El proyecto del gobierno de postergar en otros seis meses la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en el Área Metropolitana, argumentando que existe un déficit de diez mil millones de pesos, es por cierto una mala noticia para la ciudadanía y una buena señal para los delincuentes y demuestra una vez más la ineficiencia de los gobiernos concertacionistas al momento de efectuar el gasto público.
Mientras en nuestra V Región la mencionada reforma comenzará a regir en diciembre próximo, es decir en un par de meses, tal como estaba previsto, el año 2001 se había aplazado la entrada en vigencia de esta reforma en Santiago, por lo que el retraso propuesto sería el segundo que sufre esta importante iniciativa.
No hay duda que posponer la reforma procesal penal en el lugar geográfico en el que se cometen más delitos en Chile, como es Santiago, implica un grave error, porque se está entregando una señal de debilidad frente al combate a la delincuencia.
Hay quienes han visto en esta postergación una maniobra política, destinada a utilizar los recursos públicos en otras actividades, cuando se aproximan elecciones municipales.
Es que el argumento del déficit que se ha esgrimido es poco justificable, si se considera, como lo manifestara el propio ex Ministro de Justicia de este mismo gobierno, José Antonio Gómez, que desde el año 2001 se vienen allegando fondos para este objetivo.
Tan solo dos decisiones del gobierno tomadas en el transcurso del presente año, el financiamiento de las campañas electorales y la compra del Hotel Carrera para la Cancillería, representan cada una de ellas gastos por sobre los diez mil millones de pesos que se dice faltan para la implementación de la reforma procesal penal.
Además, los excesivos gastos de los ministerios, servicios y empresas públicas en contratación de asesorías y estudios que las más de las veces representan más bien una ayuda económica para sus partidarios políticos que un trabajo necesario de realizar para el funcionamiento de esas instituciones, constituye la «grasa» que el cuerpo estatal todavía puede adelgazar en pos de fines más trascendentes para el país, como la lucha contra los crecientes índices de delincuencia.
Para estos efectos, ahora que ha comenzado el estudio del Presupuesto de la Nación para el año 2004, redoblaremos nuestros esfuerzos en el Parlamento con el propósito de exigir al gobierno una mayor eficiencia en el gasto de los recursos del Estado.
Octubre es el mes de la seguridad ciudadana, según lo ha declarado la Fundación Paz Ciudadana, siendo por tanto el momento adecuado para que el gobierno entregue señales correctas de lo que debería ser una inquebrantable decisión de lucha contra la delincuencia que campea a lo largo y ancho de todo el país.
_____________
