domingo, 19 de agosto de 2018 Actualizado a las 11:01

Autor Imagen

¿Reconocer los pueblos indígenas?

por 24 octubre, 2003

  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

¿Cómo deben ser tratadas las culturas minoritarias, por ejemplo, la cultura mapuche o la cultura rapa nui? ¿Debemos abogar por su protección, conferirle el derecho a gestionar su vida colectiva y darle recursos adicionales para evitar que naufrague o, en cambio, debemos asegurar, nada más, los derechos individuales de los miembros de esos pueblos, dejando la supervivencia de esa cultura entregada a la interacción social espontánea? ¿Por qué un indígena pobre debiera recibir más recursos que un proletario urbano?



Examinar las respuestas más habituales a esas preguntas podría ayudar a deliberar mejor acerca de este problema acerca del que, en los próximos días -el martes para ser más preciso- se pronunciará la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.



Por una parte es posible sostener que todo lo que los integrantes de los pueblos indígenas necesitan es un mayor disfrute de los bienes de la sociedad moderna. En vez de favorecer que quienes reconocen un origen indígena se pongan al margen de la cultura dominante, hay quienes piensan que la mejor decisión es hacer esfuerzos para que esos individuos, hombres y mujeres, se integren a esa cultura y disfruten de sus bienes. Nada de esto significaría privarlos del derecho a mantener los aspectos más relevantes de su cultura y de su historia. Provistos de derechos individuales y favorecidos por programas de discriminación positiva, los miembros de esos grupos podrían, en ejercicio de su autonomía individual, elegir mantener la cultura a que pertenecen, educar a sus hijos en ella y asegurar así su pervivencia.



Por otra parte hay quienes piensan que el precedente punto de vista reposa sobre ideas equivocadas acerca de la cultura y la sociabilidad humana. Los bienes a que los individuos aspiran -lo que estiman mejor para ellos y sus hijos- no es algo independiente de la cultura y de la interacción con otros. La cultura no dependería, en buenas cuentas, de la autonomía individual, sino de la existencia de una comunidad que la sostenga y la alimente y que, mediante sus diálogos y sus encuentros, nos ofrezca un lugar en ella. Por eso, puede sostenerse, debe otorgarse a las culturas minoritarias un conjunto de derechos colectivos: derechos que sólo pueden ejercerse mediante la voluntad común de los miembros de esos pueblos. El derecho a ser educado en la lengua materna -la que nos abrigó desde la infancia, esa con la que tejemos nuestras ensoñaciones- o es un derecho colectivo que se ejerce mediante programas educacionales y accediendo a la esfera de lo público, o equivale, simplemente, a una broma cruel.



Para quienes mantienen el primer punto de vista, la protección estatal de esas culturas -es decir, la transferencia de recursos públicos con miras a vigorizarla y mantenerla- sería una forma inaceptable de paternalismo, una nueva forma de desprecio que arriesga el peligro de mantener a esos grupos en medio de costumbres arcaicas, costumbres que, a diferencia de la que poseen otros grupos, han probado poseer poca capacidad de adaptación: una cierta inhabilidad para sobrevivir por sí mismas y mantener su identidad en medio de la abigarrada complejidad de la cultura moderna.



Los que, en cambio, abogan por el reconocimiento de derechos colectivos a esos grupos recuerdan que su situación actual no es fruto de la interacción espontánea, del mero ensayo y error con que acostumbramos a veces a concebir la historia. La situación actual de esos grupos sería el revés de la construcción del Estado Nacional: un proyecto de las élites del diecinueve por ampliar la ciudadanía mediante la fuerza y la letra y erigir, por decirlo así, un público leal al Estado. La actual situación de los pueblos indígenas sería el residuo de ese proceso: el saldo violento que quedó después de que el proyecto de Estado Nacional resultó exitoso y llegó a término.



El reconocimiento de derechos colectivos compatibles con la autonomía, no sería, entonces, solamente una forma de subsidiar a esas culturas para que sobrevivan, o una forma de paternalismo inceptable, sino una forma de reparación a la que tendrían derecho. A fin de cuentas, cuando todos reclaman un lugar en la esfera de lo público para sus creencias y sus ritos -la Iglesia Católica, desde luego- ¿por qué no conceder lo mismo a quienes lo reivindican para su cultura?



Walter Benjamin -un pensador de origen judío, brillante y lúcido, que se definió a sí mismo como "un hijo de la burguesía acomodada"- escribió alguna vez que "tras todo documento de civilización se esconde un momento de barbarie". Llamó así la atención acerca del hecho que los bienes de que hoy día gozamos y de los que nos enorgullecemos -la construcción de la Nación, nada menos- tienen, a veces, rastros de violencia y de exclusión. Hacerse cargo de ellos, mediante las armas incruentas de la política democrática, es uno de los desafíos de la modernidad reflexiva, una modernidad que en vez de simplemente hechizarse por sus logros, es capaz, también, de reflexionar sobre sus pérdidas. Es esta, desgraciadamente, una tarea que está, todavía, pendiente en nuestro país.



Decano de la Facultad de Derecho,
Universidad Diego Portales

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV

Plan Individual

Anual:
$89.900
Semestral:
$49.900
Trimestral:
$24.900
Mensual:
$9.900

Plan Empresa

Anual:
$700.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 1.200.000)

Semestral:
$400.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 600.000)

Trimestral:
$200.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 300.000)

Mensual:
$80.000

Hasta 10 usuarios
(valor normal 100.000)