben a la empresa, incluyendo el periodo Yuraseck y el periodo Endesa-España, sino sólo señalar cómo a través de la presión económica un sector puede manipular la política y las comunicaciones, para borrar cualquier indicio de legitimidad de sus opositores.
Esta situación duele por la inequidad e injusticia: gran parte de los ciudadanos informados de este país saben que legalmente Ralco es una represa construida sobre la base irregularidades, que podría forzarse su construcción pero en términos legales no podría ser llenada salvo que la empresa y gobierno quisieran escandalizar al país con una pelea entre la Ley Indígena y la Ley Eléctrica, lo que nacionalmente le causaría costos políticos insospechados y el descrédito internacional.
A través de las compensaciones establecidas en los memorandos de entendimiento firmado en la Moneda, la empresa se resistió a aumentar el monto de las compensaciones para pagar voluntades y permutas -no libremente deseadas por los indígenas- y asegurar su silencio. El gobierno, por su parte, asumió las compensaciones no asumidas por la empresa, y con dinero público ha logrado responder a las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero con ello no puede pretender encubrir las ilegalidades, cometidas en la aprobación de Ralco.
Los tribunales chilenos aprobaron el recurso de nulidad presentado por las familias pehuenches, lo que fundamenta jurídicamente su lucha de 7 años de resistencia contra la represa Ralco, y evidencia la ilegalidad en que incurrió el Estado de Chile al violar 2 leyes de su Estado de derecho, la ley ambiental N° 19.300 y la ley indígena N° 19.253.
Los memorando de entendimiento sobre compensaciones no son una respuesta a la vulnerabilidad en que se puso a ambas leyes. Si no se revisan y corrigen todas las irregularidades de la aprobación de este proyecto, no quedan claros los precedentes jurídicos sobre la aplicación de la Ley Ambiental y la Ley Indígena. No existe aun claridad jurídica sobre el estatus la central Ralco.
Tenemos claro el escenario de las compensaciones insuficientes de Endesa España a las familias que impacta su proyecto, conocemos el subsidio que significa compensar con dineros públicos externalidades de empresas privadas. Pero aún no conocemos el estado de validez de la aprobación ambiental de la central Ralco, anulada por la justicia y tampoco el estatus legal en que se encuentra la central Ralco, aunque esta a punto de concluirse. Los chilenos no queremos más hechos consumados ni menos oscuridad jurídica. Ä„Esperamos que el gobierno aclare esta situación! El lavado de imagen internacional no basta; necesitamos la cara limpia en casa.
(*) Ex candidata presidencial, directora del Programa Chile Sustentable.
