Hoy anunciará su sentencia el jurado de 8 miembros del tribunal civil de Miami que procesa al ex oficial del Ejército chileno Armando Fernández Larios por el asesinato del economista Winston Cabello Bravo. El veredicto por violaciones a los derechos humanos de la Caravana de la Muerte se espera exactamente 30 años después del 17 de octubre de 1973, fecha de los crímenes de Copiapó.
«El veredicto también coincidirá con el 5° aniversario del arresto de Pinochet en Londres», declaró Sandra Coliver, Directora Ejecutiva del Centro para la Justicia & Responsabilidad, organización de derechos humanos que llevó adelante el juicio. Una declaración de culpabilidad, afirmó Coliver. «Sonará a poesía para la justicia cuando el jurado entregue su veredicto en estos dos aniversarios».
Ocho jurados escucharon a lo largo de 20 días abundantes testimonios sobre el rol de Fernández en la tristemente célebre Caravana de la Muerte, que dos semanas después del golpe militar inició un recorrido en helicóptero de 3.000 km para dar muerte a un centenar de prisioneros políticos a lo largo del país.
Testimonios del juicio
Los testigos presentados por los demandantes confirmaron que Fernández Larios participó en las matanzas de la Caravana en diferentes ciudades, desde Valdivia, en el sur, hasta los alrededores de Calama y Pisagua, en el norte.
Desde el 22 de septiembre los testigos describieron el viaje del helicóptero Puma del Ejército y los pormenores de palizas, «interrogatorios» y torturas a los detenidos de Copiapó, incluido el economista Winston Cabello y 12 otros civiles apresados en esa ciudad por sus ideas políticas.
Los demandantes alegaron que Fernández ayudó y conspiró -a sabiendas- con quienes organizaron la matanza y participó en el asesinato de Cabello. Un ex militar declaró haber visto a Fernández como la primera persona que bajó del helicóptero en la guarnición de Copiapó, premunido de un cuchillo curvo de doble filo, un «corvo», en la jerga castrense.
«Acariciando palomitas»
Un ex compañero del curso militar de Fernández testificó que al preguntarle para qué cargaba una extraña pelota de acero provista de clavos atada a una cadena, el acusado respondió que le serviría para «acariciar palomitas». El testigo entendió que la emplearía para castigar a los presos políticos concentrados en la guarnición de Copiapó.
El testigo, ex compañero de clase del acusado, testificó que Fernández le advirtió, «ominosamente», que «pronto sabría por hallazgos fuera» (del regimiento) para qué estaba en Copiapó la misión militar del helicóptero. Otro detenido sobreviviente testificó cómo Fernández intentó sacarlo de su lecho de enfermo -había sido transferido a un hospital la misma noche de los asesinatos-.
Otro testigo describió haber visto cómo Fernández propino una paliza a un detenido en la guarnición de Copiapó, en presencia de Cabello y de 12 otros detenidos que fueron subidos después a un camión militar para trasladarlos a las afueras de la ciudad a fin de darles muerte.
Un oficial de Copiapó, que vio los cuerpos de las víctimas antes de que fueran enterrados en una tumba común en 1973, describió que Cabello presentaba una cuchillada desde «su oreja a su garganta». Un patólogo forense que examinó los restos de la víctima en la exhumación practicada casi 20 años después del crimen, testificó que la causa de muerte parecieron ser heridas de instrumentos afilados porque tampoco halló restos de pólvora en su vestimenta.
Fernández testificó en defensa de sí mismo para negar cualquier intervención en los hechos. Reconoció que viajó con el helicóptero, pero afirmó que por su baja jerarquía no pudo influir en las matanzas y nada tuvo que ver en ellas. Admitió que portaba un corvo y reconoció que pudo ser la única persona en llegar a Copiapó provisto de esa arma, pero afirmó que sólo era de «uso ornamental».
Participación en el asesinato de Orlando Letelier
Fernández desertó del Ejército y viajó a Estados Unidos en 1987, después de alcanzar un acuerdo con los fiscales federales que lo hallaron culpable de colaborar con la DINA en el asesinato del ex embajador y ex canciller chileno Orlando Letelier y de su secretaria estadounidense Ronni Moffitt.
El doble crimen acaeció en 1976, mediante una bomba instalada en el automóvil en que ambos transitaban por Sheridan Circle, en el centro de Washington. Después de servir una prisión federal de apenas 5 meses, Fernández estableció su residencia en el Condado Dade, Miami.
Importancia simbólica del juicio
La justicia de Estados Unidos se negó entregar a Fernández Larios a la justicia chilena, para que responda por los crímenes de la Caravana de la Muerte, en virtud de la protección otorgada como «testigo» en 1987. También es renuente a atender un pedido similar de la justicia argentina por el asesinato del general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del Ejército, ocurrido en Buenos Aires en septiembre de 1974.
En cierto modo también lo protegen las leyes criminales de EE.UU. que no permiten enjuiciar penalmente por torturas o ejecuciones sumarias acaecidas en el extranjero antes de 1994.
Sin embargo, dos estatutos federales con fuerza de ley permiten compensar pecuniariamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el exterior, siempre que los familiares sobrevivientes de las víctimas residan en EE.UU.
El juicio civil entablado en Miami por la familia Cabello Bravo fue el único camino hallado para reclamar justicia contra Fernández Larios. Los demandantes no han planteado ningún apremio monetario específico. El juicio fue iniciado por el Centro por la Justicia & Responsabilidad (CJA), organización de derechos humanos de San Francisco que se propone acabar con la impunidad de perpetradores de crímenes contra los derechos humanos refugiados en Estados Unidos, entre otros medios, a través de juicios civiles contra los autores que sean descubiertos viviendo en ese país.
Los abogados que encabezan el juicio y trabajan «pro-bono» (sin cobrar honorarios) son Robert Kerrigan, del bufete «Kerrigan, Estess, Rankin & McLeod», de Pensacola, Florida, y Leo Cunningham, miembro de la empresa «Wilson Sonsini Goodrich & Rosati», del Valle Silicón, California.
(*) Periodista, Consejero del CNP, escritor.
