Hoy la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado -en adelante, la Comisión- analizará el último de los temas pendientes en la nueva regulación de la normatividad penal que sancionará el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, esto es: la sanción que se va prescribir para el consumo de drogas. Actualmente la ley 19.366, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes, sanciona el consumo -aunque con una pésima técnica legislativa- como una falta que, en concreto, se reduce al pago de una multa y, en determinados casos, a la realización de algún tratamiento de rehabilitación.
Como indicábamos, hoy martes la Comisión va a decidir si se mantiene esta sanción, si se aumenta o, por el contrario -y según lo propuesto por el senador Prokurica-, si se modifica la sanción a quienes sean consumidores reiterados privándolos de acceder a ciertos beneficios del Estado como, por ejemplo, acceso a crédito fiscal, vivienda básica, entre otros. El senador Prokurica cree, como argumento para justificar esta opción, que en definitiva existe una inconsistencia entre la actitud del Estado en contra de las drogas y el hecho de que al consumidor se le puedan entregar ciertos beneficios estatales.
No creo que existan razones, más allá de las puramente políticas, que justifiquen que en el caso de los consumidores se aumente la sanción penal ni, menos aún, que se les priven de ciertos beneficios sociales. De hecho, todo pareciera indicar que si los legisladores se tomaran el problema de la droga en serio, entonces su respuesta debería ser diametralmente opuesta a la que están evaluando. La droga, específicamente la pasta base, es un problema que hoy afecta especialmente a los grupos marginales, lo que, en la peor de las consecuencias, ha llevado a que quienes cometen delitos lo hagan en un gran porcentaje bajo el efecto de esta nociva sustancia -que aumenta la agresividad y la violencia-. La droga, en su conjunto, es un problema que debiera ser visto más como un conflicto que como una infracción, entendiendo, por ello, que la solución a este problema escapa de las posibilidades del derecho penal, esto es: de la sanción estatal.
La sanción propuesta por Prokurica, además de presentar una violencia injustificable frente a este problema, esconde una mirada que se ha institucionalizado en nuestro sistema político, a saber: una desaparición del Estado social y la irrupción del Estado punitivo, el Estado sancionador. Nuestros políticos creen, amparados en un intuicionismo primitivo, que la mejor solución a los conflictos sociales viene dada por un aumento en la utilización del sistema penal y, por lo mismo, del castigo estatal. Creen, en definitiva, que únicamente aumentando la sanción penal van a poder solucionar aquello que al conjunto de la sociedad le parece reprochable y que, por lo demás, genera la inseguridad social.
La verdad es que nos están mintiendo. El derecho penal sirve de poco y, en estos casos, sirve menos todavía. Las sanciones irracionales, como las que plantea el senador Prokurica, sólo van a aumentar el nivel de marginalidad y de pobreza de los sujetos que están consumiendo drogas, va aumentar la selectividad de quienes son reprimidos por el sistema haciendo más insoportable la brecha de desigualdad de nuestro país -de hecho los consumidores de estrato social alto no van a ser afectados por esta sanción porque, igualmente, no necesitarían de la referida asistencia estatal- aumentando la vulnerabilidad, la marginalidad, y los índices de delincuencia..
Privar a los consumidores de drogas de los beneficios sociales básicos (crédito fiscal, vivienda básica etc.,) asegura, en contra de lo que el senador pareciera pensar, aumentar el desamparo social en que estos sujetos se ven envueltos, aumentar su desarraigo con la sociedad y, eventualmente, condenarlos a terminar encarcelados por delitos más graves y, por lo mismos, más violentos. Desconocer esto es como todo lo que se hace con el derecho penal, querer tapar el sol con un dedo -y, valga señalar, que ni siquiera he criticado el que se establezca una sanción penal por el hecho de que personas adultas desarrollen una conducta privada-.
Quiero plantear lo contrario, quiero sostener que una política adecuada del Estado en el tratamiento de la droga debe ir encaminada a una política de prevención, disuasión y represión coherente, con un modelo de Estado de derecho social. Por lo mismo, cada una de los distintos niveles de conflicto que se van dando en el tema de la droga -consumidores, micro traficantes, traficantes y productores- deben tener una respuesta estatal que, y ésta es la diferencia, tome especial consideración en el tipo de conflicto; nada obliga a que todas ellas tengan una (misma) respuesta punitiva.
En lo que nos interesa ahora, la represión del Estado respecto de quienes consumen drogas, no requiere un aumento ni un «endurecimiento» de las sanciones, sino -por el contrario- hay que intentar ampliar los niveles de respuesta respecto de los otros elementos, a saber: la prevención y la disuasión, en especial en este último. La prevención y en alguna medida la disuasión pasan por aumentar el costo de oportunidad que significa para las personas consumir drogas. En otras palabras, y a diferencia de lo que sucede hoy, la política -o los políticos- debería aumentar las oportunidades sociales respecto de quienes están marginados para que puedan advertir el costo que significa consumir droga y, más aún, decidirse a delinquir. Eso no pasa hoy; en general quienes están marginados del sistema tienden a percibir que el costo entre consumir drogas, delinquir -incluso violentamente- o abstenerse de hacerlo es muy bajo, porque de todas formas difícilmente van a salir de la situación en que están.
Los legisladores, en cambio, lo que hacen es exactamente lo contrario: asumen el tema del costo de oportunidad pero lo trasladan al área de la infracción -de la represión-, asumiendo que aumentando las penas el costo de oportunidad entre consumir (o delinquir) y no hacerlo, va a estar determinado por la pena. Eso es algo que, en algunos casos -los menos- puede ser cierto, pero, con certeza, en el tema de la droga no funciona. Difícilmente alguien que ya es consumidor o traficante (ergo, en la esfera de represión) puede asumir racionalmente el juego del costo de oportunidad y decidir por lo que más lo beneficia. En mucho de esos casos la ausencia de oportunidad, aumentada por la misma adicción, terminan por gatillar conductas violentas que, por cierto, nadie quiere sufrir.
No pretendo sonar como apologista ni menos como adivino, tan solo que racionalmente el tratamiento de las drogas en Chile ha sobredimensionado la utilidad de la respuesta punitiva y, muy a pesar de lo que piensan nuestros legisladores, eso no asegura sino aumento de la drogadicción, aumento de la delincuencia, de la agresividad y, por ende, de la inseguridad. La propuesta del senador Prokurica es un reflejo de esto; pretende hacernos creer que la solución a los conflictos sociales se determina por una respuesta más «dura» del Estado frente al delito. En este caso la propuesta de privar a los consumidores de ciertos beneficios sociales -cuando en la práctica sólo va a afectar a quienes requieran de estos beneficios, a saber, los más desaventajados- sólo asegura una mayor desprotección a quienes son más vulnerables de terminar ingresando a nuestro cada día en aumento mundo carcelario, no sin antes, aumentar los índices de delincuencia y, por lo mismo, de inseguridad ciudadana. Si de verdad los políticos pretenden terminar con el problema de seguridad ciudadana entonces deben -en la medida de lo posible y no al revés- cambiar la respuesta penal por otra que en verdad solucione el problema.
* Universidad Diego Portales
