El 7 de Octubre pasado nuevamente la Contraloría General de la República devolvió al Intendente Metropolitano, sin tramitar, la Resolución NÅŸ 14 que establecía la figura de los «Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado» en las tierras agrícolas del territorio regulado por el instrumento normativo (PRMS) vigente desde 1994. El gobierno está tratando de expandir la ciudad, a sabiendas que ello es ambientalmente perjudicial, aunque muy beneficioso para aquellos pocos que se dedican al comercio especulativo del suelo.
Posteriormente, el 15 de Octubre pasado, en una sorprendente pero incuestionable y fundada votación, el Consejo Regional (CORE) Metropolitano rechazó la insistencia del Minvu : 8 objeciones, 8 aprobaciones y 6 abstenciones. Para aprobar dicho proyecto se necesitaba la mayoría absoluta de los 22 votantes y por eso el Intendente, sin tratar de buscar resquicios para invalidar la decisión soberana de los consejeros, declaró pública e inmediatamente el rechazo al mismo. En la sesión se encontraba presente el secretario ejecutivo del CORE, quien tiene calidad de ministro de fe, para los acuerdos tomados por esa instancia colegiada.
Este ministerio deseaba permitir que en las 90.000 hectáreas, situadas fuera de los límites urbanos, se pudieran emplazar núcleos habitacionales a pesar de que el artículo 55ÅŸ de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) lo prohíbe. Para que el lector dimensione el fallido intento de la autoridad, podemos decir que el Área Urbana Metropolitana está conformada por 60.000 hectáreas.
Desde mediados del 2000 el Minvu está tratando de modificar la estructura del PRMS con la idea de aumentar la oferta del recurso suelo urbanizable, sosteniendo que así se reducirá su valor. Esto mismo se hizo en 1979 bajo el gobierno militar y los resultados fueron exactamente contrarios a los esperados por los teóricos de la economía.
La pretensión de la autoridad está apoyada por la Cámara de la Construcción, la que incluso llegó a solicitarle al ente contralor -con sus particulares argumentos- que aprobara la expansión urbana, porque con la inversión ad portas se reducía el desempleo. Por el otro lado, diversos colegios profesionales, tales como el de arquitectos, médico, de geógrafos, de ingenieros agrónomos y grupos ambientalistas se oponen a tal medida por razones un poco más profundas.
En todo caso nosotros entendemos que las eventuales modificaciones deben encuadrarse en las normas que nos hemos dado, y por ello no podemos perder de vista que el Decreto Supremo NÅŸ 20, publicado en el diario oficial del 12 de Abril de 2001, dice -entre otras cosas- que a partir de esa fecha «se promoverá la preservación de las áreas de valor natural y las áreas de interés silvoagropecuario establecidas en los instrumentos de planificación territorial». Y todos conocemos los significados de las palabras «promover» y «preservar».
Este Decreto es parte integrante del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), cuyas 140 medidas han sido cumplidas a medias, a pesar de que sus implementaciones son obligatorias, según el artículo 44ÅŸ de la Ley de Bases del Medio Ambiente.
En síntesis, si esta región disfrutara de una buena calidad del aire y, por lo tanto, no estuviera sometida a este régimen de emergencia (PPDA), el Minvu podría modificar los usos de suelo de los territorios agrícolas a su regalado gusto, tal como está establecido en el artículo 34ÅŸ de la LGUC.
Está demostrado que las fuentes móviles del transporte colectivo y privado son las mayores generadoras de contaminantes y, por ello, tanto el PPDA como el PRMS, especifican que ésta saturada región debe «crecer hacia adentro», es decir, debe densificarse. Santiago cuenta con 8.000 hectáreas baldías, las que disponen de la infraestructura necesaria para edificar sin inconvenientes. También hay que considerar las miles de hectáreas de la provincia de Chacabuco incorporadas al PRMS en 1997. Es decir, podemos seguir construyendo sin problemas, por muchos años más.
Como vemos, finalmente prevaleció el sentido común ciñéndonos al mandato expreso de la legislación ambiental que nos resguarda, con lo cual -sin querer- se potenciará, al desviarse la inversión, el desarrollo del resto de las regiones del país, política descentralizadora que todas las autoridades y gremios empresariales dicen impulsar.
Por lo relatado leímos con incredulidad una información, publicada el sábado 18 de Octubre pasado en un matutino, en orden a que el Intendente y el Seremi de Vivienda habían señalado que «en los próximos días habrá un nueva votación porque lo ocurrido en la semana fue tan solo un empate». Nosotros no quisiéramos creer que estamos ante una maniobra comunicacional para desconocer el rechazo a la expansión urbana por parte del CORE.
Si lo anterior fuera efectivo, constataríamos que algunos actores relevantes están confundidos y por ello han emitido opiniones tan imprudentes, con las cuales lo único que hacen es socavar nuestro Estado de Derecho. Les aconsejamos estudiar el Reglamento de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y no dejarse utilizar, cuales coloridos estafermos.
Sería delicado que se esté montando un esquema que impida el normal funcionamiento de las instituciones. La sociedad civil aconseja detener esta forma de descomposición social.
(*)Patricio Herman P.
Agrupación «Defendamos la Ciudad»
